Por Doha Madani - NBC News
Un nuevo estudio publicado el miércoles se suma al creciente número de pruebas que demuestran la relación entre unas políticas más restrictivas en materia de aborto y unas tasas más elevadas de mortalidad materna e infantil.
El análisis procede del Commonwealth Fund, organización independiente de investigación centrada en la política sanitaria. En él se constata que las restricciones estrictas del aborto se asocian a un peor acceso de las embarazadas y los lactantes a la atención sanitaria, lo que a su vez aumenta el riesgo de resultados negativos como problemas de salud mental y muerte.
Según el informe, los estados que restringieron fuertemente el acceso al aborto en 2020 sufrieron tasas de mortalidad materna un 62% superiores a las de los estados donde el aborto era más accesible.
Según el informe, la disparidad puede verse agravada por los cambios a nivel estatal tras la anulación en junio del caso Roe v. Wade por parte de la Corte Suprema.
Las personas de color, las que no tienen seguro y las que viven con bajos ingresos o en zonas desatendidas ya se enfrentan a riesgos adicionales que amenazan sus vidas durante el embarazo, como la dificultad para acceder a una atención prenatal y postnatal sistemática, dijo doctora Laurie Zephyrin, vicepresidenta senior para el avance de la equidad sanitaria en el Commonwealth Fund.
“Además, a todo esto hay que añadir la variación de los servicios de aborto y de salud reproductiva en los distintos estados”, explicó Zephyrin. “Sólo estamos añadiendo más a un sistema ya fracturado”, apuntó.
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Para el nuevo análisis, Zephyrin y sus coautores utilizaron datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés), así como un índice que cuantifica los niveles de acceso al aborto del Instituto Guttmacher, un grupo de investigación y defensa del derecho al aborto.
Su informe no es el único que ha documentado una correlación entre las restricciones al aborto y el aumento de la mortalidad materna e infantil. El año pasado, un estudio de investigadores de la Universidad de Tulane mostró de manera similar que cuanto más alto puntuaba un estado en una clasificación de restricción del aborto, mayor era su mortalidad materna total entre 2015 y 2018.
“Es importante mantener el tema en primer plano, porque entonces eso continúa trayéndolo a la conciencia de la gente común para que las personas que están sufriendo estas desigualdades no estén sufriendo en las sombras”, señaló Zephyrin. “Y, con suerte, ayudará a impulsar cambios políticos”, agregó.
El informe de Zephyrin revela una correlación, no una relación causal directa, y lo más probable es que otras políticas de los estados con alta mortalidad materna también desempeñen un papel en la disparidad. Por ejemplo, algunos estados que restringen la posibilidad de interrumpir el embarazo también tienen más limitaciones en la cobertura de Medicaid y menos ginecólogos-obstetras y enfermeras matronas per cápita.
Según el análisis del Commonwealth Fund, se calcula que el 39% de los condados de los estados con las normas más restrictivas sobre el aborto se consideran “desiertos de atención a la maternidad”.
Medicaid, mientras tanto, representa alrededor del 44% de los pagos por servicios relacionados con el parto en los estados donde el acceso al aborto está restringido, según el informe. La cobertura de Medicaid ha terminado tradicionalmente 60 días después del parto, pero desde 2020, algunos estados lo han extendido a 12 meses.
La mayoría de las muertes maternas se producen en el primer año de haber dado a luz, según un estudio de los CDC publicado en septiembre. Los investigadores calcularon que el 80% de las muertes relacionadas con el embarazo son evitables.
El informe del Commonwealth Fund señala que “el patrón general de diferencias” en los resultados sanitarios entre los estados con más y menos restricciones al aborto “se ha mantenido constante” a lo largo del tiempo.
Pero desde que la Corte Suprema anulara el caso Roe v. Wade, esos problemas podrían agravarse, según algunos expertos, porque algunos médicos podrían mostrarse reacios a trabajar en estados que consideran que restringen su capacidad para realizar su trabajo.
“Creo que la conclusión es que se toma el espacio con estos déficits existentes, ¿verdad? Y luego tienes estas restricciones adicionales en la atención de la salud reproductiva”, dijo Zephyrin. “Existe el potencial de perturbar aún más el sistema de atención sanitaria”, añadió.