Roxana Orellana Santos estaba sentada en la acera comiendo un sándwich junto al restaurante en el que trabajaba fregando platos en Maryland cuando fue arrestada por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés).
Dos agentes de la oficina del sheriff del condado de Frederick la pidieron que se identificara y la encarcelaron por una orden de deportación pendiente. Pasó 45 días en la cárcel y fue entregada a ICE para ser expulsada del país.
Aquello ocurrió el 7 de octubre de 2008. Orellana no fue deportada porque la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito determinó que su arresto había sido inconstitucional.
Sus abogados negociaban la semana pasada una indemnización económica para Orellana por aquella violación de sus derechos cuando ICE volvió a capturarla. “Es sospechoso que haya sucedido justo ahora”, explicó el activista José Pérez al diario The Washington Post.
Orellana fue detenida cuando el departamento del sheriff estaba participando en un programa de colaboración con ICE, pero los dos agentes que la arrestaron no habían sido entrenados para ello ni tenían una orden de inmigración contra ella.
La policía local carece de autoridad para hacer cumplir leyes civiles, sólo puede perseguir crímenes, de forma que las cortes suelen determinar que acciones como ésta suponen una violación de la Cuarta Enmienda.
Ahora Orellana vuelve a estar detenida, pero una juez ha impuesto a ICE una orden de protección contra ella, según informa el diario The Baltimore Sun.
La magistrada Catherine C. Blake ha ordenado a ICE que no deporte a la mujer, lo que no obliga a liberarla pero es “un primer paso positivo”, según su abogado, Nicholas Katz.