Por Julia Ainsley - NBC News
El fiscal general, Merrick Garland, revocó este jueves una orden del Gobierno del expresidente Donald Trump que prohibía a los jueces de inmigración cerrar casos y retirarlos de su agenda si los consideraban de baja prioridad.
Busca así reducir la creciente acumulación de expedientes de inmigración retrasados, que ahora supera los 1.3 millones, según datos recopilados por la Universidad de Syracuse.
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Garland argumentó que la capacidad de los jueces de inmigración para cerrar los casos permite "que los abogados del Gobierno pidan que ciertos casos de baja prioridad sean retirados" para "centrarse en casos de mayor prioridad".
Garland ya había anulado otras decisiones migratorias de la Administración Trump, que habían dificultado por ejemplo obtener el asilo a víctimas de la violencia doméstica o de pandillas criminales.
En su orden conocida este jueces, Garland reiteró que el cierre administrativo de un caso no lo desestima definitivamente, sino que lo pone en pausa. En algunas situaciones, un juez puede decantarse por detener un caso mientras el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) revisa la solicitud de visado de un inmigrante, explicó.
Las cortes de inmigración, a diferencia del resto del sistema judicial federal, están bajo la dirección del Departamento de Justicia, y el fiscal general tiene el poder de revocar las decisiones de los jueces de inmigración y sentar precedentes.
Anular la orden de la Administración Trump sobre los cierres administrativos es el tercer uso que hace Garland de lo que se conoce como poder de certificación, un sistema que los fiscales generales del Gobierno de Trump usaron para modificar el sistema migratorio sin nuevas leyes o regulaciones.