Los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) deportaron la semana pasada al esposo de una soldado estadounidense fallecida en Afganistán. La hija de la pareja, una menor de 12 años, se quedó en Phoenix (Arizona). Pocos días después, ICE revirtió bruscamente su decisión y permitió que el inmigrante regresara a EE. UU.
José González Carranza, mexicano, de 30 años, fue arrestado el lunes de la semana cuando iba de camino al trabajo. El jueves por la mañana le deportaron a Nogales, Sonora, según cuentan el afectado y su abogado, Ezequiel Hernández, al diario The Arizona Republic.
Este hombre llegó ilegalmente al país en 2004 y tres años después se casó con la soldado de primera Barbara Vieyra, asesinada el 18 de septiembre de 2010 mientras servía en el Ejército de los Estados Unidos en Afganistán. Tenía 22 años.
Según su abogado, tras la muerte de su esposa a González se le concedió libertad condicional (PIP), lo que permite a indocumentados permanecer en EEUU sin la amenaza de la deportación. Pero ICE volvió a presentar el caso en contra de su cliente el año pasado.
Un juez ordenó la deportación de González después de que este no se presentó a una audiencia en la corte el pasado diciembre. El abogado dijo que nunca recibió la notificación para comparecer ante el tribunal. Cree que ICE lo envió a la dirección equivocada como sucede en otros muchos casos.
En una entrevista con este diario,el esposo de la soldado dijo que le permitieron volver a ingresar a EE. UU. a través del puerto de entrada DeConcini en Nogales, Arizona, el lunes por la tarde. Cuenta que luego los agentes de inmigración le llevaron de regreso a Phoenix
González Carranza dijo que había estado viviendo en un albergue para inmigrantes deportados en Nogales, México, una ciudad que no conocía, y expresó que estaba preocupado por su hija, Evelyn González Vieyra, ciudadana estadounidense.
Los funcionarios de ICE no han dado ninguna explicación sobre la decisión de permitir que González Carranza regresara a EE. UU. Pero Hernández cree que fue provocada por la atención de los medios sobre su caso.
El Military Times apuntó el año pasado que la administración Trump había incrementado el rechazo de las solicitudes de miembros del servicio activo y veteranos que buscaban protecciones de deportación para los cónyuges y dependientes.
Su esposa fue herida de muerte después de que un grupo de insurgentes atacara su unidad con un dispositivo explosivo improvisado y granadas propulsadas por cohetes en la provincia de Kunar, Afganistán, según dijo el Pentágono en ese momento. Su unidad había sido enviada a Afganistán como parte de la Operación Libertad Duradera.
Cecillia Wang, subdirectora legal de la ACLU, dijo que no recordaba uncaso similar. Apuntó que la deportación era innecesaria.