Por Laura Strickler y Stephanie Gosk - NBC News
En diciembre de 2019, Sharon Farrell voló desde Florida para visitar a su hermano Stephen en una residencia de ancianos de Nueva Jersey, donde, según dijo, encontró condiciones “repugnantes”. “Le dije a la enfermera: ‘Voy a llamar al estado- Estoy pagando 9,000 dólares al mes, y no dejaría que mi perro viviera así”.
Farrell dijo que cuatro meses después, mientras el COVID-19 se extendía rápidamente, llamó repetidamente al centro para preguntar cómo estaba su hermano. Cuando por fin se puso en contacto con alguien le dijeron que estaba bien. Sin embargo, a los pocos días había muerto.
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Han pasado 19 meses desde el descubrimiento de 17 cadáveres en una pequeña morgue de la residencia de ancianos Andover Subacute II en el condado de Sussex, Nueva Jersey, en abril de 2020. El Gobierno federal multó a los propietarios con 221,115 dólares por no tener un “cumplimiento sustancial”, y la oficina del fiscal general comenzó una investigación.
Pero los propietarios siguen en el negocio. Han cambiado los nombres de Andover y de su centro hermano y han instalado nuevos carteles en la fachada. Hasta el viernes, había 25 residentes de Andover con coronavirus, según los datos del estado.
Y los propietarios siguen siendo pagados por Medicare y Medicaid, los programas financiados por los contribuyentes que pagan la mayoría de los costos de los operadores de hogares de ancianos de Estados Unidos, a pesar de que uno de los propietarios, Louis Schwartz, ayudó a dirigir una cadena llamada Skyline Healthcare, que colapsó en 2019 en medio de acusaciones de negligencia y mala administración financiera, que la cadena negó.
“Los individuos que dirigieron Skyline no deberían volver a estar al frente de una residencia de ancianos, y sin embargo aquí estamos”, declaró David Grabowski, profesor de política sanitaria en la Facultad de Medicina de Harvard, que recordó que la pandemia puso al descubierto un sector que ya estaba en crisis, con falta de recursos y de regulación.
“Diferentes nombres, mismas prácticas”, afirmó Grabowski. “Tenemos que asegurarnos de que no haya este tipo de puertas traseras, que las residencias de ancianos no puedan simplemente poner un nuevo nombre al edificio y seguir operando tal cual”, añadió.
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Algunos familiares de los fallecidos en Andover afirman estar frustrados, y algunos están demandando por la supuesta falta de preparación del centro para hacer frente al COVID-19 y por mezclar a los residentes infectados con los sanos.
Farrell se unió a una demanda con otras familias, pero dijo: “Me importa un bledo la demanda colectiva. Quiero que estos tipos cierren el negocio”.
Antes del COVID-19
En su apogeo, Skyline Healthcare contaba con más de 100 instalaciones y supervisaba el cuidado de más de 7,000 residentes ancianos. Pero de 2017 a 2019, la cadena comenzó un colapso en cámara lenta, y más de una docena de hogares de ancianos operados por Skyline cerraron sus puertas, lanzando a los residentes, proveedores, empleados y reguladores estatales al caos.
Muchos hogares se quedaron sin dinero. Otras fueron cerradas por negligencia, documentada en los registros del Gobierno. En un hogar de ancianos de Arkansas, los reguladores identificaron gusanos en el catéter de un residente, según una inspección. Catorce residencias se vieron obligadas a cerrar definitivamente, desplazando a más de 900 residentes a nuevas instalaciones, a veces a horas de distancia.
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El principal propietario de Skyline, Joseph Schwartz, y su hijo Louis no devolvieron múltiples mensajes y correos electrónicos solicitando comentarios en 2019. Han negado las acusaciones de negligencia.
La familia Schwartz no ha dejado el negocio de las residencias de ancianos. Aunque Skyline ha desaparecido, Joseph Schwartz sigue figurando como propietario o copropietario de cuatro instalaciones, según los datos federales de propiedad de residencias de ancianos.
Louis Schwartz y Chaim Scheinbaum tienen participaciones en al menos siete residencias de ancianos entre ellos, incluyendo la instalación antes conocida como Andover Subacute II.
En enero de 2020, las autoridades sanitarias de Nueva York recomendaron no permitir que Scheinbaum se hiciera cargo de una residencia de ancianos en el norte del estado de Nueva York, citando una “investigación en curso” y señalando que desaprobaban su “carácter y competencia”, según un documento del Departamento de Salud. Scheinbaum no respondió cuando se le pidió que comentara la recomendación.
Un año antes del brote de coronavirus, una residente de Andover con demencia salió del centro a través de dos puertas rotas y fue encontrada a las 4:30 de la mañana sentada en la nieve con graves congelaciones, según una inspección federal. Terri Thompson, su hija, demandó al centro, alegando violaciones del estándar mínimo de atención. La demanda está pendiente y los propietarios han negado las reclamaciones.
Dante Maglioli dijo que a principios de 2020, su padre, Joseph, se quejó de la calidad de la atención en Andover. La familia hablaba de trasladarlo a otro centro.
Cuando la pandemia comenzó a extenderse escuchó a su hermana y a su padre hablando por teléfono. Su padre decía que no estaba seguro de que Andover pudiera hacer frente a la nueva y mortal enfermedad. Y entonces, dijo Maglioli, “mi hermana no volvió a hablar con mi padre”, que murió el 9 de abril de 2020.
Schwartz y Scheinbaum no respondieron cuando se les pidió que comentaran las condiciones en Andover antes de la pandemia.
Cuando llegó la pandemia, las residencias de ancianos de Nueva York y Nueva Jersey, incluida Andover, se llevaron la peor parte. Ochenta y tres de los 539 residentes de la residencia, o casi uno de cada seis, murieron por coronavirus en los primeros cuatro meses de la pandemia. El hermano de Farrell estaba entre las víctimas.
Preston Nicolai, entonces trabajador de mantenimiento de 20 años en las instalaciones, dijo que era “horrible”.
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“A veces perdíamos entre 10 y 12 personas por noche”, recordó.
Antes de que los cadáveres empezaran a acumularse en Andover le dijeron que trasladara a los residentes de una habitación a otra, aunque el centro no sabía quién tenía COVID-19 y quién no. “Creo que esto ayudó a extender los casos por todo el edificio”, afirmó.
Nicolai dijo que le dijeron que apilara los cuerpos unos encima de otros en una pequeña habitación mientras el centro se esforzaba por hacer frente a la oleada de muertes.
El domingo de Pascua, 12 de abril, dijo Nicolai, fue a trabajar y encontró el cuerpo de una mujer en un cobertizo de mantenimiento exterior, junto a palas, rastrillos y un cortacésped. Dijo que no había más espacio para los cadáveres dentro de la residencia de ancianos.
“Me sentí moralmente devastado. Me sentí muy mal al poner al ser querido de alguien en el cobertizo”, declaró.
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Volvió a trasladar el cuerpo al interior del centro, pero no puede deshacerse de las imágenes. “He tenido sueños realmente malos, y no tengo dinero para pagar a un terapeuta”, dijo.
Ni siquiera saben lo que no saben
Los documentos recién obtenidos a través de una solicitud de registros abiertos por nuestra cadena hermana NBC News revelan cómo el centro luchó para hacer frente al brote en abril de 2020.
Los correos electrónicos de los miembros del personal de Andover a los funcionarios del condado de Sussex documentan repetidas solicitudes de equipos de protección personal (PPE, por su sigla en inglés) como mascarillas y guantes, algunos de los cuales fueron entregados a la instalación.
Un resumen de una inspección de las primeras horas de la mañana del 12 de abril escrito por Kyle Wilson, un enfermero registrado, y dirigido al jefe de policía del municipio de Andover describe en detalle las condiciones dentro de las instalaciones días antes de que se publicara la primera historia sobre los cuerpos metidos en la pequeña morgue.
Wilson trabaja a tiempo parcial en el departamento de policía, según un operador de la central. No devolvió una llamada en busca de comentarios.
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Wilson escribió que el equipo de protección entregado a las instalaciones por la oficina del sheriff del condado de Sussex estaba en paradero desconocido. Un empleado de Andover dijo que la instalación era “consciente de un lote de PPE ‘donado por la oficina del Sheriff’ pero no podía dar cuenta de su paradero o del inventario de PPE existente en la instalación, si es que existe tal inventario".
Wilson escribió: “Se observó que el personal se tocaba el EPP (protector facial, bata, mascarilla) y la cara con las manos desnudas”. Escribió que “se enfrentó [a la enfermera de turno] a este comportamiento observado. Me aseguró que no había problema porque ella ‘no estaba en una habitación’”.
Wilson escribió que no había pruebas de COVID-19 en el centro y que el personal no había segregado a los pacientes sospechosos de tener estar contagiados. Escribió: “En mi opinión, la adquisición de PPE por sí sola no resolverá la tasa de propagación en este centro. El personal está indudablemente contaminado durante todo su turno. Aunque el personal está tangiblemente asustado, en este centro no existe una cultura de seguridad. No se les ha enseñado. Ni siquiera saben lo que no saben”.
Dos días después, una administradora del Departamento Federal de Salud y Servicios Humanos que trabaja en el condado de Sussex, Carol Novrit, envió un correo electrónico a los funcionarios del condado para decir que los miembros del personal de Andover le habían dicho que los residentes “no estaban siendo alimentados”, que tenían “heridas abiertas” y que las muertes tanto de los residentes como de los miembros del personal no estaban siendo reportadas a los funcionarios de salud pública. Escribió que el personal le dijo que “ahora no hay control de infecciones”.
Schwartz y Scheinbaum no respondieron cuando se les pidió que comentaran los documentos obtenidos por NBC News.
Los informes de inspección federales realizados a mediados de abril de 2020 revelaron observaciones similares, señalando que los residentes que tenían síntomas se entremezclaban con los asintomáticos.
Imposible saberlo
Los representantes de los propietarios dijeron que en ese momento era “a menudo imposible saber quién tenía coronavirus y quién no debido a la falta de capacidad de análisis".
En un comunicado, los propietarios de Andover, ahora conocido como Woodland Behavioral, dijeron que “la seguridad y la salud de nuestros residentes siempre ha sido la máxima prioridad para Woodland Behavioral”, y añadieron: “La pandemia de COVID-19 trajo consigo retos sin precedentes, y nuestro heroico personal afrontó los afrontó lo mejor que pudo. Seguimos agradeciéndoles todo lo que hicieron (y siguen haciendo) para proteger a nuestros residentes".
Los representantes de Scheinbaum y Schwartz dijeron que pidieron ayuda a múltiples organismos gubernamentales, incluidas dos solicitudes verbales a la Guardia Nacional el 11 y el 15 de abril, pero los funcionarios militares les dijeron que no podían asistirles.
Un portavoz de la Guardia Nacional de Nueva Jersey refutó su afirmación. “La Guardia Nacional no tiene ninguna información que indique que el centro de subagudos de Andover haya hecho una solicitud de asistencia, y mucho menos que haya sido rechazada”. El portavoz dijo que al principio de la pandemia, la Guardia “apoyó todas las solicitudes de misión que recibimos".
La Guardia Nacional sí respondió a una solicitud de ayuda de emergencia que los funcionarios del condado de Sussex enviaron al gobernador el 6 de mayo. Dos días después, 22 miembros de la Guardia acudieron a Andover y realizaron tareas no médicas, como la limpieza de las instalaciones.
Los propietarios dicen que los problemas identificados en las inspecciones federales de la primavera de 2020 se han resuelto con los reguladores estatales y federales.
Un portavoz de un grupo comercial de la industria, la American Health Care Association, dijo que es “engañoso” centrarse en los “malos actores” y no en los desafíos que enfrentan los hogares de ancianos.
“El verdadero problema es la escasez crónica de fondos de Medicaid, que apenas cubre entre el 70 y el 80% del coste de la atención en residencias de ancianos”, opinó la portavoz, Beth Martino. “Esto deja a las instalaciones con dificultades para invertir en mejoras, o incluso para mantener sus puertas abiertas”, añadió.
La investigación continúa
Preston Nicolai dijo que fue despedido cuatro meses después de que se descubriera el depósito de cadáveres sobrecargado, acusado de deshacerse indebidamente de los residuos médicos.
Cree que los propietarios buscaban una excusa para deshacerse de él después de lo que vio y la oficina del fiscal general no se ha puesto en contacto con él. Sin embargo, Sharon Farrell se puso en contacto con ella este mes de abril.
Cuando se le preguntó cuándo terminaría la investigación la oficina del fiscal general, un portavoz dijo: “Como es nuestra práctica habitual, no proporcionaremos actualizaciones sobre la investigación ni publicaremos ninguna información adicional a menos que y hasta que presentemos una acción o cerremos el asunto".
El portavoz dijo que la investigación de Andover forma parte de una investigación más amplia de “instalaciones con un elevado número de muertes relacionadas con el COVID-19 y un historial inferior a la media en cuanto a inspecciones sanitarias, dotación de personal y calidad de la atención".
La demanda colectiva presentada por algunos familiares de los fallecidos, entre los que se encuentran Maglioli y Farrell, obtuvo recientemente un fallo legal que permite que la demanda permanezca en el tribunal estatal en lugar de en el federal, según el abogado de las familias, Daniel Marchese.
Marchese dijo que eso es bueno para los demandantes, que pueden alegar su caso ante un jurado local en lugar de ser remitidos a un programa de compensación federal establecido a través de la Ley PREP, que protege a las empresas de algunas formas de responsabilidad después de desastres naturales como la pandemia de coronavirus.
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Maglioli concluyó: “Creo que estos señores, su corporación, sea cual sea, tienen que pagar el precio. Y no me refiero a pagarlo de una forma financiera”.