Por Mark Sherman - The Associated Press
La Corte Suprema ratificó el tratamiento diferenciado de los residentes de Puerto Rico, al dictaminar que el Congreso estaba en su derecho de excluirlos de un programa de beneficios que está disponible en los 50 estados y el Distrito de Columbia.
Con una votación de 8 a 1, el máximo tribunal sostuvo que hacer que los puertorriqueños no sean elegibles para el programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés), que proporciona beneficios a los estadounidenses mayores, discapacitados y ciegos, no los discriminaba inconstitucionalmente.
La jueza Sonia Sotomayor, cuyos padres nacieron en Puerto Rico, fue la única que se opuso.
Escribiendo para la corte, el juez Brett Kavanaugh dijo que el tribunal estaba comprometido por un par de sentencias anteriores que ya habían confirmado la ley federal que creó el SSI y excluyó a Puerto Rico y otros territorios de Estados Unidos del mismo. El Congreso añadió posteriormente a las Islas Marianas.
Puerto Rico es un territorio estadounidense desde la Guerra hispano-estadounidense de 1898, y sus residentes son ciudadanos de EE.UU. Pueden votar en las primarias, pero no en las elecciones presidenciales, y tienen una representación limitada en el Congreso. Muchos tampoco pagan el impuesto federal sobre la renta.
Kavanaugh escribió que “al igual que no todos los impuestos federales se extienden a los residentes de Puerto Rico, tampoco todos los programas de beneficios federales se extienden a sus residentes".
En disidencia, Sotomayor respondió: "En mi opinión, no hay ninguna base racional para que el Congreso trate a los ciudadanos necesitados que viven en cualquier lugar de los Estados Unidos de manera tan diferente a los demás. Sostener lo contrario, como hace la corte, es irracional y antitético a la propia naturaleza del programa SSI y a la protección igualitaria de los ciudadanos garantizada por la Constitución. Disiento respetuosamente”.
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La decisión indignó a muchos en Puerto Rico, incluido el gobernador Pedro Pierluisi, que dijo que la estadidad es la única solución a la condición de segunda clase de Puerto Rico.
“La decisión... confirma una vez más que el estatus territorial de Puerto Rico es discriminatorio para los ciudadanos estadounidenses de la isla y permite al Congreso hacer lo que quiera con nosotros”, dijo en un comunicado.
Pierluisi señaló que Puerto Rico también recibe un trato desigual cuando se trata de Medicaid, Medicare y otros programas federales.
Por su parte, Jenniffer González, representante de Puerto Rico en el Congreso y miembro del partido proestadidad de Pierluisi, calificó la exclusión como una “discriminación increíble” que mantiene a más de 300,000 personas en la pobreza extrema.
José Luis Vaello-Madero, el residente de Puerto Rico en el centro del caso que discutió la corte, comenzó a recibir pagos del SSI después de sufrir una serie de accidentes cerebrovasculares mientras vivía en Nueva York.
Los pagos continuaron en su cuenta bancaria en Nueva York incluso después de que regresara a Puerto Rico. Cuando notificó a la Administración de la Seguridad Social, los pagos cesaron y entonces el Gobierno demandó para recuperar más de 28,000 dólares a los que decía que no tenía derecho.
Los tribunales inferiores se pusieron de acuerdo con Vaello-Madero, dictaminando que la exclusión de Puerto Rico del programa SSI es inconstitucional. En un caso similar en Guam, un juez federal dictaminó recientemente que los residentes de esa isla del Pacífico también deberían poder cobrar el SSI.
El Departamento de Justicia presentó por primera vez su apelación a una sentencia del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos durante la Administración Trump, pero mantuvo el caso incluso después de que el presidente, Joe Biden, asumiera el cargo.
El Gobierno de Biden ha dicho que apoya cambiar la ley para extender los pagos de SSI a Puerto Rico. Incluyó una disposición en su propuesta ‘Reconstruir Mejor’ (Build Back Better, en inglés) para que los residentes de los territorios de EE.UU. sean elegibles para los pagos del SSI, pero la legislación está estancada en el Congreso.
Un programa separado, Ayuda a los ancianos, ciegos y discapacitados (Aid to the Aged, Blind and Disabled, en inglés) cubre a los residentes de los territorios, pero tiene unos requisitos de elegibilidad más estrictos y paga unas prestaciones menos generosas que el SSI.