El primer efecto inmediato y directo de la decisión de un juez federal en Texas contra la acción ejecutiva en inmigración del gobierno de Obama, es que este miércoles no se comenzarán a recibir las solicitudes de los jóvenes “soñadores” que habrían sido cubiertos por el programa.
La decisión del juez de Distrito Andrew Hanen afecta también a los otros millones de indocumentados que igualmente se verían favorecidos con el programa de Obama y que en los próximos meses estaban supuestos a comenzar el proceso de regularización para no ser deportados y obtener un permiso de trabajo.
Es claro que desde cualquier punto de vista que se le vea lo resuelto por el juez es una victoria para los que se oponen a la acción ejecutiva de Obama y en general a la idea de dar un respiro -o una ayuda- a los indocumentados.
La única salvedad es que lo del juez no es definitivo. El gobierno ha dicho que apelará el fallo y no sería extraño que el caso termine ante la propia Suprema Corte de Justicia. Por hoy sin embargo, es la decisión del juez Hanen la que manda. La tantas veces mencionada acción ejecutiva de Obama, la llamada “mini reforma migratoria” que favorecería a entre cuatro y cinco millones de indocumentados, está hoy en el congelador.
En cierto sentido la decisión de Hanen a sorprendido a muchos debido a que en los círculos legales no se le daban muchas posibilidades a la demanda de los 26 estados -encabezados por Texas- contra la acción ejecutiva de Obama.
El argumento principal de los que apoyan lo hecho por el presidente es que el mandatario estaba en su derecho al hacer lo que hizo. Que el tema de inmigración es asunto del gobierno federal en Washington y que además es parte de la potestad del jefe del Ejecutivo decidir cómo se aplica la ley o cómo se utilizan los recursos para tal aplicación (establecer prioridades sobre a quién se deporta).
El juez Hanen no es que haya dicho que este argumento no es válido. Simplemente lo que ha resuelto es que la demanda de los estados tiene a su juicio ciertas posibilidades de triunfar y que por ello debe continuarse con el proceso legal. Y que el programa de acción ejecutiva debe pararse en seco hoy mismo debido a que si por ejemplo se comienzan a recibir solicitudes de los “soñadores” se causará un daño irreversible a los estados demandantes (estos jóvenes beneficiados podrán por ejemplo obtener licencia de conducir).
La sentencia del juez Hanen es un documento de más de 100 páginas, sin embargo hay quizá dos ideas centrales que amerita comentar. Esto de las licencias no se crea que es una broma. Va a uno de los puntos nodales de la demanda de los estados, al menos en lo que es la justificación sobre el por qué tienen el derecho a ser parte en el juicio (o el derecho a demandar al gobierno).
Según el argumento de los estados, si se acepta la acción ejecutiva de Obama, estos “soñadores” y eventualmente los otros indocumentados, una vez que el gobierno tome como válida su solicitud estarán en posición de solicitar su licencia de conducir en los estados donde viven.
Esta acción de pedir la licencia, sigue el argumento de los estados, les causará daño económico. En Texas para el caso, se habla de que una persona paga $24.00 dólares para obtener la licencia cuando que lo que le cuesta al estado expedir esa licencia es $198.73 dólares (pago del empleado que la procesa, gasto de luz, computadoras, etc.). Texas cree que habrá unos 500 mil indocumentados que potencialmente se beneficiarán con la acción ejecutiva de Obama con lo que el daño económico es mayor.
Que cada quien juzgue si este argumento es serio o es precisamente por su superficialidad que muchos pensaban que no tendría futuro en las cortes. El punto es que el juez Hanen lo tomo con toda la seriedad del mundo y sirve como una de las bases principales para justificar lo que muchos también señalaban era uno de los puntos débiles de la demanda -que los demandantes no tenían ‘standing’, por el término en ingles, o el derecho a ser parte del juicio si uno en efecto es afectado por el acto que se demanda.
La otra idea central en lo del juez Hanen es algo más complejo y que va a lo sustantivo o al contenido mismo de lo que se discute legalmente. Es el punto de si el gobierno de Obama tiene el derecho o la facultad de decidir que no deportará a esos millones de indocumentados. O para ser más preciso, de si tiene el derecho de otorgarles un estatus transitorio que les permitirá vivir y trabajar en el país legalmente.
En cierto sentido el juez acepta el argumento de los que apoyan lo hecho por Obama de que el presidente tiene el derecho de establecer prioridades sobre cómo aplicar la fuerza del estado en el tema de las deportaciones (pongo mi atención en deportar criminales y no padres de familia, etc.).
Lo que el juez parece no aceptar es la idea de que el presidente -o el Secretario de Seguridad Interna que es quien expidió el Memorándum que sirve de base a la acción ejecutiva- establezca una nueva categoría para estos indocumentados. Es decir que no sólo no se les deportará, sino que además se les crea un nuevo estatus -‘un beneficio legal en la forma de presencia legal’, detalla el juez- que no existe “en ninguna ley de inmigración”.
Además de este cuestionamiento a la esencia de la acción ejecutiva, el juez Hansen cuestiona también que el gobierno violó los procedimientos sobre cómo proceder cuando se da una nueva regulación legal de carácter “sustantivo” (periodo para comentarios del público, de los estados, etc.).
Como bien lo señaló el Fiscal General Eric Holder, esta decisión del juez Hanen representa la opinión de “sólo un juez”. Hay mucho más que decir, argumentar y valorar. Por hoy sin embargo, los que se oponen a la acción ejecutiva tienen motivo para celebrar.