Los empleados de una de las cadenas de hospitales sin fines de lucro más grandes del país, Providence, comenzaron hace algunos años a preguntar a los pacientes directamente cómo iban a pagar por sus tratamientos, incluso aquellos que tenían derecho a atención gratuita por sus bajos recursos, en una estrategia de presión diseñada por la cadena para sacar mayor rédito a sus servicios.
Si los pacientes no pagaban, Providence enviaba cobradores de deudas para perseguirlos.
La estrategia formó parte de un programa llamado Rev-Up que idearon los ejecutivos de la organización en 2018, según descubrió una investigación del periódico The New York Times.
Providence cuenta con 51 hospitales y más de 900 clínicas. Este programa dio a los empleados un libro detallado con instrucciones para sacarles dinero a los pacientes, incluso a aquellos de bajos ingresos, que indicaban cómo hablarles y presionarles para que paguen. Como resultado, miles de pacientes cargaron con deudas que nunca deberían haber tenido.
En entrevistas, los pacientes en California y Oregon que calificaron para recibir atención gratuita dijeron que los agentes de cobranza de los hospitales de Providence les habían cobrado miles de dólares y luego los habían acosado. Muchos vieron arruinados sus puntajes de crédito. Otros tuvieron que recortar sus gastos para pagar lo que les decían que debían.
Se calcula que más del 8% de la población de Estados Unidos no tiene seguro médico, 27.2 millones en 2021 según datos del Censo, lo cual limita su acceso a la atención a la salud que necesitan, siendo las familias latinas las más afectadas. Muchos desconocen además su derecho a tener atención de bajo costo o gratuita, por lo que son presa fácil de estas campañas. A lo cual se suma, que los hospitales no son transparentes en cuanto a los costos de los tratamientos y servicios.
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Una ley federal establece que a partir de 2021 los hospitales deben ser transparentes con sus precios: deben publicar en línea los costos estándares de los servicios para todos los planes y descuentos o una herramienta que estime los costos. Aún así, pocos lo hacen, según indica un informe del equipo de investigación de la organización Patient Rights Advocate. El reporte revisó 2000 hospitales de los más de 6000 acreditados en el país, y encontró que sólo el 16% cumplía con esta obligación.
Hospitales con exenciones de impuestos
Al ser Providence una organización sin fines de lucro, sus hospitales disfrutan de lucrativas exenciones de impuestos, con lo cual se ahorran miles de millones de dólares al año. A cambio, el Servicio de Impuestos Internos les exige que brinden servicios, como atención gratuita a los pobres, que benefician a las comunidades en las que operan.
Pero en las últimas décadas, muchos de los hospitales se han vuelto prácticamente indistinguibles de las empresas con fines de lucro, adoptando un enfoque implacable en el resultado final y desviándose de sus misiones caritativas tradicionales, indica el reporte de The New York Times. El reporte se basa en la revisión de miles de páginas de registros judiciales, registros y memorandos financieros internos del hospital, declaraciones de impuestos y quejas presentadas ante los reguladores, y entrevistó a docenas de pacientes, abogados, ejecutivos actuales y anteriores del hospital, médicos, enfermeras y consultores.
Para reducir costos y aumentar ganancias, muchos hospitales también decidieron operar con equipo y personal mínimo, indica la investigación, lo cual tuvo graves consecuencias cuando llegó la avalancha de pacientes con COVID-19 gravemente enfermos. Otros carecían de unidades de cuidados intensivos y otros recursos para capear una pandemia porque las cadenas sin fines de lucro que los poseían se habían centrado en inversiones en comunidades ricas a expensas de las más pobres.
Pero el caso de Providence muestra, agrega, algunos sistemas hospitalarios no solo han reducido su énfasis en brindar atención gratuita a los pobres, sino que también han desarrollado sistemas elaborados para convertir a los pacientes necesitados en fuentes de ingresos, quienes nunca deberían haberse endeudado para obtener servicios.
Quién tiene derecho a atención gratuita
La Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio requiere que los hospitales sin fines de lucro hagan públicas sus políticas de asistencia financiera, por ejemplo, publicándolas en las salas de espera de los hospitales. Pero la ley federal no dicta quién es elegible para recibir atención gratuita.
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Sin embargo, diez estados han adoptado sus propias leyes que especifican qué pacientes, según sus ingresos y el tamaño de la familia, califican para atención gratuita o con descuento, según un reporte de National Consumer Law Center. Las coberturas tienen distintos alcances:
- Políticas amplias de asistencia financiera estatal. California, Colorado, Connecticut, Illinois, Maine, Maryland, Nevada, New Jersey, Rhode Island, New York, Washington.
- Políticas de asistencia financiera limitada (sólo hospitales sin fines de lucro o financiados con fondos públicos). Louisiana, Oregon, Texas.
Creado para "servir a pobres y vulnerables"
La cadena de hospitales fue fundada por monjas en 1850 y declara que su misión es la determinación “a ofrecer un servicio a todos, especialmente a los pobres y vulnerables”. Actualmente, tiene sede en Renton, Washington, y es uno de los sistemas de salud sin fines de lucro más grandes del país, con 51 hospitales y más de 900 clínicas. Sus ingresos el año pasado superaron los 27.000 millones de dólares.
En 2018, antes de que se pusiera en marcha el programa Rev-Up, Providence gastó el 1.24 por ciento de sus gastos en atención caritativa, una forma estándar de medir la cantidad de atención gratuita que brindan los hospitales. Eso estuvo por debajo del promedio del 2 por ciento para los hospitales sin fines de lucro en todo el país, según un análisis de los registros financieros del hospital realizado por Ge Bai, profesor de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg.
Para el año pasado, el gasto de Providence en atención caritativa había caído por debajo del 1 por ciento de sus gastos.
En febrero, Bob Ferguson, el fiscal general del estado de Washington, acusó a Providence de violar la ley estatal, en parte al usar cobradores de deudas para perseguir más de 55,000 pacientes. La demanda alegó que Providence afirmó erróneamente que esos pacientes debían un total de más de 73 millones de dólares.
Providence, que está peleando la demanda, ha dicho que dejará de usar cobradores de deudas para obtener dinero de pacientes de bajos ingresos que deberían calificar para atención gratuita en Washington.
Pero The Times encontró que los problemas se extienden más allá de Washington, en hospitales en California y Oregón. En ambos estados, los hospitales sin fines de lucro están obligados por ley a brindar atención gratuita o con descuento a los pacientes de bajos ingresos.
Gregory Hoffman, director financiero de Providence, dijo en una entrevista que los hallazgos de The Times sobre el tratamiento de los pacientes pobres por parte del sistema hospitalario “son muy preocupantes y requieren nuestra atención”. Dijo que Providence quería “hacer las cosas bien, en nombre de nuestras comunidades y en nombre de nuestros pacientes”, aunque reconoció que el programa Rev-Up inicialmente tuvo “algunos contratiempos”, incluido enviar a los pacientes de Medicaid a los cobradores de deudas.