Hace algo más de un mes corrió la noticia de la detención de Joseph James De Angelo, un expolicía de 72 años al que se le acusa de dos asesinatos y de más de 50 violaciones en California entre 1974 y 1986. Durante cuatro décadas, este sujeto pudo vivir lejos de los focos de las autoridades, hasta que unas pruebas de ADN llevaron a los investigadores a su arresto.
A pesar del tiempo transcurrido, este fue un caso que se resolvió favorablemente, por lo que las víctimas y sus familiares saben que al fin se hizo justicia.
Pero no siempre ha sido así, pues varios miles de muestras de violaciones permanecen desatendidos, en espera de un milagro.
A este tema se refiera el documental I am evidence (Soy una prueba), producido por HBO, y dedicado a los más de 400.000 kits de recolección de pruebas de violación (rape kit, según el lenguaje policial) que fueron tomados a las víctimas, colocados en unos anaqueles y sobre todo olvidados por el sistema policial y por la propia Justicia en Estados Unidos.
Como lo indica el protocolo, en el momento de una denuncia de violación, la víctima es sometida a un procedimiento en el que le toman muestras de sangre, saliva, fluido vaginal y vello púbico, a lo que se le suma una serie de fotografías realizadas a pocas horas de la agresión. Con estos elementos reunidos en una caja de cartón, la policía en teoría debería dar inicio a una investigación.
Aunque no siempre ha sido así. Las mujeres agredidas se retiran a sus casas, destrozadas en todos los sentidos, con la autoestima mancillada… y ahí quedan esperando, meses y hasta años.
“Te pasas toda tu vida escuchando que hay que contar cuando alguien te pone una mano encima -reconoce una de las mujeres entrevistadas en el documental-, lo haces, ¿y no ocurre nada?”
De ahí que sean tan impactantes las imágenes de los almacenes atestados de cajas garabateadas, tanto en las grandes ciudades como en las menos relevantes; imágenes que por sí solas resultan una denuncia contra el sistema sanitario, los cuerpos de seguridad y el sistema judicial.
“Me quedé anonadada con que hubiese tantísimos rape kits en ese enorme almacén abandonado, con las ventanas rotas y con bandadas de pájaros volando alrededor” -asegura Kim Worthy, fiscal del condado de Wayne, en Michigan, tras visitar una nave semiderruida a las afueras de Detroit, donde fueron almacenados más de 10.000 kits de violación de los que nadie se ha ocupado nunca.
“Cuando me recuperé del susto inicial, no me sorprendió. A nadie le importan las mujeres de este país”, concluye con crudeza.
Lo más alarmante de esta situación es que quienes cometieron esos horribles crímenes siguen en la calle, al acecho de una nueva víctima, que podría ser cualquiera de las mujeres de nuestra familia, tenga la edad que tenga.
Porque el violador en serie, como sabemos, no descansa. Tan solo en Cleveland, de 1.735 denuncias, 736 habían sido cursadas contra agresores en serie.
De ahí que I am evidence sea también un llamado a las autoridades sanitarias, policiales y judiciales a movilizarse para acabar con esta impunidad, en un país donde una persona es asaltada sexualmente cada dos minutos.
Del otro lado del país, esta semana The Sacreamento Bee se preguntaba por qué en California demoran tanto para procesar las evidencias de ADN, particularmente para casos de víctimas de violación.
Según el diario, en ese estado de la Costa Oeste las agencias de aplicación de la ley acumulan más de 13,000 kits de pruebas forenses que se utilizan para identificar el ADN en la ropa o el cuerpo de las víctimas.
De acuerdo con un informe de 2014 del Auditor del Estado, en California se producen aproximadamente de 1.500 a 2.200 casos de agresión sexual al año cometidos por agresores desconocidos, y todos han sido documentados con sus correspondientes kits de pruebas.
Mientras los funcionarios locales argumentan que están paralizados por la falta de presupuesto para procesar estos kits, cuyo costo de análisis individual rondaría los 1,500 dólares, se estima que procesar el material atrasado costaría unos 20 millones de dólares, además de una partida de 3.3 millones de dólares anuales para asegurar que cada kit sea analizado a pocas horas de ser recopilado.
Porque a medida que los crímenes son olvidados por la sociedad y los kits de violación se deterioran en sus estantes, es la justicia la que queda en evidencia y son muchas las víctimas que no encuentran consuelo legal, mientras no pocos de los violadores permanecen en las calles.
Aunque el gobernador de California, Jerry Brown, anunció que el presupuesto estatal gozaba de un excedente de casi 9 mil millones de dólares, todavía las autoridades del estado no se han decidido a destinar una parte de ese dinero para sacar del olvido a los tantos kits de violación que atrapan polvo en sus almacenes.