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"Me violaron, me golpearon y sentí que me desaparecía": en México las mujeres sufren abusos de derechos humanos cuando salen a protestar

Un nuevo informe de Amnistía Internacional denuncia que los cuerpos de seguridad mexicanos violaron los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica de las manifestantes con el uso innecesario y excesivo de la fuerza, además sufrieron detenciones arbitrarias e incluso episodios de violencia y abusos sexuales.
/ Source: Telemundo

Era como estar en una batalla. La gente corría por todos lados, en desbandada, mientras se escuchaban los disparos. Ella también corrió para salvar su vida, mientras se preguntaba cómo una manifestación por sus derechos terminó siendo otra agresión.

De repente, escuchó unos gritos cerca y, al voltear, observó cómo unos policías golpeaban a unas adolescentes. Como pudo, mientras la multitud se arremolinaba buscando una salida, corrió y los insultó hasta que dejaron en paz a las jóvenes que huyeron despavoridas.

Entonces, los policías centraron su atención en ella y comenzaron a golpearla. Luego la trasladaron al Palacio Municipal, sede del ayuntamiento de la ciudad, junto a otras manifestantes.

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"A mí me mantienen separada un momento. Me terminan de golpear y me mandan con las otras chicas. Ya cuando las veo es una escena horrible porque están todas esposadas, tiradas en el suelo, en un rincón. Me llevan con ellas y fue cuando una mujer policía abusó sexualmente de mí", explica Naomi Quetzaly Rojas Domínguez, activista de 22 años que participó en una manifestación en Cancún, Quintana Roo, el 9 de noviembre de 2020. 

Ese día, las organizaciones feministas y la sociedad civil se movilizaron para exigir justicia por el feminicidio de Bianca Alejandrina, una joven de 20 años conocida como Alexis. Adentro de las instalaciones oficiales, Quetzaly intentó defenderse pero la inmovilizaron para esposarla, y la mujer policía la golpeó en la cara, le jaló el cabello y le rasguñó el cuello, mientras se burlaba de ella. Cuando comenzaron a trasladarlas, sin decirles adónde, un escalofrío se apoderó de la activista.

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“En ese momento no sabes el miedo con el que estábamos. Porque una como mujer sale con el miedo de que te vayan a violar, de que te vayan a matar. Cuando me metieron al palacio viví todos mis miedos. Ahí me violaron, me golpearon y sentí que me desaparecía”, comenta con terror, meses después.

El caso de Quetzaly y muchos otros son registrados en México: La era de las mujeres. Estigma y violencia contra mujeres que protestan, el más reciente informe de Amnistía Internacional que analiza diversas violaciones a los derechos humanos en varias protestas contra la violencia de género ocurridas en cinco entidades mexicanas durante 2020.

Guanajuato, Sinaloa, Quintana Roo, el Estado de México y la Ciudad de México fueron los escenarios analizados en el informe que denuncia que las mujeres que protestaban de manera pacífica vieron cómo los cuerpos de seguridad violaban sus derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica con el uso innecesario y excesivo de la fuerza, además sufrieron detenciones arbitrarias e incluso episodios de violencia y abusos sexuales.

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“Lo que hemos constatado es que quienes salen a marchar exigen justicia para casos de mujeres que han sido gravemente violentadas, ya sea por autoridades o en el ámbito privado por sus propias parejas. Y estas mujeres no encuentran ni justicia, ni verdad, ni reparación cuando acuden a las autoridades”, asevera Tania Reneaum Panszi, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.

El informe revela que la convocatoria y realización de las protestas contra la violencia de género se ha incrementado desde 2015 a 2020. En ese periodo, el número de carpetas de investigación por feminicidio han aumentado cada año: de 411 en 2015 a 860 en 2020.

Sin embargo, organizaciones como ONU Mujeres han advertido que esas cifras tienen un problema de fondo. Por ejemplo, en 2019 se registraron en México 971 presuntas víctimas de feminicidio y 2,862 presuntas víctimas de homicidios dolosos de mujeres, es decir, solamente en 25.3% de los casos de asesinatos se abrió una carpeta de investigación considerando las razones de género como los feminicidios.

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El sistema no está preparado para investigar y procesar los casos de manera adecuada y con una perspectiva de género, por lo que se presume que son muchas más víctimas cada año. Los feminicidios comenzaron a registrarse de manera oficial en el Sistema Nacional de Seguridad Pública solo desde 2015.

“Las mujeres salen a manifestarse enojadas con el Estado, porque está ausente y porque no responde. Y el enojo se tiene que empezar a ver como un proceso de cambio social y no como una constatación simple y llana de que las mujeres salen enojadas”, advierte Reneaum Panszi.

El 12 de agosto de 2019, miembros de los grupos feministas y organizaciones en defensa de los derechos de la mujer, así como personas en general salieron a manifestarse en las calles de Ciudad de México por las denuncias de dos adolescentes que sufrieron violencia sexual por parte de los policías de la ciudad.

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El informe recuerda que la atención mediática no se centró en las agresiones sufridas por las víctimas, sino en que algunas manifestantes pintaron consignas o le lanzaron diamantina rosa a un funcionario. Como respuesta, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la capital mexicana, dijo que la protesta había sido una “provocación” que buscaba una respuesta violenta.

Esa declaración hizo que se convocara a otra marcha el 16 de agosto y, desde entonces, se desató una oleada de manifestaciones masivas en todo el país que buscan visibilizar la violencia contra niñas y mujeres, así como exigirles a las autoridades una respuesta efectiva.

El Estado mexicano tiene una larga deuda con las violaciones a los derechos de las mujeres. La Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha condenado por los feminicidios en Ciudad Juárez en 2009, por la violación de una mujer indígena a manos de militares en 2010 y, en 2018, por abusos sexuales y violaciones cometidas por efectivos de los cuerpos policiales a varias manifestantes en el estado de México.

Una mujer activista protestaba frente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en Ciudad de México, septiembre de 2020.AP / AP

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Estigmatización y criminalización

La investigación de Amnistía Internacional detectó que las autoridades impusieron restricciones indebidas a los derechos de las personas manifestantes al designar, desde el poder, a las protestas como violentas “por acciones que están protegidas por el derecho a la libertad de expresión, tales como pintar consignas en paredes públicas o intervenir monumentos”.

Aunque la organización aclara que las autoridades pueden imponer ciertas medidas para prevenir los daños a las propiedades públicas o privadas insiste en que eso no debería restringir los derechos humanos ni impedir las manifestaciones pacíficas.

El informe muestra, además, la estigmatización y criminalización de mujeres que participan en protestas con el rostro cubierto, como es el caso de las mascarillas que se usan como medida sanitaria para evitar la propagación del COVID-19, o de quienes se visten de negro.

Tenemos que entender que la policía en México vive en una cultura de la no legalidad. Si los policías son capaces de violar, de amenazar con desaparecer, de amenazar con desnudar forzadamente, de amenazar con violaciones masivas, es porque no hay ninguna consecuencia, porque no hay quien supervise, porque no hay transparencia en las operaciones y en los operativos (…) ¿Quiénes de estas mujeres que estuvieron saliendo a las calles hoy, y en los próximos años, van a poder confiar en un policía de este país?”, pregunta Reneaum Panszi.

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María M. Ángeles es una activista y madre soltera de 27 años que vive en el infierno. Dice que no se trata de una exageración porque el Estado de México ha sido unos de los territorios más violentos y peligrosos contra las mujeres. Las cifras la respaldan porque esa entidad ha liderado las tasas más altas de asesinatos de mujeres en numerosas oportunidades: 1986, entre 1988 y 1997, 2005 y en la actualidad. En 2020 ocupó el primer lugar con 151 víctimas y, solo en enero de 2021, 12 mujeres fueron asesinadas de manera violenta.

María supo desde niña que algo andaba mal en su casa. “Mi mamá era víctima de violencia machista por parte de mi padre (…) él ejercía toda esta violencia en mi mamá y nadie decía nada. Nadie se metía, nunca fueron a ayudarnos y nadie nunca se preocupó por preguntarnos o por ver lo que pasaba”, explica.

Al crecer, se convirtió en activista de sus derechos y ha participado en diversas protestas como la ocupación pacífica de la sede de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Ahí le tocó vivir en carne propia las agresiones del uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades que, el 11 de septiembre de 2020, disolvieron una manifestación en protesta por el desalojo violento de la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

“Toda esa violencia que sufrimos durante la detención que nos realizaron las autoridades, pues confirma que precisamente no hay garantías, no hay garantía de vida aquí en el Estado (…) es principalmente la policía quien nos está violando, quien nos está golpeando y quien nos está desapareciendo”, comenta aterrorizada.

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María fue trasladada, junto a otras manifestantes y niños, en camionetas sin insignias oficiales y los oficiales no se identificaron, ni les informaban adónde las llevaban lo que desató un miedo intenso entre las manifestantes. Cada vez que preguntaban, solo le respondían: “Ahorita vas a ver”. Cuando finalmente llegó a las oficinas del Ministerio Público se tuvo que someter a un examen médico en presencia de dos mujeres policías que permanecieron allí, sin su consentimiento. Además, la oficial que la trasladó también la examinó.

“Esa es la tiranía que ejerce el Estado machista contra nosotras, con tal de que no reclamemos lo que nos pertenece por derecho (…) Esta lucha nos va a llevar muchos años. A lo mejor no me toca ver los resultados, pero esto es por todas las que vienen y porque no hay otra forma de vivir. O sea: es luchar o morir aquí en el Estado de México”, concluye María, con tono tajante.

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El discurso del poder

Aunque el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador suele enarbolar la justicia y la igualdad como parte de los principios rectores de su “cuarta transformación”, el auge de los movimientos feministas y sus protestas enardecidas por la impunidad y rampante criminalidad contra las mujeres parece descolocarlo por momentos.

La semana pasada confesó en uno de sus encuentros matutinos con la prensa que no sabía lo que significaba “romper con el pacto patriarcal” y le había pedido a su esposa que se lo explicara. Acto seguido calificó la frase como “una expresión importada” y habló de la “simulación feminista” al relacionar a los movimientos por los derechos de las mujeres con sus opositores.

El caso más claro de la desconexión del mandatario con el creciente movimiento feminista de su país radica en su apoyo a Félix Salgado Macedonio, exsenador que lidera las encuestas para ganar las elecciones a la gubernatura de Guerrero, en junio. Salgado Macedonio tiene tres denuncias por violación y múltiples señalamientos por abuso y acoso sexual.

“Nosotros respetamos mucho a las mujeres, siempre lo hemos hecho, hemos defendido a las mujeres, somos precursores en la defensa y el respeto a las mujeres”, dijo el jueves en su conferencia diaria de prensa, mientras seguía defendiendo al candidato de Guerrero.

Pese a su defensa discursiva de las mujeres, al amanecer del 5 de marzo algo había cambiado en el centro histórico de Ciudad de México. Altas vallas fueron instaladas alrededor del Palacio Nacional y otros monumentos históricos. Según uno de sus colaboradores más cercanos; el coordinador de Comunicación Social de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, se trata de un “muro de paz”.

Las reacciones de repudio tomaron las redes sociales, al punto que, desde Yucatán, López Obrador justificó la medida al día siguiente. “Están en todo su derecho de protestar, de expresarse, de manifestarse, pero hay mucha provocación, mucha gente que se infiltra y que lo que busca es causar daño, utilizan como forma de protesta la violencia y tiran bombas molotov y no queremos que haya heridos de ningún bando”, aseveró el mandatario.

No deja de ser paradójico que, a pesar de haber criticado durante años la política del muro fronterizo de Donald Trump, López Obrador haya decidido resguardarse a sí mismo —y a su gobierno y a las instituciones— tras un muro metálico.

Las mujeres reaccionaron a la barrera convirtiéndola en un vasto memorial con los nombres de las víctimas y los casos inconclusos. En la mañana del 8 de marzo, las vallas estaban convertidas en un muro florido, lleno de ofrendas, fotos, pancartas y recuerdos de las mujeres desaparecidas y asesinadas en todo México. 

La valla metálica que rodea el perímetro del Palacio Nacional en Ciudad de México, el 7 de marzo de 2021.AP / AP

“La falta de protocolos y la desigualdad existen. Además, los feminicidios se han incrementado de manera significativa en los últimos años, incluyendo a este gobierno y que el presidente no lo reconozca es complicado y preocupante. Las agresiones contra las mujeres y la violación a derechos humanos son temas importantísimos, cruciales y por eso se están manifestando en las calles”, asevera Guadalupe Correa-Cabrera, académica de la Universidad George Mason.

El 8 de marzo se celebraron marchas y acciones de calle en todo el país, en el marco del Día Internacional de la Mujer. En Ciudad de México, las manifestantes denunciaron la represión por parte de las autoridades que resguardaban el Palacio Nacional.

Gases lacrimógenos y extintores fueron usados de manera repetida contra las personas que se congregaron en el Zócalo de la capital mexicana. Al cierre de la jornada, las autoridades dijeron que hubo 81 personas heridas: 62 efectivos policiales y 19 mujeres manifestantes.

Muchas activistas, como Quetzaly, ven el 8 de marzo como una cita con el destino. Después de más de cuatro meses, el miércoles pasado pudo introducir su denuncia de abuso sexual luego de superar múltiples trabas burocráticas. Por eso dice que esa fecha será un momento en que, pese a todas las adversidades, saldrán a las calles para recordarle al mundo que México es un país en el que 11 mujeres son asesinadas a diario.

“Esta generación que está luchando puede que no viva todas las recompensas de la lucha, pero le va a tocar a las demás y con eso me siento más que servida”, afirma.

Si usted tiene información sobre casos de abusos contra las mujeres en México o Centroamérica puede escribir a albinson.linares@nbcuni.com.