Un juez federal se negó a impedir que Nebraska lleve a cabo su primera inyección letal desde 1997 a pesar de la demanda de una compañía farmacéutica alemana que afirma que el estado obtuvo ilícitamente las drogas.
El juez de distrito Richard Kopf negó la solicitud de la compañía de bloquear temporalmente la ejecución de Carey Dean Moore, uno de los presos condenados a muerte más antiguos del país.
Está previsto que Moore muera el martes con una combinación de drogas nunca antes probada, según reporta la agencia de noticias AP.
Moore, quien fue declarado culpable de matar a dos taxistas con cinco días de diferencia en 1979, ha dejado de luchar contra los esfuerzos del estado para ejecutarlo.
El juez dijo que conceder la solicitud de la compañía farmacéutica "frustraría la voluntad de la gente", refiriéndose al 61% de los votantes de Nebraska que decidió reinstaurar la pena capital en 2016 después de que los legisladores la abolieran.
Fresenius Kabi present una demanda a principios de esta semana argumentando que los funcionarios estatales obtuvieron indebidamente al menos una de las drogas de la compañía.
El abogado Mark Christensen dijo que la compañía planea presentar una apelación inmediata al fallo del viernes.
Está programado que Moore sea ejecutado con una combinación de cuatro drogas: el diazepam sedante, comúnmente conocido como Valium, para dejarlo inconsciente; citrato de fentanilo, un poderoso opioide sintético; cisatracurio besilato para inducir parálisis y detener su respiración; y cloruro de potasio para detener su corazón.
Fresenius Kabi señala que fabricó el suministro de cloruro de potasio del estado y posiblemente el cisatracurio.
Pero los funcionarios del estado de Nebraska se han negado a identificar la fuente de sus drogas de ejecución, mientras que Fresenius Kabi alega que el suministro de cloruro de potasio del estado se almacena en botellas de 30 mililitros, y ellos son la única compañía que empaqueta el medicamento en viales de ese tamaño.
Asimismo, agregó que si Nebraska utiliza las drogas dañaría su reputación y sus relaciones comerciales. La compañía dijo que no toma posición ante la pena capital, pero se opone firmemente al uso de sus productos para las ejecuciones.
No ha surgido ninguna otra evidencia pública para confirmar la identidad del proveedor.
Un juez estatal en Nebraska ordenó a los funcionarios de prisiones en junio que divulguen documentos que podrían revelar la fuente de las drogas, pero el estado apeló esa decisión.