WASHINGTON.— El número de mujeres en centros de detención para migrantes aumentó un 10% en el último año y su encarcelamiento masivo, en general, no ha disminuido pese a reformas al sistema de justicia criminal, advirtió este martes un informe del grupo Prison Policy Initiative.
El informe, que se apoya en datos oficiales, ofrece una radiografía de las 213,000 mujeres y jóvenes tras las rejas en todo el país.
De ese total, 7,700 mujeres están en centros de detención para migrantes, 700 más que en 2018, o un incremento del 10%, en unos momentos en que la Administración Trump ha apretado las tuercas a la inmigración ilegal.
Mientras, 6,600 están en centros correccionales para jóvenes, una reducción respecto a las 7,300 el año pasado, indicó el documento.
El informe, que es fruto de una colaboración con la Campaña para una Justicia Inteligente, de la Unión de Libertades Civiles de EEUU, indicó que el número de mujeres en cárceles locales aumentó en más de un 5% entre 2016 y 2017, aun cuando el resto de la población carcelaria disminuyó.
El incremento posiblemente se deba, entre otros factores, al aumento en el número de mujeres arrestadas y trasladadas a prisión preventiva, la prolongación de sentencias, o “castigo” por violar las condiciones de libertad condicional.
Según un desglosado del informe, del total de mujeres en prisión, 101,000 están en cárceles locales; 99,000 están en prisiones estatales, y 16,000 en prisiones federales.
El análisis subrayó que hay más mujeres en cárceles locales que en las estatales, y su número ha crecido un 50% más que el de hombres en las prisiones en las últimas tres décadas, aunque no existen datos oficiales que expliquen ese fenómeno.
Además, el 60% de las mujeres en cárceles locales siguen a la espera de un juicio, y muchas pasan en prisión antes de su condena no porque representen un mayor riesgo de fuga sino porque no pueden costear su fianza.
El documento destacó que las mujeres no se han beneficiado de forma equitativa de las reformas policiales en los últimos años: desde 1980, el índice de arrestos de hombres ha disminuido en un 30,4%, pero el de mujeres apenas bajó en un 6,4%.
Una vez que son condenadas, el sistema parece incentivar su encarcelamiento: alrededor de una cuarta parte de las mujeres van a las cárceles locales, en comparación con el 10% del resto de la población carcelaria con una condena.
El 80% de las mujeres en las cárceles son madres, y en su mayoría son las principales responsables del cuidado de sus hijos.
Su estancia en las prisiones viene acompañada de numerosas limitaciones: menos acceso a llamadas telefónicas y restricciones en el uso de correo, lo que dificulta el contacto con sus hijos y demás familiares.
Se calcula que, del total de mujeres en las cárceles, el 53% es de raza blanca, el 29% es de origen afroamericano, el 14% es de origen latino, el 2,5% es nativo-americana, y el resto de origen asiático.
Las mujeres, en general, van a la cárcel por crímenes no violentos y suponen un mejor riesgo de incidentes tras las rejas, donde afrontan menos acceso a programas de educación, rehabilitación, capacitación laboral, servicios de salud mental y tratamiento para problemas de drogadicción.
El grupo divulgó el estudio como parte de su continua campaña para llamar la atención sobre los problemas en las cárceles locales, que suelen tener menos acceso a servicios, menos supervisión del gobierno, y no figuran entre las máximas prioridades de los esfuerzos reformistas del Congreso.
La escasez de datos sobre la experiencia de las mujeres tras las rejas demuestra, según observadores, la importancia de que las mujeres no queden marginadas en el debate sobre cómo poner fin al encarcelamiento masivo, indicó el análisis.