Kevin K. McAleenan, comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés), ha pedido al Gobierno que preside Donald Trump y al Congreso que busquen una solución ante la llegada en aumento de miles de familias y menores no acompañados que llegan a la frontera mexicana.
En una conferencia de prensa en El Paso (Texas), McAleenan ha repetido que la frontera sur ha llegado a un "punto de rotura" por el aumento del número de personas que han llegado en busca de asilo en los últimos meses, en lo que considera una "crisis sin precedentes".
Ha anunciado así que reasignará a 750 inspectores a hacer frente a este problema, lo que se traducirá, ha añadido, en mayores tiempos de espera para cruzar legalmente durante las vacaciones de Pascua. Es "una crisis operativa", ha indicado, que tendrá "impacto en el tráfico en la frontera" de peatones, carros y mercancías.
"Hacemos todo lo que podemos para evitar una tragedia y le hemos pedimos a México que colabore más con nosotros", indicó McAleenan.
La media de inmigrantes indocumentados que tratan de entrar ilegalmente en el país a través de la frontera mexicana ha alcanzado cifras nunca vistas desde hace más de una década, según datos oficiales a los que ha accedido la cadena NBC.
Sólo el 19 de marzo la Patrulla Fronteriza interceptó a 3.974 personas, el récord desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. En otras seis ocasiones se rozaron las 3.600 personas, frente a la media de 3.530 del año fiscal de 2006.
En su mayoría se trata de familias que huyen de la miseria y la violencia en El Salvador, Honduras y Guatemala, según las autoridades migratorias, familias que han desbordado las escasas plazas en refugios preparados para albergar a padres e hijos. Además, un acuerdo judicial impide mantener a familias detenidas más de 20 días.
Los inmigrantes que son atrapados cruzando ilegalmente la frontera o que se entregan en los puertos de entrada tienen derecho a intentar solicitar asilo en Estados Unidos.
Los que pasan la prueba del miedo creíble, consiguen cita ante un juez de inmigración. Hasta entonces, pueden ser encerrados en centros de detención o puestos en libertad, con o sin sistemas GPS de seguimiento.
Las autoridades fronterizas cuentan con entre 45.000 y 50.000 plazas en centros de detención, pero se encuentran desbordadas por la llegada de inmigrantes. Sólo en febrero, por ejemplo, se contabilizaron 66.450 detenidos, más casi 10.000 personas que se entregaron en los puertos de entrada.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) ha admitido que cada vez detiene a menos inmigrantes en el interior del país porque está centrando sus esfuerzos en la frontera (en los tres primeros meses del año capturó a 34.546, un 12% menos que en el trimestre anterior).
Así, cada vez son más los inmigrantes que son puestos en libertad a la espera de su cita judicial (lo que se conoce como catch and release, que Trump prometió terminar pero la realidad se lo ha impedido). En los tres últimos meses se ha liberado a más de 108.000 inmigrantes en Estados Unidos, según ha revelado director en funciones de ICE, Ronald Vitiello, al diario San Antonio Express-News.
Las organizaciones sociales y religiosas también están saturadas y necesitan recursos adicionales para ayudar a todas estas personas y familias que muchas veces son abandonados a su suerte por las autoridades en estaciones de autobús.