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Trabajadores de la industria de mariscos denuncian maltratos y exigen protecciones laborales

En medio de la pandemia del COVID-19, los trabajadores en la industria de mariscos, casi todos con visas temporales, afrontan las mismas condiciones y abusos que los de otros sectores de la cadena de suministros de alimentos, según activistas.
/ Source: Telemundo

WASHINGTON.— Con los pulmones aún débiles y fuertes secuelas psicológicas por el COVID-19, la mexicana María Pérez continúa su lenta recuperación en su natal Sinaloa, sin abandonar su queja por presuntos abusos en la industria de mariscos en Louisiana. Pérez y un centenar de trabajadoras exigen al gobierno mayores protecciones laborales.

Pérez, de 50 años y madre de tres hijos adultos, llegó a Louisiana en enero pasado con una visa “H-2B” que vencía la próxima semana, pero dice que el patrón la despidió en mayo pasado por denunciar las condiciones laborales en la empresa.

Así, Pérez regresó a Sinaloa sin trabajo ni ahorros, pero con un grave caso de COVID-19 que inundó sus pulmones.

Noticias Telemundo entrevistó a Pérez, a activistas que defienden a los trabajadores del sector de mariscos, y a un abogado que los representa en una querella aparte contra el Departamento del Trabajo, para pintar la realidad que, según afirmaron, viven en Louisiana.

“Pasamos todo el día pelando mariscos, todos apiñados, codo a codo, y ¿cómo hacer sana distancia así? Solo teníamos media hora de almuerzo para luego seguir pelando y pesando las libras para que nos pagaran”, explicó Pérez, quien pidió el uso de pseudónimo debido a su queja pendiente.

La mexicana María Pérez, de 50 años, trabajó en la industria de mariscos en Louisiana con una visa temporal, pero dijo que fue despedida por denunciar malas condiciones laborales en medio de la pandemia del COVID-19. Pérez se regresó a su natal Sinaloa pero tiene una queja pendiente ante una agencia federal. Foto cortesía de María Pérez / Noticias Telemundo

El patrón les dio tapabocas pero nunca tomó medidas de distanciamiento social “y todas las 100 trabajadoras nos contagiamos; pues no sabemos si nos contagiamos en el hotel donde nos tenían, o en el trabajo, pero así enfermas íbamos a trabajar”, aseguró.

La migrante perdió su trabajo dos días después de enfermarse del COVID-19, “porque le pedí a los patrones que nos permitieran hablar sobre la inconformidad que teníamos por la pandemia”, explicó.

La industria de mariscos, en particular la de cangrejos de río –"crawfish" en inglés– es una de las principales fuentes de ingreso en Louisiana, y los trabajadores, al igual que los del resto de la cadena de suministros de alimentos, son considerados “esenciales”.  

El problema, según los sindicatos, es que las empresas los tratan como “desechables” en medio de la pandemia.

“Nos trataron como delincuentes”

Los $400 que Pérez ganaba semanalmente le dejaban poco para mandar remesas a su familia en México y atender sus demás necesidades porque, según aseguró, "gastaba $50 a la semana en un hotel de mala muerte donde vivíamos, aparte de la comida”.

Tratando de sofocar las lágrimas, Pérez celebra que ya tiene “más limpios los pulmones”, pero no tiene trabajo y padece de insomnio y mucha ansiedad.

“Me llamaron en mayo y con una traductora me dijeron que se había acabado mi trabajo, pero ya antes nos habían amenazado con despido. Saqué mis cosas del hotel, no les importó que estaba enferma y no tenía dónde ir”, enfatizó.

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“Primero Dios que se haga justicia, porque nos echaron a la calle, nos dejaron tiradas. Nos trataron como delincuentes”, argumentó.

Con la ayuda del Centro para la Justicia Racial para los Trabajadores de Nueva Orleans (NOWCRJ, por su sigla en inglés), Pérez presentó una queja ante la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), y los activistas no descartan presentar una demanda para que ella recupere su trabajo en la empresa Bocage.

La empresa no ha contestado una solicitud de comentarios. 

Múltiples quejas contra el Gobierno

El centro NOWCRJ representa a trabajadores indocumentados o que llegan a Estados Unidos con visas de seis meses para trabajar en la industria de mariscos, donde afrontan, según la activista Sabina Trejo, condiciones insalubres en medio de la pandemia del COVID-19.

“Todavía no hemos decidido si vamos a presentar una queja también ante la división de horas y salarios del Departamento de Trabajo, porque hemos identificado anomalías y violaciones en esa empresa”, explicó Trejo, organizadora local de NOWCRJ.

Para Trejo, OSHA y la Junta Nacional de Relaciones Laborales tienen la obligación de hacer cumplir las protecciones laborales en las plantas procesadoras de mariscos porque, de lo contrario, la situación empeorará durante la pandemia.

“Las visas están ligadas a un mismo patrón, y ese patrón tiene mucho poder. Abusan de los trabajadores del campo, de los que trabajan con mariscos y pescados, de las peladoras de mariscos. Pero los trabajadores no pueden quejarse porque sus patrones controlan las visas, los intimidan con la policía o con la migra”, observó.

“Nos preocupan estos abusos, especialmente porque el gobierno adoptó una nueva regla que priva de protecciones a trabajadores migrantes, que antes podían denunciar abusos sin miedo a represalias o a la deportación”, agregó.

Más restricciones a visas de protección

El grupo Democracy Forward presentó la semana pasada una demanda en nombre de NOWCRJ contra el Departamento del Trabajo por los cambios que realizó en 2019 al proceso de certificación de visas “U” y “T”, que el gobierno federal otorga a víctimas de abusos laborales y trata de personas, respectivamente.

“La administración Trump ha dificultado el ingreso de inmigrantes y, en este caso, ha restringido el proceso para obtener esas visas, exigiendo primero una certificación. Pero, con el nuevo proceso, los trabajadores no quieren hacer denuncias a la policía por miedo a perder sus trabajos o perder su estatus legal”, explicó el abogado Michael Martínez.

“Con esta regla, ahora los trabajadores necesitan que la policía evalúe su queja para lograr la certificación, antes de que el Departamento de Trabajo siquiera se involucre. Lo que han hecho es añadir otra capa de obstáculos al proceso”, se quejó.

“Nuestro temor es que esto va a amordazar a los empleados, porque no van a solicitar estas visas, aunque sean víctimas de crímenes o tráfico de humanos”, advirtió Martínez.

El Departamento del Trabajo tiene un plazo de 60 días para responder a la demanda o presentar una moción para desechar el caso.

Según Martha Uvalle, otra trabajadora que se regresó a México, la situación ilustra el problema de los trabajadores “huéspedes” sujetos a trabajo forzado: en la industria de mariscos, que los emplea entre enero y julio, también enfrentan largas horas, salarios bajos, hacinamiento, frío extremo, labores repetitivas, y el riesgo perenne de sufrir heridas e infecciones.

Aunque ya no existe el polémico programa de “trabajadores braceros”, instituido y desmantelado entre 1942 y 1964 debido a abusos, activistas como Trejo y Uvalle aseguran que las leyes actuales tampoco han mejorado el panorama de protecciones para los trabajadores temporales.

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