Por Alicia Victoria Lozano - NBC News
LOS ÁNGELES — La ciudad de Los Ángeles ha acordado gastar hasta 3,000 millones de dólares en los próximos cinco años para alojar a parte de los 41,000 residentes sin hogar, según una propuesta de acuerdo anunciada el viernes.
La ciudad también ha acordado crear suficientes refugios para alojar al 60% de las personas sin hogar en cada uno de los 15 distritos del Ayuntamiento. Las personas si hogar de manera permanente o que padecen una enfermedad crónica seguirían siendo responsabilidad del condado.
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El acuerdo tiene su origen en una denuncia presentada en 2020 por un grupo de empresarios, residentes y líderes comunitarios que acusaban a los funcionarios de la ciudad y del condado de no haber abordado las desesperadas circunstancias a las que se enfrentan las personas sin hogar, como el hambre, la delincuencia, la miseria y la pandemia de coronavirus.
El litigio entre el condado y el grupo, L.A. Alliance for Human Rights, sigue en curso.
Según el acuerdo, que debe ser aprobado por el consejo, la ciudad gastaría entre 2,400 y 3,000 millones de dólares en los próximos cinco años para proporcionar entre 14,000 y 16,000 camas.
“Tenemos familias que viven en tiendas de campaña, mujeres que huyen de la violencia machista que duermen en los parques, personas que sufren enfermedades mentales que caminan solas por nuestras calles durante la noche”, recordó la presidenta del Consejo Municipal, Nury Martínez, en un comunicado.
Añadió que el condado debe hacer su parte proporcionando atención de salud mental, tratamiento contra el abuso de sustancias y camas de rehabilitación para pacientes externos.
El año pasado, el juez de distrito David Carter ordenó a la ciudad y al condado de Los Ángeles que encontraran un refugio para todos los residentes sin hogar en Skid Row en un plazo de 180 días y que auditaran su gasto en servicios para personas sin hogar.
En una ardiente orden de 110 páginas, Carter criticó la incapacidad de los funcionarios para frenar el crecimiento sin precedentes de las personas sin hogar, que ha llevado a que los campamentos se extiendan a casi todos los barrios de la región.
“Toda la retórica, las promesas, los planes y los presupuestos no pueden ocultar la vergonzosa realidad de esta crisis: que año tras año, hay más angelinos sin hogar, y año tras año, más angelinos sin hogar mueren en las calles”, escribió al conceder una orden judicial preliminar solicitada por los demandantes.
Los líderes de la ciudad han dicho que el impulso para resolver la crisis de las personas sin hogar de la región recae en el condado, mientras que los abogados que representan al condado han dicho repetidamente que la demanda no tiene “ningún fundamento”.
“El condado está cumpliendo con creces su trabajo y haciendo todo lo posible para abordar el problema de las personas sin hogar sin estigmatizarlas como si estuvieran cometiendo un delito”, opinó Skip Miller, abogado externo del condado de Los Ángeles, en un comunicado enviado por correo electrónico. “Cualquier afirmación de que el Condado ha fallado en esta obligación es totalmente infundada”, agregó.
La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles adoptó un tono más suave tras el anuncio del viernes, alegando en un comunicado que “el condado seguirá utilizando sus recursos para apoyar a las personas sin hogar dentro del área de Los Ángeles, que es objeto de esta demanda".
Las idas y venidas entre los funcionarios del condado y de la ciudad se han convertido en el emblema de una crisis que sigue afectando a las mayores ciudades de California. El estado invierte miles de millones de dólares en aliviar la falta de vivienda, mientras que los expertos advierten que miles de personas que viven en la calle podrían morir antes de que se encuentren suficientes viviendas.
En respuesta a la propuesta de acuerdo, el concejal de Los Ángeles Kevin de León dijo que la ciudad se quedaba con “dos opciones” mientras el condado seguía luchando contra la demanda.
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“Cuando quedó claro que nuestros socios del condado no estaban interesados en colaborar, nos quedaban dos opciones: podíamos montar el carrusel de litigios mientras la gente vivía y moría en nuestras calles o abrir nuestra propia vía para ayudar al mayor número de personas posible”, dijo.
“Decidimos abrir camino porque nuestro trabajo como líderes municipales no es jugar a la política de club de campo con nadie”, añadió.