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Una junta médica de Indiana sanciona a una doctora por hablar públicamente del aborto que practicó a una niña de 10 años

La menor latina, que fue violada, viajó a Indiana debido a las estrictas leyes de Ohio. Su caso se conoció justo después de que la Corte Suprema de EE.UU. eliminara la protección al aborto a nivel federal.

Por Aria Bendix - NBC News

Una junta médica de Indiana sancionó el jueves a una doctora de Indianápolis por violar las leyes de privacidad de los pacientes al hablar públicamente de haber practicado un aborto a una víctima de violación de 10 años de Ohio.

La Junta de Licencias Médicas de Indiana votó a favor de multar a la doctora Caitlin Bernard con 3,000 dólares y emitir una carta de amonestación, pero no suspendió su licencia como había solicitado la oficina del fiscal general estatal, el republicano Todd Rokita.

Dr. Caitlin Bernard in Indianapolis
Dr. Caitlin Bernard in Indianapolis, on Sept. 28, 2022.Kaiti Sullivan / The Washington Post via Getty Images file

La niña, de origen latino, quedó embarazada tras ser violada por Gerson Fuentes, un guatemalteco que fue arrestado tras confesar que mantuvo relaciones sexuales con la menor al menos dos veces.

El caso se conoció pocos días después de que la Corte Suprema tomó la histórica decisión de anular el reconocimiento del derecho al aborto a nivel federal en Estados Unidos al revertir la sentencia del caso Roe v. Wade.

La Fiscalía había acusado a Bernard de no denunciar abusos a menores y de violar la intimidad de los pacientes al hablar con un periodista sobre el caso de la niña. En una denuncia escrita en noviembre, Rokita pidió al panel que impusiera a la doctora una sanción disciplinaria en consecuencia.

En julio, el diario The Indianapolis Star informó de que Bernard había atendido la llamada de un médico en relación con un presunto caso de maltrato infantil sufrido por una niña de 10 años de Ohio, quien estaba embarazada de poco más de seis semanas. Ohio prohíbe los abortos después de unas seis semanas de embarazo, en virtud de una ley que se promulgó después de que la Corte Suprema anulara Roe vs. Wade.

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La niña fue a Indiana para recibir atención de Bernard, informó el Star, donde el aborto era legal en aquel momento. Desde entonces, Indiana ha aprobado una prohibición casi total del aborto, aunque posteriormente un juez dejó la ley en suspenso.

La junta de concesión de licencias votó a favor de que el estado cumpliera su carga en tres cargos, que tienen que ver con la privacidad, pero rechazó otros dos que tenían que ver con la denuncia de abusos a menores y la incapacidad para ejercer.

El presidente de la junta de licencias, el doctor John Strobel, calificó a Bernard de “buen médico”. La vista se prolongó durante más de 14 horas, hasta entrada la noche.

“Estoy seguro de que la doctora Bernard ha aprendido mucho sobre privacidad”, dijo Strobel.

Cory Voight, director de litigios complejos de la oficina del fiscal general del estado de Indiana, reiteró a la junta de licencias el jueves que Bernard violó la ley estatal al no mantener la confidencialidad de la paciente y no informar del caso a las fuerzas del orden de Indiana y al Departamento de Servicios Infantiles de Indiana.

Voight añadió que Bernard también violó la HIPAA, una ley que prohíbe a los profesionales médicos revelar información confidencial sobre la salud de un paciente sin su consentimiento o conocimiento.

“Esta no es una vista típica. No ha habido ningún caso como éste ante la junta. Ningún médico ha sido tan descarado en la búsqueda de su propio beneficio”, aseguró Voight en su discurso de apertura.

Sin embargo, la abogada de Bernard, Alice Morical, afirmó que la doctora sí comunicó los abusos a menores de una manera acorde con la ley de Indiana, ya que informó a una trabajadora social de su universidad sobre la paciente de 10 años. En lo que respecta a la HIPAA, añadió Morical, Bernard no infringió la ley porque sus comentarios a The Indianapolis Star no incluían información identificativa como el nombre de la paciente, su fecha de nacimiento o la fecha de ingreso en el hospital.

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“Los médicos pueden hablar con los medios de comunicación”, afirmó Morical.

Indiana University Health, donde Bernard trabaja como ginecólogo-obstetra, investigó el asunto el año pasado y determinó que Bernard había cumplido las leyes de privacidad de la menor.

Bernard envió a Rokita una carta de cese y desistimiento en julio, pidiéndole que dejara de hacer “declaraciones falsas o engañosas” sobre ella.

“Si el fiscal general Todd Rokita no hubiera elegido hacer de esto su maniobra política, no estaríamos aquí hoy”, indicó Bernard durante la audiencia del jueves.

El caso de Bernard ha sido muy sonado, ya que su relato sobre la menor suscitó fuertes reacciones de figuras políticas de ambos bandos.

“Diez años. Violada, embarazada de seis semanas. Ya traumatizada. Se vio obligada a viajar a otro estado. Imagínense ser esa niña”, dijo el presidente Joe Biden en una conferencia de prensa en julio, cuando firmó una orden ejecutiva para salvaguardar el acceso al aborto. La orden incluía protecciones para quienes viajan desde un estado que prohíbe el aborto a otro donde el servicio es legal.

Algunos líderes republicanos, entre ellos el representante de Ohio Jim Jordan, sugirieron falsamente en julio que Bernard había inventado la historia de la paciente, al igual que el comentarista de Fox News Jesse Watters y el ex presentador de Fox News Tucker Carlson.

“Me sorprendió que la gente pensara que, por desgracia, no es frecuente que las jóvenes sean violadas y se queden embarazadas”, declaró Bernard el jueves. “La idea de que esto era algo que alguien se inventaría o que era mentira, o que es algo que no ocurre, me sorprendió mucho”.

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Un hombre de Ohio, Gerson Fuentes, fue acusado de la violación de la niña de 10 años en julio, y un detective declaró ese mes que la niña había abortado en Indianápolis el 30 de junio. 

No se ha hecho pública cuál era la relación de Fuentes con la niña antes de la supuesta violación. Bernard dijo el jueves que su colega en Ohio le dijo que los dos hermanos de la niña y el novio de su madre eran posibles sospechosos. 

En una declaración tras la decisión de la junta médica, la oficina de Rokita dijo que “este caso se trataba de la privacidad del paciente y la confianza entre el médico y el paciente que se rompió.”