La Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, en sesión plenaria, ha revocado la decisión de tres jueces emitida el pasado viernes y ha dado luz verde al aborto de una menor retenida en un centro federal de inmigrantes en Texas. Este dictamen obliga al Gobierno a facilitar la interrupción del embarazo de la chica, que tiene 17 años y se encuentra dentro del plazo legal para abortar. Se trata de la tercera decisión judicial sobre un caso cuyo veredicto final podría recaer en la Corte Suprema. Sin embargo, el tiempo corre y en este caso es vital.
La chica, cuya identidad y circunstancias no han sido difundidas por tratarse de una menor, se encuentra en su 15a semana de embarazo; la ley estatal de Texas permite el aborto hasta la 20a semana, pero los menores deben contar con el permiso de sus padres o de un juez. La joven recibió autorización judicial, puesto que llegó al país sin acompañantes, pero las autoridades federales se negaron a llevarla a una clínica o a permitir que fuera trasladada a un centro para interrumpir su embarazo, de forma que sus abogados tuvieron que recurrir ante la justicia.
Una juez federal, Tanya Chutkan, ordenó el miércoles de la semana pasada a las autoridades federales que hicieran posible el aborto “pronto y sin retrasos”, pero los abogados del Gobierno presentaron una apelación urgente para bloquear ese dictamen. El representante de la Fiscalía General, Scott Stewart, aseguró que la menor es libre de regresar a su país de origen para abortar, aunque posteriormente admitiría que allí es ilegal. En cualquier caso, Stewart defendió que “el Gobierno tiene derecho a favorecer el nacimiento del bebé” y no debería ser obligado a facilitar abortos. La juez se dijo “asombrada” por esta postura.
El Gobierno recurrió ese dictamen a la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, y un panel de tres jueces decidió el pasado viernes reconocer el derecho de la menor al aborto pero con limitaciones. Los magistrados decidieron que el Gobierno no tenía la obligación de llevar a la menor a abortar, y que tampoco tenía por qué dejarla en manos de sus abogados o de otros adultos responsables para llevar a cabo la interrupción del embarazo. En su lugar, apostaron porque que el Gobierno llevara a cabo el proceso completo de asignación de un tutor legal para la mujer; sólo entonces la dejarían en manos de éste para que hiciera lo que fuera menester.
Los magistrados impusieron sin embargo al Gobierno que la búsqueda de ese tutor no se demorase más allá del próximo 31 de octubre, asegurando así que concluyera cuando la menor aún estaba en plazo para abortar.
La decisión fue recurrida ante el pleno de la Corte de Apelaciones, en este caso no un panel de tres jueces sino la sala completa de nueve, que este martes ha decidido por seis votos a favor y tres en contra aceptar la petición de los abogados de la menor. Los letrados habían afirmado que esperar hasta el 31 de octubre causaba un daño físico y mental injustificado a la menor, añadiendo además que era muy improbable que la asignación de tutor legal concluyese antes de esa fecha.
El pleno de la Corte de Apelaciones ha decidido anular la decisión del viernes, de forma que devuelve el caso al punto donde estaba antes de llegar a la Corte de Apelaciones, o lo que es lo mismo, al dictamen de la juez Chutkan, que ordena al Gobierno que facilite el aborto.