Por Sam Metz - The Associated Press
El gobernador republicano de Utah, Spencer Cox, firmó el miércoles una ley que prohibirá el próximo año que las clínicas practiquen abortos, lo que ha desatado la confusión entre centros médicos, hospitales y posibles pacientes en este estado conservador.
Los responsables de hospitales y clínicas no han detallado sus planes para adaptarse a la nueva ley, lo que añade más incertidumbre al temor de que, si los centros cierran, las mujeres no puedan acceder a la atención médica en los hospitales por problemas de personal y costos.
Tanto la organización Planned Parenthood en Utah como la Asociación de Hospitales de Utah se negaron a precisar cómo esta medida afectará el acceso al aborto en el estado, donde la situación ya era tensa para los proveedores de este servicio.
La agitación refleja la evolución que se ha producido en los estados republicanos de todo el país desde que la Corte Suprema anulara la sentencia Roe v. Wade el año pasado, transformara el panorama jurídico y provocara una serie de demandas en al menos 21 estados.
Los legisladores de Utah habían afirmado que la ley protegería “a los inocentes” y “a los no nacidos”, apuntando que no creen que el estado necesite clínicas abortistas después de que la Corte Suprema anulara el derecho constitucional al aborto.
Aunque Planned Parenthood advirtió previamente que la ley podría obstaculizar drásticamente su capacidad para practicar abortos, Jason Stevenson, lobista de la asociación, dijo el miércoles que ahora examinará más a fondo la redacción de otras disposiciones de la ley que podrían permitir a las clínicas solicitar nuevas licencias para realizar servicios equivalentes a los de un hospital.
Según la interpretación de Planned Parenthood, las clínicas ya no podrán practicar abortos con sus licencias actuales. Sin embargo, tienen previsto seguir prestando la mayoría de sus servicios, como pruebas de embarazo y de detección del cáncer. Stevenson dijo que la organización está “estudiando detenidamente” las opciones de concesión de licencias previstas en la ley, pero no quiso decir si las clínicas las solicitarían por el momento.
Jill Vicory, portavoz de la Asociación de Hospitales de Utah, explicó en un correo electrónico que era “demasiado pronto para hacer comentarios” sobre si los hospitales pronto podrían ser los únicos proveedores de aborto en Utah, señalando que cada uno “tendrá que tomar una determinación sobre cómo deciden proceder".
Si las clínicas dejan de practicar abortos, a los expertos les preocupa que el costo comparativamente más elevado de la atención y la escasez de personal de los hospitales dificulten la práctica legal del aborto en Utah, aunque la ley no suponga explícitamente una restricción para quienes lo soliciten en el estado, donde sigue siendo legal hasta las 18 semanas.
La doctora Carole Joffe, catedrática de la Universidad de California en San Francisco y autora de artículos sobre los efectos sociales de la atención sanitaria reproductiva, afirmó que la privación de licencias a las clínicas pondría patas arriba la forma en que se han practicado abortos durante décadas. Históricamente, las pacientes con embarazos de poca complicación han abortado sobre todo en clínicas ambulatorias, que por término medio pueden hacerlo a un costo menor.
“Todo en un hospital es más caro que en una clínica. Para hacer un aborto en un hospital se necesita más personal”, dijo, señalando que los hospitales, con equipos de anestesistas, médicos y cirujanos, los han practicado históricamente en situaciones de emergencia.
Otro reto al que se enfrentan los hospitales, ya sobrecargados, es la dotación de personal, dijo Joffe, tanto en términos de contratación como de conseguir personal para practicar abortos. Especialmente en los estados donde el sentimiento antiabortista es muy fuerte, muchos médicos o enfermeras de los hospitales pueden no querer practicarlos, añadió.
“Tienes que recurrir a un grupo que puede simpatizar o no con el aborto, a diferencia de lo que ocurre en una clínica, donde no vas a trabajar a menos que te comprometas a que el aborto forme parte de la atención sanitaria”, dijo Joffe.
Los defensores del aborto afirman que la confusión se debe a la falta de claridad sobre el proceso de retirada de licencias. La ley prohíbe a las clínicas obtener nuevas licencias después del 2 de mayo e instituye una prohibición total el 1 de enero de 2024. Sin embargo, los defensores se preocupan por una disposición separada en el proyecto de ley de 1,446 líneas que especifica bajo la ley estatal que los abortos sólo se pueden realizar en los hospitales.
La legislación centrada en las clínicas también ha planteado cuestiones sobre qué tipo de centros están mejor equipados para ofrecer atención especializada a los pacientes, independientemente de su situación socioeconómica o ubicación.
Si las clínicas dejan de practicar abortos, ya sea en mayo o el año que viene, podrían desviar a miles de pacientes a los hospitales y obligar a los administradores a diseñar nuevas políticas para los abortos electivos. Para ello tendrían que ampliar sus servicios más allá de los procedimientos de urgencia que ofrecían hasta ahora, lo que suscitaría dudas sobre el impacto del cambio en la capacidad, la dotación de personal, las listas de espera y los costos. El año pasado se practicaron unos 2,800 abortos en Utah.
Según la Asociación de Hospitales de Utah, ningún hospital practicó abortos electivos en el estado el año pasado.
Es muy probable que las nuevas restricciones afecten sobre todo a las mujeres que desean interrumpir el embarazo mediante medicación, lo que representa la mayoría de los abortos en Utah y Estados Unidos. La medicación abortiva está autorizada hasta las 10 semanas de embarazo, se prescribe principalmente en clínicas y, desde un cambio en la normativa de la FDA de la época de la pandemia, se ofrece cada vez más a través de la telemedicina.
La nueva ley adquiere una importancia añadida en medio del limbo legal que rodea a otras leyes sobre el aborto que se han firmado en Utah.
La sentencia de la Corte Suprema del año pasado llegó tras dos leyes aprobadas anteriormente: la prohibición del aborto después de las 18 semanas en 2019 y la prohibición del aborto independientemente del trimestre en 2020, con varias excepciones, entre ellas los casos de riesgo para la salud materna, así como la violación o el incesto denunciados a la policía. Planned Parenthood en Utah demandó la prohibición de 2020 y, en julio, un tribunal estatal aplazó su aplicación hasta que se resolvieran las impugnaciones legales. Desde entonces, la prohibición de las 18 semanas se ha convertido en ley de facto.
Los defensores del acceso al aborto han denunciado la prohibición de las clínicas de este año como una puerta trasera que los legisladores antiabortistas están utilizando para limitar el acceso mientras las cortes deliberan. Si los abortos se restringieran independientemente del trimestre a las circunstancias excepcionales, los cierres tendrían implicaciones menos amplias para las pacientes que persiguen abortos electivos de cero a 18 semanas de embarazo.
La ley también aclara la definición de aborto para abordar las preocupaciones de responsabilidad legal que los proveedores expresaron sobre la forma en que las excepciones están redactadas en la ley estatal — una disposición que el gobernador y los legisladores republicanos llamaron un compromiso