WASHINGTON.— Mientras el Tribunal Supremo analiza el desmantelamiento del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en inglés) para centenares de miles de Dreamers, el Congreso afronta la ingente labor de legalizar a los jóvenes indocumentados, sin tener por ahora un camino despejado.
El programa, que desde 2012 ha protegido de la deportación a alrededor de 800.000 jóvenes indocumentados, se mantiene con vida gracias a la intervención de varios tribunales federales en California, Nueva York, Maryland y la capital estadounidense, Washington D.C., por lo que los jóvenes pueden continuar renovando sus permisos de estancia legal y de trabajo.
El Tribunal Supremo podría emitir su dictamen sobre el futuro de DACA entre enero y junio de 2020, probablemente antes de las elecciones presidenciales.
Mientras tanto, la máxima corte prácticamente está dando a los demócratas y republicanos en el Congreso un mayor campo de maniobra para negociar una legislación permanente, según expertos consultados por Noticias Telemundo.
“Como el Tribunal Supremo tiene tendencia conservadora, la mayoría supone que va imponerse la Administración, y eso significa que el Congreso sentirá la presión de aprobar algo en torno a DACA cerca de las elecciones de 2020”, dijo Sarah Pierce, analista del “Instituto de Política Migratoria (MPI, por su sigla en inglés).
Pero el Congreso afronta numerosos obstáculos para resolver el asunto de una vez por todas, y “la Casa Blanca es el comodín en el debate”, impredecible en sus posturas, a juicio de Pierce.
“La Administración probablemente exigirá que se incluyan más cambios migratorios en cualquier reforma, como una reducción en las visas familiares, que serían inaceptables para los demócratas”, explicó Pierce.
“También es posible que con las elecciones presidenciales tan cerca, los demócratas tengan menos incentivos para lograr algo con DACA, prefiriendo dejarlo como un asunto político con el que puedan movilizar a su base” a las urnas, observó la analista.
El mes pasado, la Cámara de Representantes aprobó la medida "American Dream and Promise Act", que ofrece una vía hacia la legalización y eventual ciudadanía de poco más de dos millones de inmigrantes indocumentados, incluyendo Dreamers, tepesianos y extranjeros liberianos con deportaciones suspendidas.
Bajo esa legislación, los Dreamers o Soñadores tendrían derecho a solicitar una residencia permanente “provisional” por un periodo de diez años antes de obtener la “tarjeta verde”, siempre y cuando reúnan requisitos.
Entre esos requisitos, los Dreamers deberán demostrar que entraron a EEUU antes de cumplir los 18 años y llevan al menos 4 años en el país; no tienen antecedentes penales; están matriculados en una escuela, o tienen diploma de secundaria o su equivalente, y someterse a una revisión de antecedentes.
El Senado, bajo control republicano, aún no ha programado un debate o votación de la iniciativa, y no está claro que el líder de la mayoría, Mitch McConnell, lo permita.
La mayoría de los republicanos, presionados por grupos que piden reducir incluso la inmigración legal, ha tildado la medida de la Cámara Baja como una amnistía inmerecida para quienes han violado las leyes migratorias.
Tanto la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, como la principal promotora de la medida, la legisladora demócrata Lucille Roybal-Allard, ambas de California, prometieron el viernes pasado que su bancada mantendrá la presión sobre McConnell para ayudar a los Dreamers.
Gunther Sanabria, un abogado de inmigración, acusó a los republicanos en el Congreso de carecer de “valentía política” para resolver la situación no solo de los Dreamers sino también del resto de la población indocumentada.
“Desde el principio de la Administración Trump, los inmigrantes han sido usados como ficha de negociación para avanzar las políticas del presidente. “Hoy, más que nunca, está claro que con Trump en La Casa Blanca, una reforma migratoria esta muy lejos de hacerse realidad”, advirtió.
Desde su primera contienda electoral, el presidente Donald Trump ha tenido posturas cambiantes en torno a los Dreamers: en 2016 prometió a su base que eliminaría DACA, para después profesar su amor hacia estos jóvenes; en 2017 desmanteló el programa, y el año pasado apoyó una solución “con corazón”.
Pero la Administración ha enfocado sus esfuerzos en el reforzamiento de la vigilancia fronteriza, y hasta arriesgó un cierre parcial del gobierno al condicionar el apoyo a los Dreamers a la construcción de su prometido muro fronterizo y a mayores restricciones en el proceso de asilo.
Además, un plan migratorio que presentó en mayo pasado, no hace mención alguna de legalizar a los Dreamers.
Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional para Leyes de Inmigración (NILC, por su sigla en inglés), ha dicho que el Congreso lleva años debatiendo el futuro de los “Dreamers”, y es hora de que finalmente apruebe una “solución permanente” y elimine de una vez la incertidumbre.
Al aceptar evaluar la legalidad del desmantelamiento de DACA, el Tribunal Supremo consolidó en un solo caso tres demandas distintas entabladas contra la Administración por parte de organizaciones cívicas, académicas y empresariales.
A raíz de la decisión del Tribunal Supremo de estudiar el asunto, algunas de esas organizaciones, incluyendo Microsoft y la Universidad de Princeton, urgieron al Congreso a que adopte cuanto antes una ley que codifique las protecciones de DACA para los Dreamers.
Ted Mitchell, presidente del “American Council on Education” dijo en un comunicado que la intervención del Tribunal Supremo “subraya la urgente necesidad de que el Congreso actúe ahora y apruebe una solución bipartidista y a largo plazo para proteger a los “Dreamers”.
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