El pasado mes de agosto fue un mes violento en El Salvador, tanto así que ya entró a la historia como el mes donde más homicidios hubieron desde que concluyó la guerra civil en el país centroamericano en 1992.
Según cifras del Instituto de Medicina Legal, hubieron en agosto 911 homicidios, un promedio de casi 30 cada día, convirtiéndose así El Salvador en uno de los lugares más violentos del mundo.
Como muestra un botón: el veintitrés de agosto hubieron 52 muertes violentas, el día más sangriento del año.
No por casualidad las mismas autoridades salvadoreñas llaman a este agosto “el más violento en la historia de El Salvador”, según el dicho del director del Instituto de Medicina Legal, citado por la agencia AP.
No es nueva esta violencia en El Salvador. Ya en 2012 habían en el país 41.2 homicidios por cada 100 mil habitantes y al ritmo actual se prevé que esta cifra llegue a los 99, sobrepasando con creces los 58 de la vecina Honduras que en su momento ubicó al país como el más violento del mundo.
Irónico, que los dos países centroamericanos muy similares en usos y costumbres pero que al mismo tiempo se pelean -hubo incluso una guerra por el fútbol- y se hacen bromas sobre quién es más listo, mas trabajador o mas holgazán, hoy pareciera son finalistas de lujo en el macabro torneo que premia al lugar donde más violencia existe.
La explicación más extendida o más aceptada que se da sobre las causas de esta violencia es que se terminó la tregua que existía entre las pandillas o “maras” y el anterior gobierno salvadoreño. Esta tregua comenzó en 2012 y por el tiempo que estuvo vigente -un par de años- ciertamente hubo una reducción de la violencia (de más de 4 mil homicidios en 2009 para el caso a 2500 en 2013).
Al llegar al poder en 2014, el actual gobierno salvadoreño aunque también de izquierda como el anterior decidió terminar con la tregua. “No podemos volver al esquema de entendernos y de negociar con las pandillas porque eso está al margen de la ley”, señaló en su momento el nuevo presidente Salvador Sánchez Cerén.
Además de las palabras, el gobierno fue también en ese momento a los hechos: envió de regresó a varios líderes de las pandillas al penal de máxima seguridad en Zacatecoluca de donde los había sacado como parte de la negociación inicial de la tregua.
Dos preguntas surgen al menos alrededor de esto de la tregua -o el rompimiento de la misma-. Una, ¿de si está en lo correcto el gobierno al haber terminado con la misma? Ciertamente que para muchos costará aceptar que el estado negocie con grupos que se mueven en la ilegalidad. Grupos que no tienen una ideología u objetivo político que alcanzar y por lo tanto no son actores políticos con los cuales se pueda negociar -como en su momento lo fue precisamente el guerrillero FMLN hoy en el poder.
Grupos sin embargo, que son capaces con sus acciones violentas de desestabilizar al estado y por lo cual alguien con sentido pragmático o de gobernabilidad podrá decir que no importa si son delincuentes, pero si son capaces de bajar el termómetro de la violencia por qué no negociar con ellos.
Y la otra pregunta es de si esta violencia es en efecto únicamente de las pandillas.
Hay acaso otros actores en la sociedad salvadoreña que participan de esta violencia. ¿Qué de las policías como es el caso en muchas otras sociedades latinoamericanas?
O aun si es cierto que la violencia es de las pandillas, no será que para tratar de entenderla -nunca justificarla por supuesto- o ponerla en el contexto más amplio de la sociedad salvadoreña habría que buscar las causas en el país todo.
Será que la guerra civil no fue un accidente histórico sino una expresión de esa violencia estructural que existe en El Salvador debido a la pobreza, marginación y demás problemas sociales que han caracterizado por siempre a la pequeña nación centroamericana.
Lo que es claro y será una obviedad para cualquier salvadoreño que vive a diario esa violencia por la cual el país está en la noticia internacional es que no hay soluciones fáciles. Por una cuestión de legalidad no se debería negociar con las pandillas, pero al no hacerlo y correr el riesgo de que se incendie el país, cuál es la alternativa? La historia reciente muestra que la “mano dura” no da resultados. Que por más gente que se meta a la cárcel la violencia no se termina.
¿Será entonces que hay que negociar con grupos claramente en la ilegalidad? Pero de hacerlo, además del cuestionamiento moral y legal por la acción, qué del largo plazo? Cualquier tregua es un respiro táctico o temporal que no toca el problema de fondo de la violencia y de la existencia de las pandillas mismas.
Más allá de si se decide negociar como una estrategia urgente para contener la violencia, el estado salvadoreño debe trabajar para mejorar tanto las instituciones que imparten justicia como la realidad económica y social (pobreza, marginación, etc.) que da lugar a que la violencia de las pandillas encuentre fruto y adherentes.
Quién lo hubiese dicho. Los mismos guerrilleros que hace veintitantos años combatieron a sangre y fuego al derechista ejército y gobierno salvadoreño de la época, hoy que por fin están en el poder ven como su legitimidad ganada en las urnas es cuestionada por no poder proveer una de las funciones básicas de cualquier estado: seguridad a sus gobernados.
Vale preguntarse además, si la violencia y esos récords de homicidios llega a los salvadoreños de los centros urbanos y de clase media y clase media alta o de si esos muertos de a diario son únicamente de gente pobre. Detalle académico si se quiere pero importante ya que la historia demuestra que la presión pública para que los gobiernos actúen es mucho mayor cuando las elites y grupos de presión -empresarios, intelectuales, profesionales, etc.- se ven afectados.
Triste por cierto, que casi un cuarto de siglo después de que concluyó la guerra se hable de nuevo del conflicto únicamente como referencia por el número de gente que hoy muere de manera violenta.