Austin.- El futuro de los dos centros de detención para familias inmigrantes que Estados Unidos tiene en Texas está en manos de una jueza que hoy escuchó el testimonio de un grupo de mujeres indocumentadas que los describieron como cárceles y le pidieron su cierre.
Los centros en cuestión -Karnes City y Dilley-, son propiedad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés), están operados por dos empresas privadas y una jueza californiana falló en verano del año pasado que encerrar a los niños ahí es ilegal y que deben ser liberados.
Para eludir dicho fallo judicial, los operadores de los centros solicitaron licencias de cuidado infantil al Departamento de Protección y Servicios para la Familia de Texas, que tras rebajar los estándares para este tipo de instalaciones otorgó a Karnes City el primer permiso hace algunas semanas.
La organización Grassroots Leadership, que defiende la liberación de inmigrantes detenidos, logró que la jueza estatal Karin Crump bloquease la concesión de ese permiso para el centro de Dilley a la espera de que el caso siga su curso.
"Nadie puede afirmar de forma honesta que no se trata de cárceles para familias. Llamarlas centros de cuidado infantil es absurdo y creemos que ilegal", afirmó el director de la organización, Bob Libal.
Durante la audiencia también declararon cuatro mujeres centroamericanas que describieron su experiencia en esos centros y denunciaron que el encierro les causó daños físicos y psicológicos a ellas y a sus hijos.
Los abogados de Texas, por su parte, defendieron que las licencias de cuidado infantil permiten al estado un mayor control sobre lo que pasa en los centros: "Mientras sigan abiertos, queremos estar seguros que los niños están bien", afirmó el letrado Todd Disher.
La jueza convocó una nueva audiencia para el 1 de junio.
Karnes City y Dilley, ambos al sur de San Antonio, tienen capacidad para unos 3.500 internos. Desde que abrieron hace dos años han sido foco de denuncia de ONG y organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que pidió su cierre.
Sin embargo, el Gobierno de Estados Unidos pretende mantenerlos abiertos ante el temor de una nueva oleada migratoria este verano.