WASHINGTON.—Alarmados por la creciente politización del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés), un grupo de legisladores demócratas ha propuesto un proyecto de ley para reformar a la agencia federal y restringir sus nombramientos “interinos”.
La iniciativa reformista fue presentada el viernes por el presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Bennie Thompson, con el propósito de generar interés sobre el tema, aunque posiblemente quede como asignatura pendiente para 2021, según explicó su portavoz, Adam Comis.
Entre otros elementos, el proyecto de ley, conocido como Acta de reforma del DHS de 2020, impondría restricciones en el uso de “nombramientos interinos” en puestos de liderazgo; reformaría los procedimientos para la rendición de cuentas; fortalecería las protecciones de los derechos civiles; y desalentaría el uso de la fuerza letal.
En los últimos cuatro años, el DHS ha afrentado una carencia de liderazgo estable para responder a sus múltiples retos: para el pasado 4 de noviembre, la agencia tenía a 19 funcionarios en puestos “interinos” o sin un título oficial o confirmado por el Senado.
Desde que el presidente, Donald Trump, asumió el poder en enero de 2017, cinco funcionarios han ocupado el puesto de secretario de Seguridad Nacional. En agosto, la Oficina de Supervisión del Gobierno (GAO, por su sigla en inglés), determinó que los últimos dos fueron nombrados de forma ilegal.
Desde 2017, el DHS “ha sido el rostro de las políticas más extremas y politizadas de Trump, desde la separación de familias al arresto de estadounidenses en protestas legales", explicó Thompson, "los estadounidenses deben tener confianza en que el departamento opera con apego a la ley y el respeto a las protecciones constitucionales”.
El “vacío de liderazgo” en el DHS “ha agravado los retos de gestión de la agencia, que han tenido implicaciones significativas”, agregó.
La semana pasada, un juez federal en Nueva York, Nicholas Garaufis, determinó que el secretario interino del DHS, Chad Wolf, fue colocado en el puesto de forma ilegal. Por lo tanto, Garaufis anuló los cambios que Wolf intentó implementar en el programa de “Acción Diferida para los Llegados en la Infancia” (DACA) de 2012, incluyendo la restricción en los permisos de trabajo.
De ser aprobada, la iniciativa exigiría que, para que un funcionario pueda ejercer como secretario de Seguridad Nacional de forma interina, éste haya sido primero titular en cualquiera de las 22 agencias del DHS, o haya sido confirmado por el Senado.
La medida también crearía la figura de un “secretario asociado” que supervisaría a las oficinas de Inmigración y Aduanas (ICE), y la de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP), además de facilitar talleres de capacitación para desalentar el uso de la fuerza letal contra los migrantes en la frontera.
Además, los agentes de ambas agencias migratorias tendrán que portar insignias en sus informes que los identifiquen claramente frente al público, y tendrán prohibido diseminar “propaganda”.
Según el Comité, estas reformas, aunque modestas, ayudarían a mitigar el problema de baja moral que afronta el DHS, que ha figurado entre las peores agencias para trabajar dentro de la burocracia federal. Esa escasez de empleados calificados podría afectar la eficacia de las operaciones del DHS, indicó la GAO ese año.
Muchos empleados abandonan sus puestos poco después de su contratación: un informe interno del DHS reveló que, en 2017, la Administración de Seguridad en el Transporte gastó 16 millones de dólares para reclutar y capacitar a casi 2,000 agentes , que dejaron la agencia en un plazo de seis meses.
El proyecto de ley ya tiene una decena de co-patrocinadores -todos demócratas- pero, si no es aprobada antes de fin de año, tendría que ser presentado de nuevo en la nueva sesión del Congreso que comienza el próximo 3 de enero.