Por Rob Wile - NBC News
El Gobierno de Biden ha prohibido en todo el país que los empresarios obliguen a sus trabajadores a firmar acuerdos de no competencia, una medida que, según los reguladores, ayudaría a aumentar la remuneración de los empleados, pero que va a ser impugnada en las cortes por grupos empresariales.
En una resolución emitida este martes por la tarde, la Comisión Federal de Comercio (FTC, en inglés) declaró ilegales las cláusulas de no competencia. La medida era necesaria, se indicó, para “proteger la libertad fundamental de los trabajadores a cambiar de trabajo, aumentar la innovación y fomentar la formación de nuevas empresas”.
“Las cláusulas de no competencia mantienen los salarios bajos, suprimen las ideas nuevas y roban dinamismo a la economía estadounidense”, declaró Lina M. Khan, presidenta de la FTC, en un comunicado. “La norma final de la FTC para prohibir las cláusulas de no competencia garantizará que los estadounidenses tengan la libertad de buscar un trabajo nuevo, iniciar un negocio o llevar una idea nueva al mercado”.
La FTC calcula que casi uno de cada cinco estadounidenses está sujeto a un acuerdo de no competencia. Se han hecho cada vez más comunes en los sectores de salarios más bajos o de trabajo por horas, como franquicias de comida rápida, restaurantes y empresas de seguridad, donde algunos empresarios han tratado de limitar la capacidad de los trabajadores de aumentar efectivamente su salario buscando trabajo en establecimientos de la competencia.
Además de prohibir todos los nuevos acuerdos de no competencia, la norma de la FTC se aplica a todos los acuerdos de no competencia existentes. A partir de ahora, los empresarios tendrán que notificar a los trabajadores vinculados a un acuerdo de no competencia vigente que ya no es aplicable.
La norma fue aplaudida por grupos sindicales y expertos políticos de izquierdas.
“Los acuerdos de no competencia tienen por objeto reducir la competencia. [Eso] está en su nombre”, indicó Heidi Shierholz, presidenta de la organización progresista sin ánimo de lucro Economic Policy Institute. “Los acuerdos de no competencia son malos para los trabajadores, los consumidores y la economía en general. Esta norma es un paso importante en la creación de una economía que no sólo sea fuerte, sino que también funcione para los trabajadores”.
La AFL-CIO, el mayor grupo sindical de Estados Unidos, elogió la nueva norma en un mensaje en la red social en X este martes, en el que dijo que los acuerdos de no competencia “atrapan a los trabajadores para que no encuentren mejores empleos, hacen bajar los salarios y ahogan la competencia”.
Pero los grupos empresariales ya han arremetido contra la prohibición, y alegan que los acuerdos de no competencia son esenciales para proteger los secretos comerciales y la información patentada. Los grupos también afirman que, en última instancia, los acuerdos de no competencia ayudan a los trabajadores al generar un entorno empresarial de más colaboración y limitar los denominados free riders, es decir, los empleados que tratan de sacar partido de los métodos de una empresa concreta y se llevan esos conocimientos a otra parte.
La Cámara de Comercio de Estados Unidos, el mayor grupo de presión empresarial del país, anunció que tiene previsto demandar a la FTC por esta decisión. En un comunicado, calificó la prohibición de “toma de poder ilegal”.
“Esta decisión sienta un peligroso precedente en la microgestión gubernamental de las empresas y puede perjudicar a los empresarios, los trabajadores y nuestra economía”, afirmó.
Por otra parte, una empresa de servicios fiscales con sede en Dallas presentó una demanda ante una corte federal de Texas –que se ha mostrado hostil a las decisiones de la administración Biden– en la que cuestiona no sólo la prohibición, sino la propia estructura de la FTC.
“Nos mantenemos firmes en nuestro compromiso de servir al legítimo interés de toda empresa por preservar las fórmulas patentadas de éxito que han sido enseñadas de buena fe a sus empleados”, afirmó en un comunicado G. Brint Ryan, presidente y director ejecutivo.
La norma de la FTC entrará en vigor en agosto, pero es poco probable que sea aplicada antes de que se resuelvan los casos judiciales, algo que podría llevar años.