La corte federal del Distrito Occidental de Texas emitió este jueves una resolución preliminar que bloquea temporalmente la ley estatal SB4, que convirtió en delito cruzar de forma irregular la frontera.
La moción fue presentada por varios grupos en defensa de derechos de los inmigrantes, y se opuso a ella el Gobierno estatal; se trata en cualquier caso de una decisión temporal hasta que la corte examine el fondo del asunto y tome una decisión, que podría ser apelada por cualquiera de las partes hasta llegar incluso a la Corte Suprema.
Aprobada a mediados de noviembre por el Congreso estatal (bajo control republicano) y ratificada un mes después por el gobernador, el también republicano Greg Abbott, la ley convierte en delito menor el que una persona foranea “ingrese o intente ingresar al estado desde una nación extranjera” de forma irregular.
El gobernador estatal, Greg Abbott, avisó en un comunicado en X que la resolución de esta disputa será decidida “en última instancia por la Corte Suprema de los Estados Unidos”.
“Texas apelará inmediatamente esta decisión, y no retrocederemos en nuestra lucha para proteger a nuestro estado —y a nuestra nación— de la crisis fronteriza del presidente Biden", dijo Abbott. "Texas tiene derecho a defenderse debido al continuo incumplimiento de Biden de su deber de proteger a nuestro estado de la invasión en nuestra frontera sur".
Abbott había dicho, durante la ceremonia de la firma de la ley junto a la frontera en Brownsville, que el objetivo de la medida es “detener la oleada de entrada ilegal en Texas” por lo que esperaba que los cruces ilegales en los límites del estado se reduzcan entre 50% y 75%. “Los cárteles de la droga no van a querer operar en Texas”.
Partes de la ley entraron en efecto el 6 de febrero, específicamente la que establece que se impondrá una pena mínima obligatoria de 10 años a quienes sean acusados de tráfico de indocumentados. Si el delito es considerado grave, la pena mínima de cárcel asciende a 15 años o más si existe otra disposición legal que sea aplicable al caso.
Una larga disputa entre Abbott y Biden
La medida cautelar, concedida por el juez de distrito David Ezra, forma parte de varias batallas legales entre Texas y el Gobierno de Joe Biden sobre hasta dónde puede llegar el estado para tratar de impedir que los inmigrantes crucen la frontera, según informa la agencia de noticias The Associated Press.
En una audiencia celebrada el 15 de febrero, el juez expresó su escepticismo sobre la ley, pero también se mostró comprensivo con las preocupaciones expresadas por Texas sobre los cruces ilegales.
Ezra, nombrado por el expresidente republicano Ronald Reagan, aseguró que temía que el país se convirtiera en una confederación de estados que aplicaran sus propias leyes de inmigración: “Eso es lo mismo que la Guerra Civil estableció que no se puede hacer”.
Los grupos de derechos civiles, que también demandaron al estado, han argumentado que la ley podría dar lugar a violaciones de los derechos civiles y a la elaboración de perfiles raciales.
Texas ha defendido que la ley no afectaría a los inmigrantes que ya viven en el país debido a la prescripción de dos años de la acusación de entrada ilegal y que sólo se aplicaría en la frontera del estado con México.
[Greg Abbott anuncia que se instalará más alambre de púas en la frontera]
Con las tensiones entre Texas y el Gobierno federal sobre quién y cómo puede patrullar la frontera, otros gobernadores republicanos han expresado su apoyo a Abbott, quien ha dicho que Biden no está haciendo lo suficiente para hacer cumplir las leyes de inmigración.
Texas ha colocado una barrera flotante en el Río Grande, puso alambre de púas a lo largo de la frontera con México e impidió que los agentes de la Patrulla Fronteriza accedieran a un parque frente al río en Eagle Pass que antes se usaba para procesar a inmigrantes.