La administración del presidente, Donald Trump, va en serio con su proyecto para acabar con el “acuerdo Flores”, una concertación judicial que desde hace más de dos décadas limita el tiempo que los niños migrantes pueden transcurrir detenidos (no más de 20 días).
Después de anunciar la semana pasada una regla con la que determinaba la desvinculación de ese acuerdo, para la que se pronosticó una probable batalla judicial en las cortes antes de que entrara en vigor, este viernes por la noche el Gobierno presentó una petición para que un juez federal lo dé por roto, según The Associated Press.
De ser así, las autoridades federales podrían mantener encerrados a niños y familias vulnerables durante semanas, meses o años, hasta que se confirme su cita con un juez de inmigración para decidir sobre sus solicitudes de asilo, bajo el principio de que “las familias deben permanecer juntas”.
El acuerdo Flores se estableció en 1997, después de que una larga pelea judicial comenzada 12 años antes por dos organizaciones de derechos civiles contrarias al trato de las autoridades hacia los menores migrantes tuviera su epílogo en la Corte Suprema, en la que se determinó ese pacto.
Trump lo considera como una de las razones que empujan a miles de migrantes a buscar un futuro en EEUU. En su opinión, se trata de un “agujero legal” que aprovechan “las mafias” para publicitar que “si los migrantes llegan con niños, se les deja con libertad en Estados Unidos a la espera de una decisión judicial que puede llevar hasta cinco años”.
Desde el pasado octubre, han llegado a EEUU más de 400.000 familias con niños. Y también, 700.000 niños no acompañados.
El Gobierno del presidente ha incumplido este acuerdo, tal y como ha determinado la justicia (en ocasiones, los menores son encarcelados durante meses y meses, y no se les trata adecuadamente). Además, ha solicitado permiso para modificarlo a la corte federal que lo gestiona, con el objeto de encerrar a los niños junto a sus familias en vez de en centros de detención especiales para ellos. Le fue denegado.
También trató de impulsar su eliminación dentro de una reforma de las leyes migratorias en el
Congreso que no salió adelante ni siquiera cuando el Partido Republicano lo controlaba por completo (el pasado noviembre perdió la mayoría en la Cámara de Representantes, aunque mantiene el Senado).
El fiscal general adjunto Joseph H. Hunt mantuvo en la solicitud presentada este viernes que la nueva norma preparada por la administración mantienen los principios básicos del acuerdo Flores, pero mantenerlo en vigor “ya no es posible, equitativo o de interés público”.
Se supone que sus efectos terminarán cuando la administración ponga en marcha la regulación de la nueva norma. Abogados que trabajan en defensa de los derechos de los migrantes pidieron también este viernes al juez que no dé la autorización para implementarla. El pasado lunes, 19 estados y el Distrito de Columbia demandaron a la administración Trump por la puesta en marcha de la nueva regla.
Esta medida es solo una de las muchas que el presidente ha estado tratando de implementar en los últimos meses para endurecer las condiciones por las que los migrantes pueden quedarse en EEUU.
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