El Gobierno que preside Donald Trump viola los derechos constitucionales al debido proceso de los inmigrantes al mantener detenidos a muchos sin derecho a libertad condicional durante los procedimientos de las cortes de inmigración, según ha dictaminado este miércoles una jueza federal en Boston.
En una orden publicada el miércoles, la magistrada Patti B. Saris considera que recae sobre el Gobierno y no sobre los acusados la responsabilidad de probar que podrían huir si son dejados en libertad bajo fianza, o que constituyen una amenaza a la seguridad pública y por tanto no pueden ser liberados de nuevo.
La jueza ha dado la razón así a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y al bufete de abogados Mintz, con sede en Boston, que cuestionaron este asunto en junio mediante una demanda colectiva presentada ante la corte federal de Massachusetts, que tiene jurisdicción también sobre Maine, New Hampshire, Vermont y Rhode Island.
A partir del 3 de diciembre serán los fiscales que representan al Gobierno federal los que deban probar la peligrosidad y el riesgo de fuga, de forma que los jueves migratorios puedan además evaluar si un detenido puede pagar una fianza superior a 1,500 dólares, y si existen otras condiciones posibles como el uso de un monitor de localización GPS.
El Gobierno puede apelar la decisión, según informa la web informativa MassLive.
La demanda fue presentada después de que tres inmigrantes –Gilberto Pereira Brito, de Massachussets; y Florentin Avila Lucas y Jacky Celicourt, de New Hampshire– fueran detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).
Brito fue arrestado en marzo, y los abogados de ACLU argumentaron que su detención le lastimó a él y a su esposa e hijos enfermos (de nacionalidad estadounidense), pues era el principal sostén de la familia.
Los tres han sido liberados desde entonces.
ACLU ha calificado el fallo de "victoria pionera para los derechos de los inmigrantes”.
“En Estados Unidos, la libertad debería ser la norma para todos, y la detención el último recurso", ha indicado Carol Rose, su directora ejecutiva en Massachusetts. “Esta decisión afirma que el enfoque del Gobierno sobre la detención es contrario al sentido común y a nuestros valores fundamentales”, ha añadido.