Un juez federal ha denegado la solicitud de un preso de Arizona de retrasar su ejecución por el asesinato de una niña de 8 años en 1984.
La dictamen del juez Michael Liburdi, conocido este domingo, mantiene para el miércoles la ejecución de Frank Atwood, quien argumentó que los procedimientos de la pena de muerte en Arizona violan su derecho constitucional de no recibir un castigo cruel o inusual, al someterlo, según afirmó, a un dolor inimaginable.
Sus abogados indicaron que Atwood, que padece una enfermedad degenerativa de la columna vertebral que le ha dejado en silla de ruedas, sufriría un sufrimiento insoportable si se le atara a una camilla, tumbado de espaldas, para recibir la inyección letal.
El juez, sin embargo, rechazó ese argumento, indicando que al preso se le proporcionará una almohada que alivie la presión en su columna vertebral y también se puede inclinar la mesa donde deberá yacer. Dijo que esas adaptaciones “minimizarán el dolor que experimenta el demandante cuando se tumba de espaldas".
El juez escribió que la Constitución "no exige una ejecución sin dolor", y que la posición de Atwood será similar a la que suele adoptar en su celda para limitar el dolor.
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Liburdi también rechazó las impugnaciones sobre el fármaco que las autoridades estatales planean utilizar y desestimó la reclamación de Atwood sobre el uso de la cámara de gas por parte de Arizona, que ve irrelevante porque será el reo ejecutado con inyección letal.
Atwood pidió a la Corte Suprema de Arizona que retrasara su ejecución mientras sus abogados aportaban nuevos argumentos sobre su pretendida inocencia; su moción fue rechazada la semana pasada, pero ahora está sometiéndose de nuevo a consideración.
Además, su defensa sigue discutiendo con las autoridades estatales sobre cuestiones religiosas antes y durante la ejecución. El preso es practicante de la fe ortodoxa griega desde hace más de dos décadas y quiere que el estado le permita someterse a una ceremonia de iniciación religiosa antes de la ejecución y recibir la extremaunción mientras está en la cámara de ejecución.
Arizona ha aceptado en gran medida su petición, pero las dos partes están en desacuerdo en detalles y un juez está dirimiendo el asunto.
Atwood fue condenado por el asesinato de Vicki Hoskinson en 1984.
El hombre secuestró a la niña, cuyos restos fueron descubiertos en el desierto al noroeste de Tucson casi siete meses después de su desaparición. Los expertos no pudieron determinar la causa de la muerte a partir de los restos, según los registros judiciales.
Atwood mantuvo que es inocente de los crímenes. Hasta el mes pasado, Arizona pasó casi ocho años sin llevar a cabo una ejecución. El paréntesis se ha atribuido a la dificultad para conseguir los fármacos de la inyección letal, ya que los fabricantes se niegan a suministrarlos, y a los problemas surgidos durante la ejecución en julio de 2014 de Joseph Wood, a quien se le administraron 15 dosis de una combinación de dos fármacos durante casi dos horas. Wood resopló repetidamente y jadeó antes de morir. Su abogado dijo que la ejecución había sido una torpeza.
El paréntesis terminó el 11 de mayo, cuando el estado ejecutó a Clarence Dixon por el asesinato de Deana Bowdoin, una estudiante de 21 años de la Universidad Estatal de Arizona, en 1978.
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Como parte del argumento de Atwood para conseguir que se retrase su ejecución, sus abogados cuestionaron si el pentobarbital compuesto que se utilizará en la ejecución cumple las normas farmacéuticas y si el estado ha cumplido el requisito de que la fecha de caducidad del fármaco sea posterior a la fecha de ejecución.
Los fiscales afirman que Atwood estaba tratando de posponer indefinidamente su ejecución mediante maniobras legales.
Hace dos semanas, el acusado se negó a elegir entre la inyección letal o la cámara de gas, dejando que se le aplicara la inyección letal, el método de ejecución por defecto del estado.
Arizona, California, Missouri y Wyoming son los únicos estados con leyes de ejecución por gas letal que llevan décadas en vigor. Arizona, que llevó a cabo la última ejecución en una cámara de gas en Estados Unidos hace más de dos décadas, es el único estado que todavía tiene una cámara de gas en funcionamiento.
En los últimos años, Oklahoma, Mississippi y Alabama han aprobado leyes que permiten las ejecuciones con gas nitrógeno, al menos en algunas circunstancias, aunque los expertos afirman que nunca se ha hecho y que ningún estado ha establecido un protocolo que lo permita.
Los abogados de Atwood también aseguraron que Arizona podría retomar las ejecuciones por pelotón de fusilamiento, un método de ejecución que no se utiliza en el estado.