Un agente republicano, que el año pasado reunió los votos para un candidato del Partido Republicano que se postulaba para el Congreso, realizó una operación ilegal de recolección de boletas y contó con un buen financiamiento, dijo este lunes el director de elecciones de Carolina del Norte.
El testimonio de Kim Strach se produjo el primer día de una audiencia para determinar si las boletas enviadas por correo fueron manipuladas durante la carrera por el noveno asiento de distrito del estado en el Congreso que vio al republicano Mark Harris derrotar por poco al demócrata Dan McCready.
La carrera, que no fue certificada, dejó al país con las únicas elecciones parlamentarias sin un ganador declarado. Se espera que la junta electoral declare un ganador u ordene una nueva elección después de la audiencia.
"Las pruebas que presentaremos hoy mostrarán que un plan coordinado de votación en ausencia, ilegal y con recursos sustanciales se realizó en las elecciones generales de 2018" en los condados rurales de Bladen y Robeson, que forman parte del noveno distrito del Congreso de Carolina del Norte, dijo Strach al inicio de una audiencia de la junta electoral estatal.
Harris tenía una pequeña ventaja sobre el demócrata Dan McCready en los resultados no oficiales luego de las elecciones de noviembre, pero la junta electoral del estado se negó a certificar los resultados tras conocerse varias denuncias de una posible manipulación de la boleta electoral.
Una investigación sobre Leslie McCrae Dowless Jr., un agente que trabaja para la campaña de Harris determinó que había obtenido 125 dólares por cada 50 boletas enviadas por correo en los condados de Bladen y Robeson que aparecieran con el nombre del candidato. aseguró Strach. Eso significa que podrían haber sido alteradas antes de ser contadas.
El alcance de la operación le permitió a Dowless cobrar casi 84.000 dólares en honorarios de consultoría durante los cinco meses previos a las elecciones generales del año pasado, dijo Strach, y agregó que además de revisar los registros financieros y telefónicos, los investigadores interrogaron a 142 votantes en los condados del centro-sur de Carolina del Norte.
Dowless fue contratado para producir votos para Harris y el alguacil del condado de Bladen, Jim McVickers, pero sus métodos el año pasado incluían pagarle a la gente para que visitara a los votantes potenciales que habían recibido boletas de votación en ausencia y hacer que entregaran esas papeletas, ya fuera completa o no, testificó la trabajadora de Dowless Lisa Britt.
En Carolina del Norte es ilegal que cualquier persona que no sea un tutor o un familiar cercano maneje la boleta de un votante.
Britt declaró que a veces completaba papeletas sin terminar y se las entregaba a Dowless, quien las mantuvo en su casa y en la oficina durante días o más antes de que las entregaran, dijo Britt, cuya madre estuvo casada con Dowless. Mientras que las elecciones al Congreso y al alguacil estuvieron casi siempre marcadas por votantes que entregaron papeletas no selladas, Britt dijo que completaría las elecciones locales a favor de los republicanos para evitar que los trabajadores de la junta electoral local sospecharan de sus actividades.
Mientras que Dowless y la consultora principal de Harris estaban en contacto constante, ella no tenía ninguna indicación de que Harris supiera sobre la operación, dijo Britt.
"Creo que el señor Harris no tenía ni idea de lo que estaba pasando", dijo Britt.
Harris recibió 679 boletas por correo en los condados de Bladen y Robeson, en comparación con las 652 de McCready, dijo Strach. Pero los abogados de McCready sostienen que otras casi 1.200 boletas enviadas por correo llegaron a los votantes y nunca fueron devueltas, lo suficiente para eliminar la ventaja de 905 votos de Harris después del día de las elecciones.
"No se trata solo de las que han sido devueltas. Se trata de aquellas que no", dijo.
Dowless y Harris asistieron a la audiencia del lunes. McCready no lo hizo.
Cuatro de los cinco miembros de la junta electoral, compuesta por tres demócratas y dos republicanos, tendrían que acordar que una nueva elección es necesaria.
Si eso no sucede, los abogados de McCready dijeron que los funcionarios estatales deberían enviar sus conclusiones a la Cámara de los Estados Unidos, dominada por los demócratas, y dejar que decida si Harris debería estar sentado, argumentando que la Constitución de los Estados Unidos le otorga a la Cámara autoridad sobre las elecciones y las calificaciones de sus miembros.