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Tras reunión bipartidista de legisladores sigue sin haber un acuerdo que reabra el Gobierno

Tras el rechazo de dos iniciativas en el Senado que buscaban reabrir el Gobierno federal, las negociaciones entre los líderes republicano y demócrata fracasaron este jueves en su intento de llegar a un acuerdo que el presidente pudiera aceptar.

El Senado ha rechazado este jueves las dos propuestas de ley presentadas por iniciativa de la Casa Blanca y por el Partido Demócrata para acabar con el cierre del Gobierno federal. Los líderes republicano, Mitch McConell, y demócrata, Chuck Schumer, habían tratado de encontrar una salida negociada, pero abandonaron las negociaciones la noche de este jueves sin alcanzar un acuerdo.

El presidente, Donald Trump, había expresado que estaba dispuesto a apoyar un plan bipartidista para abrir el Gobierno al menos tres semanas, que incluyera fondos "de forma prorrateada" para su muro fronterizo.

El cierre del Gobierno federal dura ya 33 días y mantiene sin sueldo a 800.000 trabajadores federales.

El plan impulsado en el Sernado por Trump incluía una profunda reforma migratoria, pero sólo ha logrado 50 votos a favor y 47 en contra, cuando necesitaba al menos 60; los republicanos tienen 53 senadores, frente a 47 que votan demócrata. La propuesta de los demócratas también ha sido rechazada, con 52 votos a favor y 44 en contra. 

Los demócratas habían propuesto reabrir el Gobierno federal con presupuesto hasta el 30 de septiembre, excepto en el caso del Departamento de Seguridad Nacional, que sólo tendría dinero suficiente para funcionar hasta el 8 de febrero; eso daría plazo para negociar una solución permanente con Trump, al tiempo que permitiría a los trabajadores federales recobrar el dinero perdido hasta el momento.

La propuesta de Trump incluía por su parte una partida de 5.700 millones para construir el muro, pero también para contratar a 750 agentes de la Patrulla Fronteriza y 2.000 del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés); y a 75 jueces migratorios; y para aumentar las celdas para indocumentados.

Además, permitiría a los cerca de 700.000 soñadores (jóvenes llegados al país ilegalmente de la mano de sus padres cuando eran niños) ahora protegidos por la Acción Diferida de Llegados para Llegados en la Infancia (DACA, en inglés) volver a aplicar para permanecer en el país tres años más, aunque deberían cumplir condiciones más duras.

Aquellos nacidos después del 15 de junio de 1981; que entraron al país antes de los 16 años y llevan viviendo aquí desde el 15 de junio de 2007 hasta el presente; que están estudiando, se han graduado o han pasado por el Ejército; no han sido condenados por un delito, una falta grave o tres faltas leves, ni son pandilleros o una amenaza para la seguridad, tendrán derecho a aplicar, tras pagar las tasas, para conseguir extender su permiso de trabajo y residencia tres años no renovables.

Tendrían que demostrar sin embargo que tienen unos ingresos (un 125% por encima del umbral de la pobreza), y que no son una carga pública (es decir, que no reciben ayuda pública médica, educativa, de vivienda, etcétera), dos requisitos que hasta ahora no estaban incluidos en DACA; y les impediría, entre otras cosas, intentar conseguir la residencia permanente por otra vía.

DACA sigue por ahora en vigor, pese a que Trump decidió acabar con este programa en septiembre de 2017, porque cortes federales han anulado esa decisión; la Corte Suprema ha decidido no entrar a juzgar todavía el asunto, lo que permitirá al programa seguir en vigor al menos 10 meses más.

La nueva medida impediría además a los menores centroamericanos pedir asilo en la frontera, lo que “reduce el incentivo para que hagan este peligroso viaje”. Así, todos aquellos que huyen desesperado de la violencia se encontrarían la puerta cerrada. En su lugar, se pondría en marcha una vía para que pudieran solicitar asilo desde El Salvador, Guatemala y Honduras, para viajar a Estados Unidos bajo tutela de padres o tutores cualificados. La prohibición de pedir asilo en la frontera sería inmediata, pero este nuevo sistema tardaría al menos ocho meses. Además, sólo permitiría 50.000 solicitudes al año, de las que se admitirían únicamente 15.000. En el año fiscal de 2018 se interceptó en la frontera a 50.000 menores no acompañados (en 2017 fueron 41.435).

Aquellos inmigrantes que van a perder, por decisión de Trump, el estatus de protección temporal podrían también intentar conseguir una extensión de tres años más (entre ellos, 2.500 nicaragüenses, 86.000 hondureños, y 257.000 salvadoreños), con unos criterios similares a DACA; como a estos, se les prohíbe aplicar de otra forma a una green card, so riesgo de quedar desterrados para siempre del país.