El gobierno de Donald Trump podría estarse preparando para terminar con el Estatus Temporal de Protección o TPS para 300,000 centroamericanos y haitianos, un cambio temido por todas las organizaciones pro inmigrantes que afectaría las vidas de personas que, en su mayoría, tienen más de 20 años en este país, una vida hecha e hijos ciudadanos.
La posibilidad parece inminente luego que este viernes trascendieran reportes de una carta en la que el Departamento de Estado le comunica al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que los centroamericanos (hondureños, salvadoreños y nicas) así como los haitianos, ya no necesitan esta protección porque en sus países ya no existen las condiciones que hicieron necesario el programa.
La información sobre la carta y filtraciones de parte del gobierno de Trump fueron reportadas este viernes por la tarde por el periódico Washington Post, pero hace semanas que se anticipaba una decisión negativa al respecto.
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El lunes, el gobierno debe anunciar la decisión en torno a la continuación o no del programa para casi 60,000 hondureños y nicaraguenses. Según USCIS, hay 64,000 personas de Honduras que tienen protección contra la deportación y permiso de trabajo con el TPS y otros casi 3,000 de Nicaragua.
Según el Washington Post, la carta del Secretario de Estado Rex Tillerson dice que estas personas “ya no necesitan la protección” del TPS, que originalmente se les dió entre 1999 para Hondureños y Nicas y 2001 para Salvadoreños. Los haitianos lo recibieron en el 2010.
Gustavo Torres, director ejecutivo de la organizacíon pro inmigrante CASA, estuvo entre los primeros en reaccionar este viernes.
“El hecho que los Hondureños y Haitianos, junto a otros centroamericanos que han vivido en este país, comprado casas y criado familias por caso dos décadas, puedan ser expulsados de este país hacia países sin infraestructura e incapaces de absorber su regreso es lo más bárbaro y sin corazón que pueda haber decidido este gobierno desde que se inició”, dijo Torres.
Honduras Casa Alianza reporta que más de 700 niños y jóvenes han muerto en ese país debido a la violencia pandilleril en 2016.
El TPS es un programa temporal que protege de la deportación y da permisos de trabajo a personas de países designados. Generalmente, se trata de lugares que han sufrido un desastres natural o una guerra o conflicto civil.
Numerosas organizaciones, empresarios, líderes religiosos y otros han estado abogando por la extensión de TPS. Los activistas y partidarios alegan que lo que significaría el regreso de estas personas amerita una extensión “hasta que el Congreso puede considerar una solución más permanente”.
El activista y líder de la organizaición cabildera America´s voice dijo que con esta recomendación, el secretario Tillerson está haciéndole más caso a “los nativistas (racistas) en la Casa Blanca y DHS que están empeñados en una estrategia de deportación masiva”.
“Está claro que Tillerson no esta escuchando a los profesionales”, dijo Sharry. “Esta recomendacion no se basa en las condiciones del país o el impacto que cientos de miles de regresados puedan tener en esos frágiles países. Y filtrar esta información en un viernes por la noche es un acto de cobardía”.