Tal parece que a Shakira no le deja de llover sobre mojado, pues además de que dicen que la cantante colombiana “está muy preocupada” porque su padre volvió a ser hospitalizado, hay algo más, pero aunque la salud de don William Mebarak la tiene con el alma en un hilo, esta vez la estrella del pop arremetió contra el ministerio de Hacienda español por “vulnerar y violar su intimidad”.
Fue en 2018 que la fiscalía española acusó a la intérprete de no haber pagado 14.5 millones de euros (Alrededor de 13.9 millones de dólares) en impuestos sobre los ingresos que obtuvo entre 2012 y 2014. Es por ello que los fiscales encargados del caso piden una pena de ocho años de prisión y una fuerte multa económica si es declarada culpable de evasión de impuestos.
Shakira, de 45 años, ha negado repetidamente haber cometido delito alguno y rechazó un acuerdo con las autoridades para evitar el juicio. La empresa que la representa dijo que ya ha pagado lo que debía, además de 3 millones de euros (Aproximadamente 2.8 millones de dólares) en intereses.
Y es que tras cuatro años de investigación por supuesto fraude fiscal en España, surgió un nuevo conflicto entre Shakira y el Ministerio de Hacienda de ese país, luego de que la cantante acusara a las autoridades de “vulnerar” su intimidad durante todo este tiempo.
Estas palabras fueron dadas a conocer por el equipo legal de la intérprete, quien por medio de un escrito de defensa, que fue presentado ante el Juzgado de Instrucción número dos de Esplugues de Llobregat (Barcelona), el mismo que la envió a juicio en mayo pasado por presunta evasión de impuestos y la comisión de otros cinco delitos.
En el comunicado, los abogados de la artista señalan que la Agencia Tributaria utilizó a su defendida con “fines ejemplarizantes” ante la población y en su “afán de recaudo”, habrían montado toda una “campaña mediática” para obligarla a declararse culpable “a pesar de su inocencia”.
La defensa de Shakira también argumentó que el Ministerio de Hacienda de España recurrió a “medidas vulneradoras del derecho a la intimidad, como requerimientos a centros médicos para obtener información reservada como citas y resultados analíticos” y así intentar demostrar que, entre 2012 y 2014, la mujer residió en España más de 183 días al año y estaba obligada a tributar en este país.
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