Esos recortes, que variaron de un estado a otro, han sido trabas para el acceso a la educación superior y han empeorado las desigualdades raciales y sociales en Estados Unidos, porque el aumento en las matrículas afecta en particular el bolsillo de estudiantes de minorías y de bajos recursos.
Según datos oficiales del gobierno federal, cerca de 20 millones de estudiantes están inscritos en universidades públicas y privadas, de los cuales 10,5 millones son blancos, 3,6 millones son hispanos, y 2,6 millones son afroamericanos.
Si en 1980 los estudiantes de las minorías negra, latina, asiática y nativo-americana conformaron aproximadamente el 17% de la población estudiantil en universidades públicas, esa cifra aumentó a más del 36% en 2010, y ahora se sitúa en más del 40%.
Aunque los analistas han celebrado el aumento en la inscripción universitaria -respecto a los 600,000 matriculados en 1919-, el alto costo de las clases ha sonado las alarmas porque, de no corregirse la tendencia, se cerrarán las puertas para miles de estudiantes, especialmente de las minorías.
Según el College Board, que se especializa en investigaciones sobre universidades, el costo promedio de ir a una universidad pública -incluyendo la matrícula, alojamiento y comida- fue de 12,000 dólares en el ciclo de 1988-1999, y para el ciclo 2018-2019, esa cifra aumentó a 21,370 dólares.
El declive en fondos estatales para la educación ha encarecido el costo universitario para estos estudiantes, que afrontan mayores trabas económicas para completar sus estudios.
Según el informe, un estudio demostró que más del 37% de los afroamericanos que iniciaron sus estudios universitarios en 2004 no logró pagar su deuda estudiantil en un plazo de 12 años, y entre los hispanos, el porcentaje fue del 20%.
Aunque los gobiernos han comenzado a invertir más en la educación universitaria, las cifras siguen por debajo de los niveles de 2008 en la mayoría de los estados, con una reducción del 13% por cada estudiante, o el equivalente de 1,220 dólares.
En el caso de Arizona, por ejemplo, la inversión por cada estudiante sufrió un recorte de casi el 55% entre 2008 y 2018.
Otros estados con altas concentraciones de estudiantes hispanos también registraron fuertes recortes en ese período, entre éstos Nuevo México (29%), Texas (23'%), Nueva Jersey (23%), y Florida (13,5%).
Sólo nueve estados aumentaron sus inversiones por cada estudiante, incluyendo California y Nueva York.
En general, entre 2017 y 2018, el nivel de inversión se mantuvo sin cambios, y en 23 estados éste aumentó en un promedio del 2,4%, o poco más de 232 dólares adicionales por cada alumno.
Desde el ciclo de 2008, la matrícula en colegios universitarios de cuatro años ha aumentado en un 37% a 2,708 dólares, aunque eso también ha variado de un estado a otro, según el documento.
En siete estados — Alabama, Arizona, California, Colorado, Florida, Georgia, y Hawaii — el costo de la matrícula ha incrementado en más del 60%, mientras que la cifra ha sido de más del 40% en 21 estados, y más del 20% en 41, según CBPP.
Todo esto ha agravado la crisis de acceso a la educación superior, en unos momentos en que el costo universitario ha superado significativamente el ingreso medio de los hogares.
Es decir, ni el aumento en la ayuda financiera que provee el gobierno federal ha logrado mitigar el costo de obtener un diploma universitario.
Aunque los recortes no necesariamente han provocado un alza en las matrículas, éstos sí afectan la calidad de la enseñanza en las universidades públicas, que se ven forzadas a eliminar personal docente, oferta de cursos, y ciertos servicios estudiantiles. En algunos casos, los recortes han suscitado el cierre de recintos universitarios.
El CBPP instó al Congreso a que apruebe más fondos para las universidades públicas, fortalezca los programas de ayuda financiera para estudiantes de bajos recursos, y destine más fondos para programas educativos administrados por los gobiernos estatales.