El Departamento de Justicia presentó este jueves una demanda ante la corte federal de distrito en Illinois contra ese estado y su gobernador, el demócrata JB Pritzker; contra la ciudad de Chicago, su alcalde, Brandon Johnson, y su superintendente policial, Larry Snelling; y contra otras autoridades locales y del condado de Cook, incluyendo su sheriff, Thomas J. Dark. Les acusa de violar una ley federal al "obstaculizar" el cumplimiento de las normas migratorias por parte del servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) y de otras agencias federales; de discriminar en contra de los oficiales federales migratorios; y de obstruir las competencias del Gobierno federal al negarse a cooperar con ICE desde su condición de administraciones santuario para migrantes indocumentandos.
En su demanda, a la que tuvo acceso NBC News, cadena hermana de Noticias Telemundo, el Departamento de Justicia, que desde ayer lidera la nueva fiscal general, Pam Bondi, exige a la corte que invalide las disposiciones locales y estatales que convierten a esas administraciones en santuario de migrantes, para obligarles a colaborar con ICE y el resto de agencias federales dentro del plan de deportaciones masivas lanzado por el presidente, el republicano Donald Trump, tras su regreso a la Casa Blanca el 20 de enero.
El Departamento de Justicia indicó al diario New York Post que ésta es sólo la primera de muchas más demandas que interpondrá en contra de administraciones santuario de migrantes en todo el país.
En su primer día en el cargo, Bondi anunció el miércoles en un comunicado que había ordenado la retirada de fondos federales del Departamento de Justicia a las administraciones santuario (entre las que, además de Chicago, se cuentan California, Philadelphia y Washington D.C.).
“De conformidad con las leyes, reglamentos, órdenes judiciales y condiciones aplicables, el Departamento de Justicia suspenderá la distribución de todos los fondos hasta que se haya completado una revisión, rescindirá cualquier acuerdo que infrinja la ley o sea fuente de despilfarro, fraude o abuso, e iniciará procedimientos de recuperación o restitución, cuando proceda”, indicó el documento.
Las administraciones santuario se niegan a alertar a las autoridades migratorias cuando encuentran o detienen a indocumentados que, cuando terminan de cumplir su condena en prisiones estatales o cárceles locales, son liberados en vez de entregados a ICE.
Para presionar a las fuerzas del orden locales a cooperar, Bondi puede cortar a esas administraciones santuario el acceso a las subvenciones conocidas como el programa Byrne JAG, la principal fuente de financiación de la justicia federal para las jurisdicciones estatales y locales.
Históricamente, el Departamento de Justicia ha concedido más de 250 millones de dólares anuales a las fuerzas del orden estatales y locales a través de ese programa. El proceso es competitivo, y las organizaciones encargadas de hacer cumplir la ley han utilizado los fondos para cubrir gastos de la policía, los centros de rehabilitación de drogas y los programas correccionales.
Durante el primer mandato de Trump, varios estados, entre ellos Nueva York, demandaron a su Gobierno después de que cortara las subvenciones Byrne JAG a las ciudades santuario. Luego de que un tribunal de apelaciones diera la razón a la Administración, los estados controlados por demócratas apelaron a la Corte Suprema.
Antes de que la Corte Suprema dictaminara, el demócrata Joe Biden ganó la elección de 2020, asumió el cargo y restauró el programa. El equipo de Trump confiaba sin embargo en que, si ahora el caso llega a la Corte Suprema, la mayoría conservadora de magistrados les daría la razón.