Edier de Jesus Rodríguez Bedoya, un expolicía colombiano, tendrá otra oportunidad para presentar ante las autoridades estadounidenses su petición de asilo, que le había sido denegada, al considerar un tribunal federal de apelaciones que recibir amenazas de muerte cualifica para probar persecución, en contra del dictamen del sistema migratorio dependiente del Departamento de Justicia.
Rodríguez Bedoya fue amenaado en su país por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (conocidas como las FARC), según dejó establecido este miércoles la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito de Estados Unidos.
“Ahora que está fuera de la policía, nos ocuparemos de los asuntos pendientes. Estamos regresando a la zona”, se leía en una nota que le mandaron y que está citada en los documentos judiciales. Otra misiva que pasaron por debajo de la puerta de su residencia, en marzo de 2013, decía: “Usted como que no nos cree. Ahora vamos a estar respirándole en la oreja. ¿Escuchó las bombas en la sabana? Sepa que estamos cerca de usted”. Ambos papeles llevaban el logo de las FARC.
En un lapso de cuatro meses, el grupo guerrillero le mandó cuatro amenazas de muerte a Rodríguez Bedoya. Pero eso no fue suficiente para el Departamento de Justicia, cuya Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por su sigla en inglés) rechazó su solicitud de asilo. Este organismo es el sistema de apelación a las decisiones de las cortes migratorias, y sus decisiones sientan precedente.
[Anular las reformas migratorias de Trump no resultará sencillo para Biden]
“Como hemos explicado repetidamente, una amenaza de muerte califica como persecución”, escribió sin embargo el juez Robert King en el dictamen de la corte de apelaciones, firmado de forma unánime por tres jueces.
Aunque las amenazas escritas nunca dijeron explícitamente que “matarían” al oficial, “su significado es claro e inequívoco”, concluyó el tribunal.
Es un revés para la Junta de Apelaciones de Inmigración en un momento en el que se niegan cada vez más solicitudes de asilo.
Human Rights First, una organización no partidista de derechos humanos, realizó un análisis a principios de este año y reveló que ha disminuido de manera drástica el número de personas a las que se les concede asilo en Estados Unidos: la tasa actual de aprobaciones es un 40% más baja que el promedio de las administraciones de Barack Obama y George W. Bush.
“La Junta de Apelaciones de Inmigración cometió un error fatal al decidir que el oficial Rodríguez Bedoya no era perseguido porque las diversas amenazas fueron simplemente ‘escritas’ y porque los miembros de las FARC nunca se acercaron físicamente a Rodríguez Bedoya”, establecen los documentos legales.
La decisión “es un buen ejemplo de una serie de opiniones recientes del Cuarto Circuito, y otros circuitos, que reprenden a la Junta de Apelaciones de Inmigración por ignorar o estar abiertamente en desacuerdo con el precedente del circuito de control”, dijo Bradley Banias, quien presentó el caso en nombre de Rodríguez Bedoya.
“Es un claro repudio a la negativa de la junta de seguir el precedente del Cuarto Circuito, y hará una gran diferencia en la vida de mis clientes”, añadió.
En 1995, Rodríguez Bedoya investigó a los rebeldes de las FARC, transmitiendo información de inteligencia al Ejército de Colombia, lo que desembocó en la muerte de al menos tres guerrilleros. Un año después, las FARC mataron a un amigo de Rodríguez Bedoya por mentir en un intento por protegerlo.
[Un juez federal suspende la deportación de 28 menores y sus padres bajo custodia de ICE]
En 2012, luego de dos décadas de servicio, Rodríguez Bedoya se retiró de la Policía Nacional de Colombia. Pero las FARC no lo olvidaron. En enero del año siguiente le enviaron la primera amenaza de muerte, en la que se decía que “el asunto de 1995 sigue pendiente”. Rodríguez Bedoya comenzó a temer por su seguridad y la de su familia. Se puso en contacto con las autoridades locales, que se negaron a abrir una investigación.
En mayo de 2013, Rodríguez Bedoya y su familia entraron legalmente a los Estados Unidos y solicitaron asilo. Las FARC atacaban sistemáticamente a los policías colombianos retirados que habían luchado contra ellos, le dijo a un juez de inmigración. Rodríguez Bedoya temía que, si regresaba a Colombia, las FARC cumplirían sus amenazas.
Pero el juez de inmigración denegó su petición argumentando que Rodríguez Bedoya no había demostrado que había sido perseguido. Y las amenazas de 2013 no fueron tomadas en cuenta porque estaban por escrito, dijo el juez.
Rodríguez Bedoya apeló la decisión ante la Junta de Apelaciones de Inmigración, que estuvo de acuerdo con el juez. Tanto los jueces de inmigración como la Junta de Apelaciones dependen jerárquicamente del Departamento de Justicia, y tienen libertad para tomar decisiones siempre dentro de las directrices de éste.
En 2013 era presidente el demócrata Barack Obama, y su vicepresidente era Joe Biden, que se convertirá en el próximo presidente en enero.
Biden ha criticado las políticas de asilo del Gobierno de Donald Trump, que siguió al de Obama en 2016, y prometió aumentar el número de oficiales de asilo para aliviar la carga de los abrumados tribunales de inmigración.
Este miércoles, la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito dictaminó que la Junta de Apelaciones de Inmigración se equivocó: las amenazas de muerte por sí solas cuentan como persecución, incluso si no se entregan en persona.
“Las amenazas de muerte por escrito, o en mensajes de texto, pueden ser más amenazadoras que las verbales, ya que muestran que el escritor y el remitente saben dónde vive su objetivo y cuál es su número de teléfono celular personal”, escribió el juez King.
Con información de NPR, BloombergLaw y documentos de la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito.