El presidente, Donald Trump, ha ejercido este miércoles su privilegio ejecutivo para evitar proveer a la Cámara de Representantes (controlada por el Partido Demócrata) los documentos que se le requerían relacionados con las decisiones tomadas por su Gobierno sobre la inclusión de una pregunta en el Censo de 2020 acerca del estado migratorio de los encuestados.
El Departamento de Justicia ha hecho pública la decisión del presidente en una carta al presidente del comité legislativo al cargo de esta investigación, Elijah Cummings, según ha informado la cadena NBC.
Según alega, se trata de documentos protegidos por la relación de confidencialidad entre cliente y abogado, o sobre elementos deliberativos. Además, incide en que ya se han entregado 17.000 páginas de documentos, y Ross ha comparecido durante horas ante el Congreso.
El Censo ya está enviando a miles de hogares un formulario de prueba, de cara a la recogida de información en los próximos meses, en el que se pregunta sobre el estado migratorio del encuestado.
La Corte Suprema debe decidir aún si esto es legal, toda vez que activistas denuncian que puede inhibir en la respuesta al censo, que es clave para repartir los escaños en el Congreso o billones de dólares en fondos federales.
Unas horas después que se publicó la decisión de Trump, el Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes, votó una resolución para declarar al fiscal general, William Barr, y el secretario de Comercio, Wilbur Ross, en rebeldía por desafiar a sus órdenes en ese sentido. Los líderes demócratas de la Cámara tendrían que decidir cómo proseguir.
Si el Comité y el pleno de la Cámara votaran para declarar en rebeldía a Barr y Ross, Cummings podría pedir a un tribunal federal que obligue a esos funcionarios a entregar los documentos sobre la pregunta de ciudadanía en el censo.
El privilegio ejecutivo es un derecho del presidente y de otros miembros del Gobierno (la rama ejecutiva del Estado, que se complementa con la legislativa, que es el Congreso, y la judicial) para resistirse a determinadas órdenes de congresistas o jueces para entregar información, alegando que podría poner en peligro su habilidad para dirigir el país.
Aunque no aparece en la Constitución, ha sido confirmado por la Corte Suprema, aunque su extensión puede terminar por ser revisado de nuevo por los magistrados (en su mayoría ahora conservadores).
El presidente lo ha usado recientemente para evitar entregar a la Cámara de Representantes el informe completo sobre la investigación de la conocida como trama rusa realizada por el fiscal especial Robert Mueller. Esta decisión ha puesto también en peligro de ser declarado en rebeldía a William Barr.