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Un juez ordenó la liberación de Sara Rogel, una mujer salvadoreña que fue acusada de abortar. Pero sigue presa

Pese a que un juzgado de El Salvador concedió la libertad condicional de Rogel, quien ya cumplió 10 años de su pena –impuesta después de presentar una emergencia obstétrica– la fiscalía confirmó que intentará apelar el fallo.
/ Source: Telemundo

La larga espera por la liberación de Sara Rogel continúa, a pesar de que el lunes un juez salvadoreño le concedió la libertad condicional. Rogel fue condenada a 30 años de cárcel por el delito de homicidio agravado cometido al supuestamente abortar, pero continuará en prisión porque la fiscalía anunció que no renunciará a su derecho de requerimiento, es decir, tratará de apelar el fallo del juzgado.  

“La fiscalía salvadoreña pudo haber tomado la decisión de no tener que apelar esta libertad condicional y sencillamente permitir que Sara se reúna con su familia pero decidieron usar sus recursos para seguir criminalizando a las mujeres de una manera que es realmente indescriptible”, explica Paula Avila-Guillen, directora ejecutiva de Women’s Equality Center, en una entrevista con Noticias Telemundo.

Rogel ya cumplió diez años privada de libertad en el Centro de Detención Menor de la ciudad de Zacatecoluca, al que ingresó a los 22 años cuando era una estudiante. Los fiscales tienen hasta la medianoche del sábado próximo para presentar un recurso de revocatoria o apelación.

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 “Lo que pasó fue algo inesperado, no era lo que estábamos esperando después de una lucha tan grande. No había necesidad de que la fiscalía se ensañara de esa forma contra las mujeres, esperamos tener otros resultados en los próximos días”, asevera Avila-Guillen.

En El Salvador, las mujeres que presentan complicaciones durante el embarazo suelen ser sospechosas de haberse practicado un aborto, lo cual es prohibido en todas las circunstancias y se tipifica como homicidio agravado, un delito cuya pena de cárcel es de 30 años.

El Estado salvadoreño tiene algunas de las leyes más restrictivas del mundo en materia de aborto, las sentencias pueden llegar a los 50 años de prisión. Se calcula que entre los años 2000 y 2019, 181 mujeres sufrieron emergencias obstétricas y fueron criminalizadas por supuestos abortos o el cargo de homicidio agravado.

Este lunes se celebrará una audiencia para analizar el caso de Sara, las organizaciones feministas lo ven como una oportunidad para condenar la criminalización del aborto y las emergencias obstétricas.Women's Equality Center

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El caso de Sara

El 7 de octubre de 2012, Rogel fue trasladada al Hospital Nacional de Cojutepeque en grave estado de salud luego de sufrir una fuerte caída en el lavadero de su casa por lo que perdió mucha sangre y se desmayó. Ese accidente le ocasionó una emergencia obstétrica.

“Ella estaba lavando ropa pero el piso estaba mojado, por eso se deslizo y se cayó. En ese momento estaba sola en su casa y sucedió la pérdida del embarazo. Cuando llegó su familia, la encontró inconsciente y con una fuerte hemorragia, por eso la llevaron al hospital”, explica Morena Herrera, activista salvadoreña y presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.

Aunque presentaba desgarros y sangramiento, Rogel fue detenida al día siguiente en el centro de salud donde agentes policiales la esposaron a la cama en la que recibía tratamiento. Posteriormente, las autoridades la acusaron de homicidio agravado, al presumir su culpabilidad “sin prueba alguna”, según afirman los expertos del Centro de Derechos Reproductivos para América Latina y el Caribe.

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El 12 de septiembre de 2013 fue sentenciada por el Tribunal de Sentencia de Cojutepeque a una pena de 30 años de prisión.

“En El Salvador hay una gran discriminación en la aplicación de la justicia contra todas las mujeres, especialmente con las que son jóvenes y pobres. También hay una especie de sanción por la sexualidad contra las mujeres, en el caso de Sara lo que le pasó fue que tuvo una complicación al final del embarazo. No tiene sentido que la hayan condenado a esa pena tan dura”, asevera Herrera.

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Irregularidades y detención arbitraria

Diversas organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres como la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional sostienen que su proceso legal se caracteriza por una serie de irregularidades:

-Rogel fue arrestada sin orden judicial.

-No se verificó una “figura menos lesiva” antes de decretar su prisión preventiva, sino que las autoridades alegaron indebidamente la figura de flagrancia.

-Además, no contó con asistencia jurídica, y se violó su presunción de inocencia porque la sentenciaron sin material probatorio. Tampoco tuvo una defensa adecuada.

Debido a este cúmulo de contradicciones y medidas discriminatorias, en 2019 el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de Naciones Unidas se pronunció sobre la situación de Rogel y de Berta Arana y Evelyn Hernández, dos mujeres que también se encuentran encarceladas tras sufrir emergencias obstétricas, diciendo que consideraba que “la privación de libertad” y sus “ulteriores condenas” son “arbitrarias y contrarias al derecho internacional”, por lo que recomendó su liberación.

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“A mediados de 2020, se ejerció una acción de habeas corpus solicitando la liberación de Sara, y de otras 13 mujeres encarceladas cuyas detenciones fueron discriminatorias y arbitrarias, pero además estas mujeres se encontraban en una situación especial de vulnerabilidad por el COVID-19”, explica Edward Pérez, asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos.

Y agrega: “Aunque la sala constitucional salvadoreña nos dio la razón, hasta el momento los avances para la implementación de esa decisión van muy lentamente debido al COVID y a la negligencia de la sala constitucional”.

Pese a todas estas medidas, y al reciente fallo emitido por el Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria de la localidad de Cojutepeque en el caso de Rogel, tanto ella como las otras 13 mujeres incluidas en el habeas corpus siguen en prisión.

El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer y la fiscalía no respondieron a las peticiones de comentarios durante la realización de este reportaje.

Cientos de mujeres salvadoreñas durante una manifestación para exigir salud, educación sexual integral y políticas públicas que contribuyan a prevenir los embarazos en niñas y adolescentes, en San Salvador, mayo de 2021.EFE

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El futuro judicial de Sara

Mientras transcurren las horas que restan hasta el sábado, el equipo legal y diversas organizaciones que colaboran en el caso de Rogel siguen haciendo planes para lograr su liberación.

Si la fiscalía decide apelar, la defensa tiene cinco días para contestar y luego el caso sería presentado ante una instancia judicial superior, por lo que Rogel podría seguir encarcelada hasta un mes y medio más.

“Tenemos listo otro mecanismo que se llama revisión de sentencia y es más complicado, pero hemos logrado reunir y presentar toda la documentación en caso de que no se logre su pronta liberación”, explica Herrera.

Sin embargo, existe otra opción. Es posible que la fiscalía no presente ninguna acción con el fin de apelar, algo que la defensa no descarta. Eso significaría que Rogel podría salir en libertad el domingo o, si no se encuentra un juez que ejecute la medida de libertad por ser fin de semana, tendría que esperar hasta el lunes.

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El 7 de marzo pasado, más de 5,000 mujeres salieron a protestar antes del Día Internacional de la Mujer en San Salvador. Según datos de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, al menos 47 feminicidios se reportaron en el país entre enero y marzo de este año. Eso representa un aumento del 67.8% en comparación con el primer trimestre de 2020 cuando solo se registraron 28 casos.

La fiscalía salvadoreña reportó 96 mujeres desaparecidas en los dos primeros meses de 2021, además registró al menos ocho denuncias diarias de delitos relacionados con violencia sexual en el primer trimestre de este año.

Según datos de diversas organizaciones de defensa, todavía hay 17 mujeres condenadas a 30 años de prisión en El Salvador por supuestos abortos o el cargo de homicidio agravado.

“Hay un andamiaje institucional de persecución en la que los médicos denuncian a las mujeres que sufren abortos porque tienen miedo, la fiscalía busca la incriminación de las víctimas y el sistema judicial tiene una aplicación muy draconiana contra las mujeres jóvenes que viven en pobreza. Hay que seguir luchando, seguir insistiendo para que no existan más casos como el de Sara”, asevera Herrera.