Cuando Jamie Moore llegó a su casa en la noche de un jueves de marzo, se sorprendió al encontrar a su suegra en su sala de estar. Glenda Moore, de 67 años, había estado en su silla de ruedas durante horas. Sin nadie que la ayudara a ir al baño, había hecho sus necesidades allí. También estaba teniendo problemas para respirar. "Fue horrible", recordó Jamie.
Glenda Moore le dijo que había sido dada de alta del hogar de ancianos Bishop Care Center, en Bishop, California. Había vivido en aquel extenso edificio de ladrillo al costado de una carretera estatal durante varias semanas, recuperándose de una cirugía de espalda que inesperadamente la dejó incapaz de caminar mucho y hasta de valerse por sí misma.
Varios días atrás, los administradores del hogar le habían mostrado una carta del Medicare que le explicaba que su cobertura de rehabilitación estaba terminando. Y no podía pagar la tarifa mensual de más de 7,000 dólares, por lo que, al ver que no tenía más opción, se marchó. (Sin advertirle a Jamie, un pariente la dejó en su casa, donde Glenda había vivido antes).
“La obligaron a irse y ella no estaba preparada”, dijo Jamie Moore, quien trabajó como asistente de enfermería. “No estaba preparada en lo absoluto”.
Como la familia supo más tarde, Glenda Moore tenía derecho a apelar la decisión del Medicare o a solicitar Medicaid, y, si calificaba (lo que luego hizo), permanecer en el hogar de ancianos con Medicaid durante el tiempo que necesitara cuidados. Sin embargo, según su familia, Moore se convirtió en uno de los miles de estadounidenses que cada año son despedidos contra sus deseos o desalojados de hogares de ancianos.
(El Bishop Care Center sostiene que la salud de Moore había mejorado y que ella abandonó voluntariamente las instalaciones; también apunta que ellos le entregaron un documento que señala su derecho a apelar la decisión de Medicare).
A nivel nacional, quienes defienden a ancianos y a discapacitados que residen en hogares de ancianos y en centros de vida asistida recibieron en 2017 10,610 quejas sobre altas y transferencias, más que las 9,192 que se produjeron en 2015.
Estos ombudsmen o defensores del pueblo, financiados federal y estatalmente, reciben más reportes sobre expulsiones y transferencias a otros centros que cualquier otro tipo de quejas.
Pero estas probablemente muestren apenas una pequeña fracción del problema, opina Kelly Bagby, vicepresidenta de la Fundación AARP, una organización sin fines de lucro que atiende a personas vulnerables de más de 50 años.
“La mayoría ni siquiera sabe que tiene derechos", dijo. Por ello, muchas quejas nunca conducen a una investigación estatal formal.
Tanto los ombudsmen como los expertos y el gobierno federal dicen que los hogares de ancianos tienden a desalojar a los residentes a largo plazo y de bajos ingresos que reciben Medicaid, para dar cabida a pacientes de rehabilitación a corto plazo que están cubiertos por Medicare.
Como Medicare les reembolsa a los hogares de ancianos con una tasa más alta que Medicaid, es más lucrativo que estas instalaciones alojen a pacientes de Medicare que se quedan por períodos cortos, antes de que se recuperen y muden a otro lugar.
En California, por ejemplo, el reembolso estatal promedio de Medicaid para un hogar de ancianos es de 219 dólares al día, según la Asociación de Centros de Salud de California, mientras que Medicare puede reembolsar más de 1,000 dólares diarios, aunque solo por hasta 20 días, que es cuando los pacientes deben comenzar a pagar parte de sus honorarios. (La cobertura de Medicare finaliza completamente después de 100 días).
Los ombudsmen dicen que los avisos de desalojo a menudo se entregan alrededor de los 20 días después de la llegada del paciente.
“Es ilegal discriminar a los residentes en función de su fuente de pago, pero sucede todo el tiempo”, apunta Tony Chicotel, abogado de California Advocates for Nursing Home Reform, una organización sin fines de lucro que apoya a los enfermos con cuidados a largo plazo en ese estado. “Da la impresión de que hay una ola de casos de este tipo”.
Chicotel aseguró que todos los días recibe llamadas de residentes que han entrado en pánico o de familiares amenazados con el alta de un centro de atención a largo plazo.
Deborah Pacyna, directora de asuntos públicos de la Asociación de Instalaciones de Salud de California, una asociación comercial que representa a hogares de ancianos, le dijo a NBC News que los despidos inapropiados e ilegales son “algo realmente raro”, y que el problema se exagera por la atención de los medios.
Pacyna agregó que Medical, el programa de Medicaid de California, no proporciona “fondos adecuados” para atender a muchos pacientes con problemas de salud complicados y con trastornos de conducta.
“Medicare paga más. Esas personas son pacientes de rehabilitación, entran y salen”, dijo. “Así es como se recuperan”, agregó sobre los hogares de ancianos. “Los problemas de la sociedad se manifiestan a las puertas de los hogares de ancianos”, concluyó.
“No eres más que un pedazo de basura”
Si se cumplen varias condiciones, los hogares de ancianos están legalmente autorizados a desalojar a los residentes: si su salud mejora lo suficiente; si su presencia pone a otros en peligro; si la instalación no puede satisfacer sus necesidades; si deja de pagar y no ha solicitado Medicare o Medicaid; o si la instalación cierra.
Los hogares de ancianos están obligados por ley federal a notificar por escrito con 30 días de antelación, así como a trabajar con el residente en un plan de transición.
Bagby, de la AARP, dijo que, aunque a algunos residentes se les envían cartas formales de baja a manera de aviso previo, a otros se les pide o se les presiona para que se vayan sin “derechos de debido proceso y sin aviso”.
En un caso que se produjo en Los Ángeles en abril de 2018, Ronald Anderson dijo que fue despertado por la noche por el personal del Avalon Villa Care Center. Ahí le dijeron que estaba siendo desalojado.
Ronald Anderson ahora vive en el refugio para personas sin hogar de Union Rescue Mission, en Los Ángeles. Foto: Valerie Bischoff/NBC News.
Anderson, que entonces tenía 51 años, se había instalado allí para recuperarse de una amputación parcial del pie. Esa noche lo montaron en una camioneta y lo dejaron en una acera en el centro de Los Ángeles, que tiene una de las poblaciones sin hogar más grandes del país, según un informe del Departamento de Salud Pública de California.
Anderson, quien es diabético, se quedó en una silla de ruedas sin su insulina y sin lo necesario para hacerse las pruebas, en una calle abarrotada de carpas y de vidrios rotos. Luego un informe del Departamento de Salud Pública señaló que podía haber entrado en estado de coma o morir.
“No eres más que un pedazo de basura”, dijo Anderson desde el refugio para personas sin hogar de Union Rescue Mission, también en Los Ángeles, donde ahora vive. “Te echan en la calle”.
Avalon Villa Health Care, la empresa que administra ese hogar de ancianos, tuvo que pagar 450,000 dólares para resolver una queja civil presentada por el fiscal de la ciudad de Los Ángeles en respuesta al caso de Anderson y a otros desalojos de residentes sin hogar.
Este fiscal estableció una línea telefónica directa de emergencia e invitó a la población a denunciar casos de abandono de residentes.
Por su parte, un abogado del Avalon Villa Care Center le dijo a NBC News que la instalación “niega firmemente que haya dado de baja inapropiadamente a cualquier paciente” y “rechaza las acusaciones del fiscal general de la ciudad”.
El reverendo Andy Bales, director de Union Rescue Mission, dijo que la “expulsión de residentes” de hogares de ancianos y de hospitales es tan común que el refugio instaló una cámara de seguridad afuera, que Bales llama “la cámara de la expulsión”, para capturar evidencia de ello.
También dijo que está al tanto de al menos cuatro casos ocurridos el año pasado, en los que las personas fueron abandonadas en las calles aledañas a hospitales u hogares de ancianos, aunque cree que el número es mayor. Como resultado de la instalación de la cámara de seguridad, dijo: “Ya no los arrojarán delante de nosotros”.
Los defensores del pueblo dedicados a la atención a largo plazo en California recibieron 1.404 quejas sobre desalojos de hogares de ancianos en 2018, una cifra superior a los 1.022 casos reportados en 2014. Recientemente en el estado se han presentado varias demandas en relación con estas.
Según la ombudsman Molly Davies, además de recibir más quejas sobre desalojos, "también ha habido un aumento en la gravedad de algunos de estos casos”.
En algunos casos, apuntan ella y otros expertos, los hogares de ancianos dejan a los residentes en un motel de bajo costo y les pagan una o dos noches. “Hemos visto casos con residentes que tienen demencia metidos en una camioneta y arrojados al centro a las calles, sin ninguna capacidad para cuidarse a sí mismos”, dijo.
El Departamento de Salud Pública de California no les da seguimiento a los lugares donde los hogares de ancianos colocan a sus pacientes, según un portavoz del departamento. Sin embargo, en algunos casos, las inspecciones estatales de rutina y las que responden a quejas descubren que hay problemas.
En un incidente ocurrido en 2018 y descrito en un informe del Departamento de Salud y Servicios Humanos de California, un hogar de ancianos en Rosemead le dio el alta a un residente y lo colocó en un hotel sin ningún equipo médico y sin asegurarse de que se tratara de "un ambiente seguro". La residente femenina todavía necesitaba asistencia para actividades como usar el baño y asearse, y se descubrió que carecía de “la capacidad de dar a conocer sus necesidades”.
Por ello, el hogar de ancianos recibió una citación federal por "deficiencia".
En otro caso que resultó en una citación por deficiencia, un residente de un hogar de ancianos que "necesitaba una amplia asistencia" para moverse fue dado de alta y enviado a un motel. Unos días después, la persona terminó en un hospital para recibir atención de emergencia.
Estas prácticas no son exclusivas de California. En Maryland, un residente de un hogar de ancianos fue abandonado en Baltimore, una ciudad en la que nunca había estado, según la oficina del fiscal general del estado. En otro caso, un oficial del alguacil del condado de Washington acusó a un hogar de ancianos de dar de alta a un residente y de dejarlo en un almacén en un caluroso día de verano.
Incluso cuando residentes apelan las decisiones de desalojo mediante un proceso estatal y obtienen el derecho a regresar, el hogar a veces se niega a readmitirlos, de acuerdo con un grupo de demandantes en el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito. Este caso aún está pendiente, pero la corte de apelaciones se puso del lado de los demandantes en que la ley federal no permite “juicios sin sentido que permitan que los hogares de ancianos persistan en transferencias y dar de alta de maneras inadecuadas".
El Departamento de Servicios de Atención Médica de California, el Departamento de Salud Pública de California y los Centros federales de Servicios de Medicare y Medicaid se negaron a comentar, citando la política del departamento de no hacerlo sobre litigios pendientes.
Un impulso para hacer cumplir la ley
En 2016, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid endurecieron los requisitos reglamentarios en torno a las bajas y las transferencias desde hogares de ancianos, especificando que los residentes no pueden ser desalojados por falta de pago mientras están en el proceso de solicitar Medicaid o apelan una denegación de Medicaid.
Un año más tarde, la agencia anunció una iniciativa para prevenir las expulsiones ilegales, reconociendo que “algunas son movidas por preocupaciones de pago, como cuando Medicare o los residentes que pagan por vías privadas pasan a usar Medicaid como fuente de pago”.
Hasta ahora, la agencia ha aprobado 784,630 dólares para un programa en California que se enfoca en capacitar al personal de los hogares de ancianos sobre las regulaciones de alta y baja, según explicó una portavoz mediante correo electrónico.
La agencia también proporcionó 84,000 dólares para un proyecto más pequeño en Montana.
Más allá de eso, la agencia no está actuando directamente para abordar los desalojos ilegales, sino que está alentando a los estados a “proponer proyectos que busquen abordar las expulsiones de instalaciones que violan las regulaciones federales”, dijo la portavoz por correo electrónico.
Pero los defensores de los pacientes de hogares de ancianos dijeron que se necesita más. Ellos quieren que tanto las agencias federales como las estatales hagan más para hacer cumplir las normas existentes sobre desalojos.
“No hemos visto ningún cambio en la práctica”, dijo Davies, la defensora del pueblo de atención a largo plazo de California. “No hemos visto una reducción en las transferencias y los desalojos inapropiados. Hay ciertas herramientas de aplicación de ley que no se están usando de manera consistente”. Estas herramientas, dijo, incluyen las multas.
Pero el gobierno federal ha realizado cambios que redujeron las multas contra hogares de ancianos que perjudican o que ponen en peligro a los residentes.
Estos centros solían recibir multas por cada día en que se observaba una violación, pero, tras un cambio implementado por la administración Trump en julio de 2017, los hogares de ancianos generalmente son multados solo una vez por violación retroactiva.
Robyn Grant, directora de políticas públicas y defensa del grupo National Consumer Voice for Quality Long-Term Care, cree que este cambio puede afectar la forma en que se castigan a los desalojos ilegales. Por ejemplo, un hogar de ancianos que desaloja a un paciente y que se niega a readmitirlo puede ser multado una vez, en lugar de por todos los días que se le niega el acceso a la cama al residente.
En los primeros 18 meses tras el cambio en estas pautas, los hogares de ancianos en todo el país pagaron alrededor de 47 millones de dólares menos en multas en comparación con el período anterior de 18 meses, dijo el Dr. David Gifford, vicepresidente senior de calidad y asuntos regulatorios en American Health Care Association, el principal grupo de presión de la industria de hogares de ancianos.
Gifford le dijo a NBC News que con el cambio no se trataba de ahorrar dinero a la industria, sino que estaba destinado a garantizar estándares consistentes. También dijo que la nueva estructura incentiva a los hogares de ancianos a denunciar violaciones y a mejorar la atención a los residentes.
"Pensé que estaba completamente cubierta"
Después de que dejó el hogar de ancianos Bishop Care Center en marzo, Glenda Moore enfermó más. Durante las siguientes semanas, se desplazó en bicicleta entre la casa de su hijo y su nuera, varias salas de emergencia y otra residencia de ancianos a una hora de distancia. Según su hijo y su nuera, le diagnosticaron una infección de la vejiga y neumonía.
En esta habitación, Glenda Moore vivió un tiempo en la casa de su hijo y su nuera. Foto: Valerie Bischoff/NBC News
"No quiero ser una carga para los niños", dijo Glenda Moore a NBC News en una entrevista en abril. “Tenía seguro de jubilación, tenía Medicare, pensé que estaba completamente cubierta. Eso no cuenta para nada ... No tenía idea".
En mayo, su familia apeló su alta del centro. En una audiencia realizada por el Departamento de Servicios de Atención Médica de California, el administrador del hogar de ancianos dijo que Glenda Moore se había ido voluntariamente, según el informe resumido del estado.
El oficial de audiencias del estado finalmente descubrió que el centro "no cumplió con todos los requisitos de planificación de alta obligatorios reglamentarios". Sin embargo, el oficial de audiencias falló a favor del hogar de ancianos y señaló que Glenda Moore accedió a irse y se le entregó el papeleo para notificarle de su derecho a apelar la decisión de no cobertura de Medicare.
A fines de julio, había perdido 80 libras. Fue hospitalizada y el 2 de agosto murió de insuficiencia renal aguda y paro cardiopulmonar.
Su familia cree que no se habría enfermado tanto si hubiera podido permanecer en el Centro de Atención Bishop por algunas semanas más, hasta que estuviera más estable.
Jamie Moore dijo que la experiencia de su suegra ha cambiado la forma en que piensa sobre su propia jubilación.
“Nunca lo pensé mucho hasta ahora. Me asusta muchísimo”, dijo. “El sistema es el sistema. ¿Qué vas a hacer?"