Por Mithil Aggarwal y Nancy Ing — NBC News
El precio de ser ciudadano estadounidense para aquellos que viven en el extranjero ha sido, para muchos, demasiado elevado.
Esto debido a que el sistema tributario de Estados Unidos no toma en cuenta dónde viven o trabajan sus ciudadanos, lo que ha llevado a miles a renunciar a su ciudadanía.
[Miles de estadounidenses intentan renunciar a su nacionalidad y no pueden]
Pero esta decisión también solía tener un alto costo. Y tras el anuncio del lunes del Departamento de Estado de que reducirá la tarifa, muchos exciudadanos presentaron una demanda colectiva este miércoles para obtener un reembolso por lo que gastaron en el pasado.
La medida marca una nueva etapa en una batalla de años por parte de los llamados “estadounidenses accidentales” —ciudadanos que no viven en el país ni tienen vínculos reales con éste, pero que aun así deben pagar impuestos— para que les bajen los impuestos.
Rachel Heller, por ejemplo, cuenta que pagó 2,350 dólares para poder renunciar a su ciudadanía hace años, una cifra casi equivalente a su salario mensual.
Luego de que el Departamento de Estado anunciara que reduciría la tarifa a 450 dólares, el salario que ella solía cobrar hasta 2014, Heller, quien vive en Países Bajos y es una de las principales demandantes, busca un reembolso por la diferencia.
Como un “divorcio”
Heller es parte de un grupo de 30,000 exciudadanos estadounidenses, según la asociación Estadounidenses Accidentales que lleva la demanda y exige un cambio en el sistema tributario.
A diferencia de la mayoría de los países, Estados Unidos impone un sistema tributario basado en la ciudadanía, independientemente de dónde vive o trabaja una persona.
“Es algo mucho más complicado para las personas que viven en el extranjero”, dijo Heller, de 61 años.
Pero eso en 2015 la exmaestra convertida en cronista de viajes decidió que no podía seguir gastando 1,100 dólares cada año en un contador para declarar sus impuestos en Estados Unidos, donde no vive desde 1997.
Heller fue a su embajada más cercana en Ámsterdam para una breve pero última visita que la dejó llorando, cjuando entregó su pasaporte estadounidense.
“Fue como un divorcio, como romper con alguien a quien amas pero que no es bueno para ti”, dijo Heller, quien creció en Connecticut y se mudó a la ciudad de Groningen, Países Bajos.
La polémica ley FATCA
Los llamados “estadounidenses accidentales” comenzaron a llamar la atención de las autoridades fiscales de Estados Unidos hace algunas décadas.
Y en 2010, el Congreso promulgó la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras, o FATCA, para combatir la evasión fiscal de los estadounidenses con activos financieros en el extranjero, después de que un escándalo bancario suizo mostrara que los contribuyentes estadounidenses escondieron millones de dólares en el extranjero. La ley exige que los bancos extranjeros informen al IRS sobre las cuentas de los ciudadanos estadounidenses.
Como resultado, muchos son contactados por bancos en los países donde viven, y se les notifica que deben pagar también a Estados Unidos por servicios que nunca recibieron.
El Departamento de Estado comenzó a imponer una penalidad a los estadounidenses que renunciaran a su ciudadanía en 2010, y en 2014 la aumentó de 450 dólares a 2,350 (una de las más altas del mundo), citando un “aumento dramático” en las solicitudes que requerían más recursos.
El Departamento de Estado no hizo comentarios de inmediato sobre la demanda.
El peso de ser un ciudadano estadounidense en el extranjero
Sobre la reducción de la penalidad por renunciar a la ciudadanía, Fabien Lehagre, presidente de la Asociación de Estadounidenses Accidentales, señaló que "en lugar de resolver las causas que llevan a los individuos a renunciar a la nacionalidad estadounidense (la ley FATCA y los impuestos basados en la ciudadanía), el Departamento de Estado ha preferido poner barreras para limitar el aumento constante de las solicitudes de renuncia a la ciudadanía”.
Y no son sólo los impuestos lo que ha obligado a un número cada vez mayor de estadounidenses a renunciar a su ciudadanía, algo que también hizo Robert, el hijo de Heller, de 25 años.
“Cada vez estaba más claro que los bancos nos iban a poner las cosas más difíciles”, dijo Heller.
Algunos bancos extranjeros niegan servicios a ciudadanos estadounidenses como abrir cuentas, o les dificultan procesos como los trámites de préstamos hipotecarios. Debido a que el costo de cumplir con la ley FATCA recae sobre los bancos, expertos señalan que estos se han vuelto cada vez más reacios a atender a los estadounidenses.
En medio de estos obstáculos, un número récord de ciudadanos estadounidenses han optado por expatriarse. Según datos del IRS, más de 1,300 personas renunciaron a su ciudadanía estadounidense entre enero y junio.