Por Michael Kunzelman - The Associated Press
El juez federal James Boasberg debe poner fin a su “intrusiva” investigación por desacato contra el Gobierno del presidente, Donald Trump, por incumplir una orden judicial sobre los vuelos que trasladaron a inmigrantes venezolanos a El Salvador el año pasado, dictaminó el martes un tribunal de apelación con opiniones divididas.
Boasberg, juez principal del tribunal de distrito de Washington D.C., abusó de su discrecionalidad al continuar con el proceso penal por desacato derivado de los vuelos de deportación de marzo de 2025, según la opinión mayoritaria de un tribunal integrado por tres magistrados del Tribunal de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia.
El fallo es el último giro en una saga legal de un año que se convirtió en un punto clave en la campaña de deportaciones a gran escala de Trump. La Casa Blanca ha descrito a Boasberg como un juez parcial que se extralimitó en su autoridad.
El Gobierno tiene un derecho “claro e indiscutible” a que se ponga fin al proceso por desacato, escribió la jueza de circuito Neomi Rao en la opinión mayoritaria del tribunal.
“El error jurídico en el que se basa este proceso por desacato penal demuestra por qué una investigación adicional por parte del tribunal de distrito constituye un abuso de discrecionalidad”, escribió Rao. “El desacato penal solo es aplicable en caso de incumplimiento de una orden clara y específica. (La orden de Boasberg de marzo de 2025) no prohibía al Gobierno de forma clara y específica transferir a los demandantes a custodia salvadoreña”.
Los abogados de los inmigrantes deportados solicitarán al pleno del tribunal de apelación que revise la decisión del panel, según el representante de los demandantes, Lee Gelernt, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU). Gelernt afirmó que la opinión mayoritaria es “un golpe al Estado de derecho”.
“Nuestro sistema se basa en que el Poder Ejecutivo, incluido el presidente, respete las órdenes judiciales. En este caso, ya no hay duda de que la Administración Trump infringió deliberadamente la orden del tribunal”, declaró Gelernt en un comunicado.
Rao fue nombrada por Trump; Boasberg fue designado por el expresidente demócrata Barack Obama.
El 15 de marzo de 2025, Boasberg emitió una orden de restricción provisional que impedía al Gobierno trasladar a un grupo de inmigrantes venezolanos a El Salvador amparándose en una ley del siglo XVIII.
Tras dictar la medida, dos aviones repletos de inmigrantes amparados por la orden de Boasberg despegaron de Estados Unidos hacia El Salvador, donde fueron recluidos en una de las prisiones más violentas del mundo. El Gobierno dijo que la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, fue responsable de la decisión.
Boasberg aseguró que la Administración Trump pudo haber actuado de mala fe al intentar expulsar apresuradamente a los inmigrantes, desafiando su orden y que dio al Gobierno “amplias oportunidades para rectificar o explicar sus acciones”, pero que “ninguna de sus respuestas ha sido satisfactoria”.
El año pasado, el Departamento de Justicia presentó una queja por conducta indebida en la acusaba a Boasberg de realizar comentarios públicos inapropiados sobre Trump y su Administración. El mandatario pidió su destitución y en una reprimenda poco habitual, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, rechazó públicamente las peticiones de destituir al magistrado.
El caso fue asignado a Rao y a los jueces del Tribunal de Apelación Justin Walker y J. Michelle Childs.
Walker, también elegida al cargo por Trump, redactó un dictamen separado en el que coincidía con el de Rao. Childs, designada por el expresidente demócrata Joe Biden, se mostró en desacuerdo con la mayoría.
Childs afirmó que la mayoría del tribunal pisoteó la autoridad de Boasberg “de una forma que no solo afectará a este proceso por desacato, sino que también tendrá repercusiones en futuros procesos contra todos los litigantes”.
“Ahora, cualquier litigante puede alegar, basándose en su interpretación preferida de una resolución judicial, que no cometió desacato incluso antes de que se dicte la sentencia por desacato”, escribió Childs en su voto discrepante de 80 páginas.