Erick Razo Casales dice que aprendió a ser paciente durante las incontables horas que pasó encerrado en una celda mexicana. A pesar de ser inocente sufrió múltiples abusos físicos y psicológicos cuando fue detenido en 2011. Estuvo 11 años encarcelado con la condición de prisión preventiva oficiosa, es decir, sin llegar a ser juzgado, pero acusado de secuestro y delincuencia organizada.
"Como no les decía nada, me golpearon y me comenzaron a torturar", dice Razo, quien finalmente salió en libertad en la madrugada del pasado 28 de mayo. "Fueron 26 horas de tortura (...) no me dejaron dormir las 26 horas", asevera con tristeza en una entrevista con Noticias Telemundo.
Aunque se siente alegre por estar libre, su rostro se ensombrece con amargura cuando recuerda que Verónica, su única hermana, sigue encarcelada desde 2011 y fue condenada a 25 años de cárcel por los mismos delitos, a pesar de que dice ser inocente. “Queremos que se haga justicia. Queremos que mi hermana salga lo más pronto posible, ya son muchos años de que lleva presa. Estamos haciendo todo lo humanamente posible para sacarla de ahí”, dice con vehemencia.
El 8 de junio de 2011, los hermanos Razo Casales fueron detenidos arbitrariamente por oficiales de la Policía Federal, un organismo que ya no existe, en Ciudad de México. Erick fue detenido al mediodía en una gasolinera de la delegación Iztacalco, mientras que Verónica fue interceptada cerca de su domicilio por siete hombres vestidos de civil que portaban armas largas, quienes la encañonaron, la esposaron y la montaron de manera violenta a un automóvil sin placas oficiales.
Pudimos corroborar que la policía y la fiscalía, unos toleraron y otros realizaron actos de tortura"
José Luis Espejel Defensoría Pública
"Una de las irregularidades más graves de este caso fue que pudimos corroborar que la policía y la fiscalía, unos toleraron y otros realizaron actos de tortura. Es difícil, es una realidad todavía muy lacerante para nuestro país saber que los agentes de la ley, o quienes se encargan del cumplimiento de ella, incurren en delitos. Es decir, levantan personas o desaparecen personas para torturarlas y producir pruebas", afirma el abogado José Luis Espejel, subdirector de la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos del Instituto Federal de Defensoría Pública.
Según consta en documentos oficiales, Razo Casales fue golpeado de manera intensa durante su detención y, entre otras cosas, recibió descargas eléctricas en los genitales y otras partes del cuerpo. Años después, todavía sufre las consecuencias de la tortura con dolores intensos en las rodillas, además de pérdida de visión en su ojo izquierdo, y la audición en uno de sus oídos.
"No puedes preguntar nada en ese momento, más que contestar lo que te preguntan. Éramos varias personas, que estábamos ahí siendo torturadas (...) Después de todo ese tiempo nos llevaron a lo que era la Siedo y ahí, en el Ministerio Público, nos obligan a mi hermana y a mí, y a otras personas, a firmar hojas en blanco también bajo amenazas y tortura", afirma Razo Casales.
Según información oficial, en el trayecto hacia la estación policial, los agentes se detuvieron en una locación desconocida donde desnudaron y golpearon a Verónica Razo Casales. Además trataron de asfixiarla, le aplicaron descargas eléctricas y abusaron sexualmente de ella.
"Mi vida fue destruida, fue truncada, fue pausada y aquí me enterraron en vida (...) hay muchas en la misma situación que yo. Falta mucha defensa, mucho compromiso del poder judicial. Hay muchas que están siendo sentenciadas por muchísimos años y que también les han destruido la vida y siguen aquí y no tienen para cuando salir", afirma Verónica, entre sollozos, en una nota de voz enviada por sus abogados desde el centro penitenciario en Morelos, donde está recluida.
Un aspecto escalofriante de este caso de tortura es que, una vez confinados en la estación policial, ambos hermanos estuvieron recluidos en espacios cercanos por lo que podían escuchar cómo eran torturados, mientras los amenazaban diciéndoles que iban a matarlos si no se incriminaban.
"El Estado mexicano debe hacer las investigaciones pertinentes para que se verifique que todas las personas que están detenidas son culpables. Desafortunadamente en el anterior Gobierno sucedían cosas horribles cuando nos detenían, como lo que me sucedió a mí y a muchas que están aquí pero que les da miedo hablar, les da miedo decir lo que pasó. Ya no sabemos si es miedo o si es vergüenza, ya no sabemos qué pensar o qué sentir", asevera Verónica, con la voz quebrada.
En su informe del año pasado, el Instituto Federal de Defensoría Pública afirma tener un registro de 7,779 posibles casos de tortura o malos tratos. Solo entre septiembre de 2019 y mayo de 2021 esa instancia presentó 2,271 denuncias por actos de tortura y abusos.
"El Estado mexicano tiene una deuda sobre todo con procesos de juicios muy tardados, tenemos que trabajar para implementar líneas de acción y lograr una reparación del daño (...) nuestra mejor retribución es reunificar familias, rehacer historias y que haya un futuro brillante para ellos", afirma el abogado Espejel.
En 2016, una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México a más de 64,000 personas que estaban encarceladas en 370 recintos penitenciarios de todo el país, mostró que el 57.8% de la población penitenciaria reportó haber sufrido algún tipo de violencia física al ser arrestado.
De esas personas, el 59% informó haber recibido puñetazos, golpes o patadas; el 36% reportó que fueron estranguladas, sumergidas en agua o asfixiadas, el 28% manifestaron haber sido amenazadas con la posibilidad de que le hicieran daño a sus familiares y el 19% indicó haber sido sometidas a descargas eléctricas.
Aunque Erick Razo Casales se enfermó dos veces de COVID, mientras estuvo preso injustamente, no duda al decir que el daño psicológico es uno de los aspectos que más le preocupa.
"Estoy tomando terapia por parte de la Comisión de Atención a Víctimas, pero todavía tengo secuelas de la tortura, tengo ansiedad, depresión mayor y trastorno del sueño (...) Son episodios de ansiedad, me comienzo a desesperar, a transpirar, son varios síntomas que de repente atraviesan mi mente y mi cuerpo", explica.
Su hermana también sufre las secuelas de los abusos que sufrió. Durante sus 11 años de reclusión, Verónica ha padecido enfermedades del corazón, problemas en la piel e hipotiroidismo, entre otras dolencias.
"No se dan cuenta ni tantito de cómo nos destruye, nos destruyen porque nos entierran en vida sin una esperanza de que suceda algo bueno (...) al igual que yo muchas están a la espera de que suceda un milagro y las instituciones se den cuenta de que estamos vivas y que no estamos muertas como quieren aparentar", asevera con desaliento.
"Los casos van en aumento"
Cada 26 de junio se celebra el Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura porque, en esa fecha del año 1987, entró en vigencia la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, un instrumento que ha sido ratificado por 162 países del mundo.
Sin embargo, en marzo del año pasado, el actual relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Nils Melzer, dijo en un informe que, ante las denuncias de estos abusos, la mayoría de los Estados no acatan las recomendaciones de la ONU o se muestran a la defensiva.
"A lo largo de los años, nueve de cada 10 denuncias de tortura y malos tratos remitidas oficialmente a los Gobiernos de todas las regiones del mundo fueron completamente ignoradas o no se obtuvo una respuesta que permitiera prevenir, investigar o reparar eficazmente la violación en cuestión", aseveró Melzer.
También detalló que, con base en unas 500 comunicaciones oficiales enviadas a los Estados entre 2016 y 2020, "el 90% de las respuestas no cumplieron sistemáticamente las normas de cooperación" que exige el Consejo de Derechos Humanos.
Garantizan la impunidad de los torturadores y privan a las víctimas de la reparación"
Nils Melzer relator especial onu
"El punto en común de todas estas pautas es que garantizan la impunidad de los torturadores y privan a las víctimas de la reparación y la compensación", denunció.
La historia de los hermanos Razo es una muestra de la escasa influencia que la ONU tiene en muchos países que firmaron la Convención contra la Tortura. En 2021, su caso fue analizado por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria que determinó que su detención fue arbitraria y violatoria de normas de derecho internacional por lo que dictaminó que ambos deberían ser liberados. Sin embargo, pasaron meses hasta que Erick logró salir de la cárcel y Verónica sigue encarcelada.
Diversos expertos y víctimas coinciden en que la tortura es un fenómeno común en México, a pesar de los esfuerzos del Gobierno actual y las diversas reformas judiciales que se han producido en los últimos años.
En 2014, Juan E. Méndez era el relator especial sobre la tortura y visitó el país convirtiéndose en el primer funcionario internacional en admitir que "la tortura es generalizada en México. Ocurre especialmente desde la detención y hasta la puesta a disposición de la justicia, y con fines de castigo e investigación".
"A lo largo de todos estos años de historia de la tortura en México, el común denominador es la impunidad de esas prácticas en el país porque quienes torturan tienen la garantía de que, en el marco de los procesos penales, la tortura tiene algún tipo de cabida porque no está completamente protegida la persona de ser torturada", explica el académico José Antonio Guevara, expresidente y miembro del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.
Noticias Telemundo le solicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que rastreara las quejas que ha recibido en los últimos cinco años, lo que totalizó un número de solo 155 expedientes por actos de tortura. Sin embargo, activistas y organizaciones no gubernamentales afirman que la cifra es mucho mayor.
"No vemos que hayan disminuido las torturas, por el contrario, los casos van en aumento. Sigue existiendo un problema de falta de credibilidad en las instituciones que mandan un mensaje de impunidad y es por eso que muchos de los casos, ni siquiera son denunciados", afirma Verónica Vázquez Mata, abogada en el Área de Defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
La comisión es una organización civil independiente que aboga por las víctimas de violaciones a derechos humanos y, según sus datos más recientes recabados por los reportes de 23 de las 32 Comisiones Estatales de Derechos Humanos del país, el total de quejas interpuestas por "tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes" desde enero de 2006 a noviembre de 2021 alcanzó la cifra de 27,486, un número que ya se equipara con el de algunas de las más cruentas dictaduras represivas del continente como es el caso del régimen militar del general Augusto Pinochet en Chile.
Sin embargo, se calcula que la cantidad de casos de tortura y abusos podría ser mucho mayor porque, según diversas investigaciones académicas recientes, la cifra negra, es decir, los delitos que no se denuncian en el país, ascendió al 93.3% y del diminuto porcentaje que sí se presenta ante las autoridades casi el 95% queda impune.
En 2015, un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos especificaba que de los miles de denuncias de torturas realizadas en México desde 1991 solo 15 habían concluido con sentencias condenatorias a nivel federal.
"Seguimos con un tema de no denunciar estos actos por la revictimización que las personas vuelven a sufrir cuando intentan presentar su denuncia y todo lo que enfrentan (...) las víctimas también sufren represalias cuando alzan la voz y denuncian estas actos de tortura lo que manda un mensaje de que mejor no denunciemos y dejemos que las cosas sigan así", asevera Vázquez Mata.
Represión y abusos contra las personas migrantes
José Miguel Rodríguez sonríe cuando recuerda los paisajes montañosos y los abundantes manantiales de Sonsonate, la provincia salvadoreña donde nació. Dice que extraña la comida, sus amigos y su familia, pero no puede sumirse en la nostalgia: El Salvador se convirtió en un territorio prohibido para él "porque está muerto".
El año pasado, luego de sufrir abusos durante años por formar parte de la comunidad LGBTQ+ y el cobro de derecho de piso, tuvo que huir de sus montañas natales porque las pandillas querían que se hiciera amigo de los miembros de una organización rival para que los delatara. Al negarse fue amenazado de muerte y, en una madrugada, salió corriendo de su casa por los cafetales agrestes de su región y no paró hasta llegar a la frontera con Guatemala.
"Más tarde, los pandilleros llegaron a mi casa y dispararon muchísimo, todo quedó destruido y lleno de agujeros. No quedó nada", dice Rodríguez, quien pidió que no se usará su verdadero nombre por temor a las represalias.
Con tristeza recuerda que cuando finalmente recibió el apoyo de una organización de ayuda, lo primero que hizo fue pedir que lo comunicaran con su mamá.
"Pero me dijeron que había que prepararla porque, para ella, yo estaba muerto. A los 15 días que me fui, encontraron un cuerpo quemado y en estado de descomposición. Y el médico se dejó llevar por el historial dental y pues me declararon muerto. En ese momento perdí mi vida y todas las cosas que se pueden tener. Y mi familia, pues tuve que alejarme de ellos", explica entre lágrimas.
A fines del año pasado, Rodríguez llegó a México y se quedó en un albergue estatal de personas migrantes en Tapachula, Chiapas, pero afirma que esa estancia fue una pesadilla.
"Los hombres me amenazaban con violarme todo el tiempo, los funcionarios no me hacían caso pero yo tenía mucho miedo. Luego me pusieron con las mujeres y, parece mentira, pero fue muy malo porque ellas también me acosaban, me tocaban, no me dejaban en paz. Caí en una depresión fuerte y me escapé al centro de la ciudad, pero ahí me robaron y luego intentaron violarme", explica con dolor en la voz.
Según cálculos oficiales, hasta noviembre de 2021 las autoridades recluyeron a 252,526 personas en centros de detención de inmigrantes que no cumplían con las medidas higiénicas necesarias por la pandemia. Además, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados recibió 131,448 solicitudes de asilo el año pasado, la cifra más alta que se ha registrado en el país.
Human Rights First, una organización de defensa de los derechos humanos con sede en Washington, registró en 2021 al menos 7,600 ataques violentos —que incluyen torturas, violaciones sexuales, secuestros, extorsiones, trata de personas y otras agresiones— contra migrantes que fueron deportados a México o personas a las que se les impidió solicitar asilo en la frontera.
"La población migrante es particularmente vulnerable, en especial las personas indocumentadas que atraviesan el país y que pueden ser víctimas de tortura, tanto por parte de agentes del Estado como también por agentes al margen de la legalidad. Como no tienen documentos es menos probable que denuncien las prácticas de tortura, además no se acercan a las instituciones del Estado porque tienen miedo a las represalias", advierte Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México (AI).
Aunque en agosto de 2021, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para poner en libertad a las personas en prisión preventiva prolongada que fueran de edad avanzada o víctimas de tortura, AI detalló en su informe anual del año pasado que el decreto no incorpora las recomendaciones de las organizaciones de la sociedad civil y "limitó la posibilidad de demostrar que se había sufrido tortura a los exámenes médicos basados en el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (conocido como Protocolo de Estambul)".
"Varias organizaciones de la sociedad civil señalamos que, en el caso de que las personas no pudieran acreditar la tortura a través del Protocolo de Estambul quedaban excluidas del beneficio de la amnistía y esto está limitando el acceso real a poder acreditar torturas, lo cual es grave", afirma Olivares Ferreto y agrega que hay muy pocas instituciones con el personal entrenado para cumplir las pautas del protocolo, lo que afecta los procesos legales de las víctimas.
No puedo regresar a El Salvador que es el infierno. Además, allá estoy muerto"
José Miguel Rodríguez migrante salvadoreño
En el caso de Rodríguez, su única esperanza de estabilidad es quedarse en México donde está siendo atendido por el equipo de Médicos Sin Fronteras para tratar las secuelas de los abusos que ha sufrido. "Acá me dan mis tratamientos y estoy más estable, porque no puedo regresar a El Salvador que es el infierno. Además, allá estoy muerto", asevera en tono triste.
"Nosotros nos centramos en las víctimas de violencia extrema. Se trata de una violencia organizada con sevicia y con mayor crueldad, donde se pone en riesgo la vida y la dignidad de las personas", explica Néstor Rubiano Soto, coordinador del Centro de Atención Integral de Médicos sin Fronteras (MSF) en Ciudad de México.
En esas instalaciones, donde Rodríguez recibe tratamiento, el equipo de MSF atiende a unos 70 pacientes anuales en promedio. Aunque pudiera parecer una cifra pequeña, en comparación con los 400,000 migrantes irregulares que la Organización Internacional de Migraciones calcula que cruzan por México cada año, Rubiano resalta las terribles condiciones que esas personas han experimentado.
"Es gente que simplemente lucha por sobrevivir y que va con un mar de dolor y sin esperanza, a tumbos, mientras tratan de buscar una mejor oportunidad y acá los ayudamos", asevera.
A fines de junio, Rodríguez pintaba atentamente una máscara sobre un mesón en la sede de MSF. Con un pincel detallaba cada relieve, concentrando su mirada con devoción.
"Esta mitad va a ser triste y esta será alegre. Así fue cuando comencé todo lo que he vivido y esto es lo que he ido superando", dijo mientras sonreía.
"Nunca me habían amenazado de muerte"
María García dice que le encanta cocinar, frente a los fogones se conecta consigo misma, mientras paladea sabores y respira los aromas de los alimentos. Además, es profesora en una escuela de Cancún donde enseña talleres de gastronomía para los jóvenes. "Todos deberíamos aprender a cocinar, por lo menos para nosotros mismos, porque es un acto de amor infinito", dice con vehemencia.
Aunque es una mujer independiente, y mantiene intacta su curiosidad por aprender cosas nuevas, afirma que nada la había preparado para lo que vivió el el 9 de noviembre de 2020 cuando las organizaciones feministas y la sociedad civil de Cancún, Quintana Roo, se movilizaron para exigir justicia por el feminicidio de Bianca Alejandrina, una joven de 20 años conocida como Alexis.
"El caso de Alexis, que trabajaba en mi escuela, despertó mi empatía por la lucha contra las injusticias. Las consignas me hacían un clic en el cerebro y en el corazón porque no podemos permitir ni una asesinada más. Yo estaba indignada y por eso salí a protestar al Palacio Municipal", dice con emoción.
En medio de la protesta, la intensa represión de los oficiales de policía que empezaron a disparar contra los manifestantes dejó un saldo de varias personas heridas, dos con heridas de bala y denuncias de torturas como fue el caso de García.
"Estaba asustada en el suelo y la policía gritaba y nos vejaba, nunca me habían amenazado de muerte como pasó ese día. De repente, un oficial me pegó muy duro con un palo en la espalda, luego me puso una bota en la cara para que me callara. Después me levantó y me dio un puñetazo muy duro en el ojo y me arrastró hasta la parte de atrás del Palacio Municipal, como empecé a gritar me pegó en las costillas y eso me sacó el aire. Todo estaba en penumbras y ahí me empezó a tocar", explica García con terror.
El caso de García y muchos otros fueron registrados en México: La era de las mujeres. Estigma y violencia contra mujeres que protestan, un informe de Amnistía Internacional que analiza diversas violaciones a los derechos humanos en varias protestas contra la violencia de género ocurridas en cinco entidades mexicanas durante 2020.
“¿Cuál es el aprendizaje que pueden tener los agentes del Estado que cometen torturas si no les pasa nada? Porque nadie investiga, porque no se sanciona y porque no hay mecanismos. Se tienen que generar condiciones para poder indagar dónde y quiénes cometen las torturas, el Gobierno debe reconocer que eso sucede para poder diseñar medidas con el fin de que esa práctica se erradique”, asevera Olivares Ferreto, de Amnistía Internacional.
¿Cuál es el aprendizaje que pueden tener los agentes del Estado que cometen torturas si no les pasa nada? Porque nadie investiga"
Edith Olivares Ferreto, directora Amnistía Internacional México
Guanajuato, Sinaloa, Quintana Roo, el Estado de México y la Ciudad de México fueron los escenarios analizados en el informe que denuncia que las mujeres que protestaban de manera pacífica vieron cómo los cuerpos de seguridad violaban sus derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica con el uso innecesario y excesivo de la fuerza, además sufrieron detenciones arbitrarias e incluso episodios de violencia y abusos sexuales.
"Ahora sufro de ansiedad, depresión, tengo ataques de pánico y estrés postraumático. Es bastante duro porque eso me destruyó, me dejó mal en todo sentido", concluye García, quien hace una semanas fue sometida al Protocolo de Estambul, pero aún espera por justicia.
Muchas mujeres que, como García, han sobrevivido a estos episodios de tortura afirman que la violencia imperante en el país es un factor que dificulta sus procesos de sanación. Solo en 2021, México registró 1,004 casos de feminicidios y, para 2020, la cifra se ubicó en 978 feminicidios.
García dice que, en su cabeza, todavía escucha cuando los policías le gritaban: "¿Querías desmadre? Pues ya valiste madres, perra".
"Ya no confías en nadie. Yo no confío en ningún funcionario, en ninguno. Me han dado la espalda todos. Me han cerrado las puertas o me han golpeado directamente", dice con resignación.
"Hay muchos juicios viciados"
Erick Razo Casales esboza una sonrisa cuando recuerda que tuvo que esperar más de una década para volver a comer pollo rostizado, un antojo que nunca pudo satisfacer en la cárcel.
"Parece una tontería pero allá la comida no era buena, y yo suspiraba por comer pollo. Fueron 11 años de mi vida tirados a la basura, por eso creo que el Estado mexicano debería reparar el daño que me hizo", dice con vehemencia.
Mientras afirma que el equipo legal de la defensoría lo está asesorando para una posible demanda contra el Estado mexicano, dice que cuenta los días para que su hermana sea liberada. En sueños ya la ha abrazado y espera poder ayudarla a recuperar todo el tiempo perdido. Una de sus aspiraciones es estudiar Derecho para ayudar a las personas que, como él, han sido encarceladas injustamente.
"Un 70, 80% de la población penitenciaria está en la misma situación. La mayoría tiene procesos de más de 7, 8 años sin sentencia y vienen con violaciones graves a sus derechos humanos (...) Yo le diría a las autoridades que revisen los procesos. Hay muchos juicios viciados con fabricación de delitos y personas torturadas que están presas. Hay mucha injusticia en las cárceles de México", asevera.
Verónica Razo solloza cuando recuerda el día en que se enteró de la liberación de su hermano. Sintió mucha alegría, pero también una profunda tristeza al ver que sigue recluida por un delito que no cometió.
"Ojalá y el Estado mexicano haga algo realmente contundente y algo real, no solo por nosotras. También hay hombres en otros penales que no tienen absolutamente nada que ver en ciertas situaciones delictivas y estamos pagando por otras personas, mientras los verdaderos delincuentes están afuera porque ellos sí tienen dinero, si tienen para pagar y sobornar", dice con tristeza desde el penal de Morelos.
Si usted tiene información sobre casos de abusos o torturas en México o Centroamérica puede escribir a albinson.linares@nbcuni.com.
