Wells Fargo, el cuarto banco más grande de Estados Unidos, acordó este viernes pagar 3,000 millones de dólares para dirimir la demanda civil y resolver el juicio penal presentado por el Departamento de Justicia en 2016, por la apertura de miles de cuentas falsas con el objetivo de cumplir las metas de la entidad.
"Este acuerdo responsabiliza a Wells Fargo por tolerar conductas fraudulentas que son notables tanto por su duración y alcance como por su evidente desprecio por la información privada del cliente", dijo Michael Granston, de la División Civil del Departamento de Justicia.
Funcionarios de ese departamento denunciaron que el banco tomó varias medidas para ocultar las cuentas de los clientes, como falsificar las firmas de estos y evitar que otros empleados de Wells Fargo se contactaran con los clientes durante las encuestas de rutina sobre sus cuentas.
El dinero que la entidad bancaria pagará al gobierno en virtud de este acuerdo no se destinará a indemnizar a las víctimas. Pero las autoridades dijeron que Wells Fargo ha hecho esfuerzos por separado para compensar a los afectados por posibles pérdidas, como honorarios que podrían haberles cobrado o daños a sus calificaciones crediticias, si corresponde.
"Nos tomamos en serio los derechos de los clientes, acreedores e inversores, todos los cuales fueron perjudicados por esta conducta, donde el banco estaba inventando actividades de ventas para obtener una ventaja competitiva sobre sus clientes", declaró un alto funcionario del Departamento de Justicia.
Las condiciones del acuerdo
Como parte del acuerdo, Wells Fargo admitió que los empleados fueron presionados para vender grandes volúmenes de nuevos productos a los clientes existentes como una forma de generar más negocios, a menudo con poca consideración para las necesidades reales del cliente.
Los empleados del banco comenzaron a llamar a la práctica "juegos", e incluía abrir cuentas sin el conocimiento del cliente, emitir tarjetas de crédito y débito, y transferir dinero de las cuentas existentes a las abiertas de manera fraudulenta.
El Departamento de Justicia acordó no procesar penalmente al banco durante el plazo de tres años del acuerdo, siempre que Wells Fargo continúe cooperando con las investigaciones del gobierno.
El convenio se alcanzó con el propio banco, no con ninguna persona responsable del fraude. Pero el mes pasado, el ex presidente ejecutivo del banco, John Stumpf, fue multado con 17.5 millones de dólares por la Oficina del Contralor de la Moneda por su papel en el escándalo. Otros ex ejecutivos bancarios fueron sancionados con multas menores.
El banco ha pagado más de 4,000 millones de dólares en multas y sanciones relacionadas con el escándalo que acaparó notoriedad en 2016 cuando salió a la luz que las autoridades federales y de la ciudad de Los Ángeles sancionaron con una multa de 185 millones de dólares al banco para cerrar el caso, así como cinco millones adicionales de compensación a los clientes afectados por las comisiones y cargos originados en cuentas que no habían solicitado.
Como consecuencia, Wells Fargo anunció el despido de 5,300 trabajadores durante la investigación acerca de la apertura de miles de cuentas bancarias falsas, sin solicitud de los clientes, que llevó a cabo su personal desde 2011 bajo la presión de cumplir con los objetivos marcados por la entidad
Pero el caso se dilató aún más en 2017 cuando el banco informó que sus empleados abrieron potencialmente sin permiso de los clientes un total de 3.5 millones de cuentas entre 2009 y 2016, más de un millón más de las 2.1 de millones que salieron la luz cuando se iniciaron las indagaciones al respecto un año antes.
Prácticas indebidas de años
Después de que la institución financiera reconoció la falla, surgieron indicios de que las prácticas indebidas se remontaban incluso más atrás lo que obligó a la entidad a contratar una firma consultora externa para analizar 165 millones de cuentas abiertas entre los años comprendidos entre 2009 y 2016.
Este escándalo es el peor en la historia de Wells Fargo e incluso le costó el cargo al exdirector ejecutivo John Stumpf y la reputación de la empresa, hasta ahora impecable, que quedó hecha trizas. De hecho, la compañía tuvo que desembolsar 185 millones de dólares a un ente regulador y tras una demanda colectiva retribuyó compensaciones por valor de 142 millones de dólares.
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