El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) se prepara para una reorganización de sus funciones mientras las detenciones y deportaciones de indocumentados alcanzan su punto mínimo en décadas por los cambios provisionales de políticas ordenados por el Gobierno de Joe Biden.
En abril se registraron 2,962 deportaciones, bajando por primera vez en la historia de la agencia federal de las 3,000, según informó el diario The Washington Post. Esta cifras supone una media de un arresto cada dos meses por trabajador de ICE, y alimenta la sensación de muchos compartida con el diario de que su trabajo se está extinguiendo.
El Gobierno publicará esta semana su primera solicitud de presupuesto para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), mientras activistas presionan para que se clausuren más centros de detención, después del anuncio de la semana pasada del cierre de dos prisiones en Georgia y Massachusetts denunciadas por abusos.
Biden ha dejado claro que no quiere eliminar la agencia, y el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, tampoco quiere reducir su personal y financiación, pero ultima una evaluación que podría cambiar la naturaleza de ICE: “Estoy centrado en que se convierta en una agencia de seguridad nacional y de aplicación de la ley de primer orden”, explicó en una entrevista.
Las nuevas directrices definitivas estarán listas en breve, según Mayorkas, que anticipa "cambios significativos".
Mayorkas emitió en febrero unas nuevas directrices temporales sobre arrestos y deportaciones, para centrar los operativos de ICE en los inmigrantes que suponen un riesgo para la seguridad nacional, en aquellos que han cometido delitos graves, y en los que cruzaron la frontera, para ese momento, hacía menos de cuatro meses.
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Las nuevas directrices de ICE definen qué casos son considerados una amenaza a la seguridad nacional, la seguridad fronteriza y la seguridad pública. Además, establecen que deberá haber proceso de aprobación previo por parte de los responsables de la agencia para detener a otros indocumentados que no entren en esas categorías.
Las personas que representan una amenaza para la seguridad nacional son aquellas de las que se sospecha que hayan participado en actos de terrorismo o espionaje, o cuya detención es necesaria para la seguridad del país.
Suponen una amenaza para la seguridad fronteriza aquellos inmigrantes detenidos cuando intentaban entrar ilegalmente al país a partir del 1 de noviembre de 2020.
Y son considerados una amenaza para la seguridad pública aquellos que han sido condenados por un delito grave o que hayan estado involucrados con bandas u organizaciones delictivas, y existan razones para creer que actualmente suponen una amenaza para el país.
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Los cambios en las políticas de inmigración han provocado frustración en los funcionarios del ICE, que según el citado diario han manifestado que pasan el tiempo ociosos o haciendo papeleos, y que además están temerosos a ser amonestados por hacer una detención.
"Es un momento extraño y frustrante", dijo bajo el anonimato un funcionario, "da la sensación de que la Administración no nos cubre las espaldas".
Los estados de Arizona y Montana, gobernados por el Partido Republicano, han llevado ante la justicia a la Administración federal para bloquear esas nuevas directrices que limitan el arresto de indocumentados.