WASHINGTON.-- El presidente Donald Trump reiteró hoy su apoyo a un sistema universal para la verificación de antecedentes de compradores de armas, aumentando las presiones sobre un renuente Senado, bajo control republicano, para adoptarlo a raíz de las masacres del pasado fin de semana.
Antes de viajar a Dayton (Ohio) y El Paso (Texas), donde 31 personas murieron en sendas masacres el pasado fin de semana, Trump afirmó que está abierto a la idea de implementar un sistema universal para la verificación de antecedentes criminales para todos los compradores de armas aunque, a su juicio, hay poco “apetito” para prohibir las armas de asalto.
Sin ofrecer detalles, el mandatario dijo que ha programado reuniones privadas con líderes de su partido para discutir diversas posibles respuestas en torno a una reforma en la compraventa de armas.
“Estaré convenciendo a la gente que haga cosas que no quieren hacer incluso en el Congreso… tengo mucha influencia con mucha gente, y quiero convencerlos de que hagan lo correcto, y puedo decir que hemos logrado mucho progreso”, afirmó.
Trump también apoyó la verificación de antecedentes tras la masacre de 17 estudiantes en la secundaria de Parkland (Florida) en febrero del año pasado, pero cambió de parecer posteriormente ante presiones de conservadores y la influyente Asociación Nacional del Rifle (NRA), que se opone a cualquier medida para el control de las armas.
Los residentes de El Paso y Dayton han dicho en las redes sociales y ante los medios de comunicación que esperan que Trump use su visita hoy y su influencia para que el Congreso apruebe de una vez medidas contundentes para atajar la violencia derivada de las armas, que cada año se cobra la vida de un promedio de 36,000 personas.
Pero el líder de la mayoría republicano en el Senado, Mitch McConnell, que representa al conservador estado de Kentucky, se ha jactado de bloquear la “agenda socialista” de los demócratas, y ha dicho que sólo sometería a voto medidas que tengan el aval de Trump.
Además, McConnell ha hecho caso omiso al llamado de la oposición demócrata para que cancele el receso legislativo de agosto para que el Senado vote las medidas de la Cámara Baja, que necesitarán el apoyo de al menos 60 senadores para su aprobación.
Más escrutinio de compradores de armas
Sin embargo, una de las prioridades demócratas no guarda relación alguna con el “socialismo” sino una verificación universal de antecedentes para todos los compradores de armas, y ésta goza de gran apoyo popular.
En febrero pasado, la Cámara de Representantes, bajo control demócrata, aprobó sendas medidas en ese sentido: una impone la revisión universal de antecedentes criminales para todas las ventas de armas -no solo las disponibles en negocios con licencia federal- y para la mayoría de transferencia de armas, y la segunda amplía el tiempo de esa revisión por parte del gobierno federal.
También hay más apoyo bipartidista a las llamadas "leyes de alerta roja" - “red flag laws”, en inglés-, pensadas más bien para restringir a personas “peligrosas” que no deberían tener acceso a las armas, no para enjuiciar o encarcelarlas.
Esas leyes, crecientemente populares desde la masacre de 26 niños y maestros en Sandy Hook, en Newtown (Connecticut) en 2012, permiten que familiares, policías, o terceras personas soliciten a un tribunal que confisque temporalmente las armas de personas que puedan ser un peligro para la seguridad pública.
En ese caso, la orden del juez prohibiría que esa persona pueda comprar o vender armas. El problema es que este tipo de leyes son un parche temporal y varían de un estado a estado, así como su eficacia a la hora de implementarlas debido a los recursos con los que pueda contar la policía local.
La idea es que, como las masacres no ocurren “de la nada” -siempre hay algún indicio previo, como mensajes problemáticos de un individuo o su obsesión con actos de violencia-, los familiares puedan tomar medidas con antelación para evitar tragedias.
En la actualidad, 17 estados, entre éstos California y Florida, y el Distrito de Columbia, sede de la capital estadounidense, tienen alguna variación de este tipo de leyes, según el grupo “GunsandAmerica.org", pero la NRA las considera una intrusión del gobierno.
Más presiones sobre McConnell
Legisladores de ambos partidos y grupos cívicos progresistas aumentaron hoy sus presiones para que McConnell deje de lado su bloqueo unilateral y permita al meno un debate de las medidas sobre el tapete.
En declaraciones a la cadena CNN, el legislador demócrata y precandidato presidencial, Tim Ryan, se mostró visiblemente enfadado e instó a McConnell a que “tenga cojones, y haga algo” respecto a la prolífica venta de armas en este país.
“Ya basta, Mitch McConnell, levanta el trasero y haz algo”, exclamó.
Por su parte, el gobernador republicano de Ohio, Mike Dewine, develó el martes pasado un plan de 17 puntos para que la legislatura estatal apruebe medidas como la confiscación de armas a “individuos potencialmente peligrosos” y ofrecerles tratamiento psiquiátrico; una obligatoria revisión de antecedentes para los compradores, y más sanciones para criminales por la posesión ilegal de armas de fuego, entre otras.
Desde la Cámara de Representantes, el legislador republicano de Ohio, Mike Turner, dijo ese mismo día que apoya prohibir la venta de armas de calibre militar a civiles y las llamadas leyes de “alerta roja”.
“La matanza que estas armas de calibre militar pueden producir cuando están disponibles para personas equivocadas es intolerable”, afirmó.
Turner, quien por ahora tiene el “sello de aprobación” de la NRA, apoyó estas medidas aparentemente después de que su hija estuviese muy cerca del bar donde se produjo la masacre en Dayton la madrugada del domingo.
Anoche, durante una vigilia afuera de su oficina en Louisville (Kentucky), centenares de manifestantes portaban carteles contra McConnell, con mensajes como “haz tu trabajo”, “deja que el Congreso vote”, y “trabaja para todos, no solo para tu partido”.
McConnell no ha hecho declaraciones públicas pero en su cuenta en Twitter repitió su consabida postura de que habrá avance en el Congreso sólo mediante esfuerzos bipartidistas, y ha conversado con tres líderes republicanos sobre las medidas que solicitó Trump el lunes pasado, centradas en asuntos de salud mental.
La oficina de McConnell en la capital estadounidense tiene una grabación que indica que “no está recibiendo mensajes en estos momentos”.
McConnell ha girado instrucciones para que los senadores republicanos Lindsey Graham, Lamar Alexander y Roger Wicker, que presiden los comités Judicial, de Salud y Comercio, respectivamente, elaboren leyes que cuenten con el apoyo de Trump.
Esas leyes se centrarían en asuntos como el fortalecimiento de servicios de salud mental, la influencia de videojuegos en actos de violencia, y alicientes para que los gobiernos estatales restrinjan el acceso a las armas para personas “peligrosas”.
“Sólo esfuerzos serios, bipartidistas y bicamerales nos permitirán continuar con esta importante labor para avanzar en una legislación que pueda aprobarse en el Senado, en la Cámara de Representantes, y logre la firma del presidente”, sostuvo McConnell.
Trump afirmó hoy erróneamente que “no se ha hecho mucho en los últimos 30 años” para controlar las armas, pero en 1994 el Congreso aprobó una ley que prohibió la fabricación, venta y tenencia de armas de asalto.
Esa ley caducó en 2004 y desde entonces el Congreso no ha logrado reactivarla.