Por Ryan J. Reilly - NBC News
Tres años después de que una turba de simpatizantes de extrema derecha asaltara el Capitolio en un esfuerzo por revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, el Gobierno federal ha conseguido cientos de condenas en cargos que van desde protesta ilegal, hasta conspiración sediciosa.
Ahora, en un año que se perfila como uno de los más importantes de la política estadounidense, los fiscales se preparan para el juicio contra el acusado principal por lo ocurrido el 6 de enero: el expresidente Donald Trump.
Trump está previsto a presentarse tan pronto como marzo en un caso de interferencia electoral dirigido por el fiscal especial Jack Smith; el exmandatario se ha declarado no culpable.
El tercer año de la extensa investigación por los ataques del 6 de enero —la mayor investigación penal en la historia del Departamento de Justicia— consiguió importantes logros para los fiscales federales y el FBI cuando cientos de casos llegaron al sistema judicial, pese a que cientos de personas que participaron en el asalto siguen prófugas, y solo quedan dos años para presentar cargos antes de que prescriba el delito.
Sobre todas las causas penales relacionadas al caso —más de 1,200 de ellas— se cierne la posibilidad de que Trump sea electo presidente de nuevo. El exmandatario ha prometido perdonar "a gran parte" de los implicados "tan pronto" si gana en 2024.
Tras diseminar mentiras sobre la elección de 2020 en el período previo al ataque del 6 de enero, Trump aseguró —en la víspera del tercer aniversario— que el ataque fue perpetrado por "antifa" y el "FBI". (No existe evidencia que soporte las afirmaciones de Trump y muchos de los involucrados que figuras de la extrema derecha alegaron que eran de antifa o agentes federales encubiertos fueron arrestados y se demostró que eran simpatizantes de Trump).
Mientras tanto, los detectives en línea o "cazadores de sediciosos" que han ayudado al FBI en cientos de casos contra los implicados en el asalto aseguran que continuarán presionando a las autoridades federales para que tomen acciones en contra de cientos de personas adicionales que han identificado como participantes en la revuelta y que aún no enfrentan cargos. De acuerdo a sus estimaciones, compartidas con la cadena NBC News, existen al menos 1,000 involucrados que han sido identificados pero no detenidos.
Un investigador ciudadano, que ha jugado un rol crítico en este esfuerzo y que habló en condición de anonimato con NBC News, dijo que era "frustrante" conocer las identidades de cientos de implicados, muchos de ellos fueron grabados cometiendo ataques violentos contra oficiales, y estar estancado esperando acciones de parte de las autoridades federales.
"En mi mente estaría asegurarme de mantener el 6 de enero en el ojo público, no solo intentando que los implicados rindan cuentas de sus actos, sino también las autoridades y el Departamento de Justicia como un todo", afirmó.
Matthew Graves, uno de los principales fiscales federales en Washington, confirmó esta semana en rueda de prensa que hay futuros arrestos en camino.
"Muchos ciudadanos en todo el país se han acercado para identificar individuos conectados con los ataques del 6 de enero. Como resultado de esas pistas, varios han sido identificados y serán procesados pronto por actos violentos en el Capitolio y otras violaciones a la ley federal", aseguró Graves.
Incluso con cientos de casos que posiblemente irán a corte, el 2023 fue fácilmente el año con más resultados en cuanto a la investigación del asalto al Capitolio. Stewart Rhodes, fundador del grupo ultraderechista Oath Keepers, uno de los primeros implicados en el ataque y condenado por conspiración sediciosa, fue sentenciado a 18 años en prisión. Un juez lo calificó como "una amenaza constante y un peligro para este país".
El exlíder de los Proud Boys, Enrique Tarrio — cuyos abogados dijeron que se le estaba usando como "chivo expiatorio" para Trump — también fue condenado por conspiración sediciosa junto a otros tres Proud Boys. Tarrio fue sentenciado a 22 años en prisión federal, la condena más grave para un acusado por el ataque.
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Mientras tanto, continúan las amenazas contra las autoridades. Un hombre de Texas disparó contra oficiales cuando se le informó que enfrentaría cargos por el caso. Otro, fue arrestado cerca de la casa del expresidente Barack Obama después de que Trump publicara en redes sociales la dirección del exmandatario demócrata.
En el futuro habrán retos. La Corte Suprema revisa uno de los cargos con los que se ha acusado a más de 300 implicados, entre ellos Trump.
En comentarios previos al aniversario del ataque, el fiscal general Merrick Garland aseguró que el país "no debe olvidar nunca la terrible violencia que sufrieron los oficiales el 6 de enero", calificando la investigación como una de las más complejas y con más recursos de la historia del Departamento de Justicia.
"Nuestro trabajo continúa", insistió.