El fiscal general, William Barr, tomará la decisión final sobre un caso migratorio que podría cambiar las normas y poner en riesgo de deportación a miles de inmigrantes con green card que hasta ahora se sabían a salvo.
Onesta Reyes es una ciudadana italiana de 54 ó 55 años de edad que en abril de 2014 confesó haber robado 316,000 dólares de la empresa para la que trabajaba como contable. Con el dinero se compró ropa, zapatos y joyería en Macy’s y otros centros comerciales, según la agencia de noticias The Associated Press.
Gracias a su acceso al sistema de nóminas, elevó su salario anual de 49,000 a 240,000 dólares, y se reembolsó 89,000 dólares en gastos falsos. Además, creó una empleada falsa a la que pagó 23,000 dólares que terminaron en su bolsillo.
En julio de 2014 recibió una condena de uno a tres años de prisión por robo de propiedades ajenas valoradas entre 50,000 y un millón de dólares, un delito de categoría C en Nueva York.
Reyes es originaria de Italia y tenía la residencia permanente en Estados Unidos.
Tras su condena, el Departamento de Seguridad Nacional ordenó su deportación por un delito grave de robo, pero la mujer apeló y un juez migratorio le dio la razón en julio de 2015 al considerar que el Gobierno, entonces presidido por el demócrata Barack Obama, no había probado que el delito cometido estuviera considerado lo suficientemente grave en términos legales como para provocar su deportación.
El caso pasó entonces a la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, ante la que se pueden apelar las decisiones de un juez migratorio. Tanto éste como la Oficina forman parte en realidad del Departamento de Justicia, y por tanto están bajo la autoridad del fiscal general, que puede disponer de la última palabra.
La Oficina Ejecutiva decidió en abril de 2019, con Donald Trump ya en la Casa Blanca, que la inmigrante no debía ser deportada. Lo hizo porque el delito estaba considerado grave en la legislación federal pero no en la legislación estatal de Nueva York, que no lo incluye entre aquellos por los que un migrante debe ser entregado a ICE y, por tanto, deportado.
En una ley promulgada en noviembre de 2014 se detallan los 170 delitos considerados graves, que incluyen herir a alguien en un accidente con un carro en el que la culpa es del conductor (por ejemplo, por no obedecer un semáforo), amenazar a alguien con un arma (como un cuchillo), acosar a alguien con llamadas telefónicas o correos electrónicos, o poseer marihuana para consumo propio. El alcalde, Bill de Blasio, propuso en primavera añadir siete delitos más, entre ellos el tráfico sexual de personas y la prostitución de menores de edad.
El delito cometido por Onesta Reyes no estaba en ese listado, y por tanto la Oficina Ejecutiva ordenó paralizar su deportación. Las decisiones de este órgano crean jurisprudencia, es decir, todos los jueces migratorios tienen que seguir su dictamen en casos similares.
Pero el fiscal general tiene derecho a la última palabra, y en esta ocasión William Barr, designado por Trump, ha decidido opinar. Su dictamen también será de obligatorio cumplimiento para los jueces y la Oficina Ejecutiva no sólo en este caso sino en todos los similares.
Así, dado su historial de mano dura con los migrantes, podría optar ordenar la deportación de Reyes, poniendo en peligro a todos los migrantes que se encuentren en una situación similar (el estado en el que fueron condenados no considera su delito lo suficientemente grave como para deportarlos, pero el Gobierno federal sí).