Un juez federal de Texas decidió prorrogar por 14 días, al menos hasta el 23 de febrero, el bloqueo con alcance nacional contra la orden del presidente, Joe Biden, para detener las deportaciones de inmigrantes durante 100 días, una medida que debería haber entrado en vigor el 22 de enero pero sigue así congelada.
La orden judicial cautelar firmada por el juez Drew Tipton se fundamenta en que, si no extiende la decisión de anular la suspensión de las deportaciones, el daño “irreparable” que se le ocasionará a Texas será “más sustancial” que cualquier perjuicio que sufra el Gobierno.
Además, la corte considera necesario otorgar tiempo adicional a las partes para que tengan la oportunidad de proporcionar toda la información necesaria para emitir una sentencia definitiva.
El juez ordenó el 30 de enero que se presentaran los datos de las personas sujetas a deportación y fijó el 10 de febrero como fecha para la que esa información fuese consignada. La orden judicial también señala que la corte requiere de tiempo para evaluar los argumentos y preparar un fallo definitivo.
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La medida de Biden, establecida el mismo día de su toma de posesión en un memorándum, pausaba por 100 días las deportaciones desde el viernes 22 de enero para aquellos inmigrantes que ingresaron a Estados Unidos antes de noviembre de forma irregular.
Las autoridades migratorias explicaron que la medida les otorgaba tiempo para asegurarse de que existe un "sistema de aplicación de las leyes migratorias justo y efectivo", mientras revisaban las prácticas y la implementación de nuevas políticas, según se lee en un memorando enviado el 22 de enero por el secretario interino de Seguridad Nacional, David Pekoske.
Cuatro días después, el juez Tipton, quien fue designado el año pasado por el expresidente Donald Trump, bloqueó de forma temporal la orden de Biden. La resolución señala que la Administración de Biden no había proporcionado "ninguna justificación concreta y razonable para una pausa de 100 días en las deportaciones".
La orden judicial responde a la demanda presentada por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, que se basó en un acuerdo de última hora firmado con Trump.
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La Casa Blanca respondió al bloqueo del juez Tipton con un comunicado en el que asegura que "el presidente sigue comprometido a tomar medidas inmediatas para reformar nuestro sistema de inmigración, con el fin de garantizar que este defienda los valores estadounidenses y mantenga seguras a nuestras comunidades".
“Tenemos confianza en que, mientras el caso avanza, quedará claro que esta medida es completamente apropiada para ordenar una pausa temporal que permita a la agencia revisar cuidadosamente sus políticas, procedimientos y prioridades, a la vez que permita un mayor enfoque en las amenazas a la seguridad pública y la seguridad nacional", agregó el comunicado.