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"Quienes sufren emergencias obstétricas no pueden ser condenadas": las reacciones al fallo que señala a El Salvador por violación de derechos humanos

La decisión del martes, que determinó que Manuela (sentenciada a más de 30 años de cárcel) siempre fue inocente, reconoce que muchas mujeres en ese país son acusadas de abortar y señaladas por homicidio erróneamente. ¿Qué implicaciones tiene?

Luego de procesos judiciales que duraron más de una década, el caso de Manuela –una mujer salvadoreña que sufrió una emergencia obstétrica y fue condenada a 30 años de prisión– ha llegado a una conclusión: el martes la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó a El Salvador por su detención arbitraria que conllevó la violación de sus derechos humanos, las protecciones y garantías judiciales a no ser discriminada y a la violencia de género, entre otras irregularidades.

Manuela, una mujer de escasos recursos y que no sabía leer ni escribir, no tuvo acceso al tratamiento médico adecuado mientras estaba recluida, por lo que falleció de cáncer linfático en 2010 y dejó dos hijos huérfanos.

"La decisión reconoce que en El Salvador existe un contexto de criminalización sistemática en contra de las mujeres, y eso afecta especialmente a las mujeres más pobres que sufren emergencias obstétricas. Es un contexto terrible de desigualdad", explica Catalina Martínez Coral, directora regional del Centro de Derechos Reproductivos, institución que presentó el caso ante la corte junto con la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local y la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.

[Los casos de Manuela y Sara en El Salvador son ejemplo de cómo la prohibición del aborto atenta contra la vida de las más pobres]

El Salvador tiene una prohibición total del aborto e impone duras sanciones penales tanto a las mujeres como a los médicos. Eso ha originado el encarcelamiento de innumerables mujeres que han sufrido complicaciones relacionadas con el embarazo y abortos espontáneos.

En caso de que un tribunal determine su culpabilidad, las penas varían de los dos a los ocho años. Sin embargo, en muchos casos durante los juicios el delito se cambia a homicidio agravado y las mujeres pueden ser condenadas a penas de 30, 40 o hasta 50 años de prisión.

“Lo que hicieron con mi mamá no estuvo bien, no investigaron que ella estaba enferma y podía dejar a sus hijos huérfanos (...) Le digo al presidente que no haga esas injusticias. Me siento muy agradecido con la corte porque ha limpiado el nombre de mi mamá”, dijo Jesús, el hijo de Manuela, en una rueda de prensa celebrada hoy en San Salvador.

Pancartas de Manuela en San Salvador este 28 de noviembre durante una protesta contra la violencia y a favor de los derechos de las mujeres.Emerson Flores/APHOTOGRAFIA / Getty Images

Entre 2014 y 2020 la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto registró 190 mujeres procesadas. De esa cifra, 46 fueron condenadas por homicidio agravado y unas 30 por aborto.

No más denuncias del personal de salud

Un aspecto importante del fallo es que confirma que Manuela sufrió una emergencia obstétrica, ocasionada por la preeclampsia, lo que el Estado salvadoreño puso en duda a lo largo de los distintos procesos judiciales del caso.

"La corte dice que quienes sufren emergencias obstétricas no pueden ser automáticamente condenadas y reconoció que Manuela y muchas otras mujeres han sido acusadas falsamente de provocarse un aborto condenándolas indebidamente por homicidio agravado", asevera Ximena Casas Isaza, investigadora de Human Rights Watch. 

El fallo ratifica la obligación de los Estados de garantizar el secreto profesional médico para las mujeres que buscan servicios en salud reproductiva, incluido el aborto, lo cual es muy importante porque se ha determinado que la mayoría las denuncias de aborto se producen en el sistema de salud.

"De ahora en adelante, ninguna mujer salvadoreña debería ser denunciada por médicos porque la corte dice que siempre debe primar el secreto profesional médico y la atención en salud". 

Casas, y otras investigadoras, aseguran que el fallo será crucial en una región como América Latina donde muchas mujeres enfrentan cargos penales después de sufrir emergencias obstétricas.

Por ejemplo, luego de analizar 148 casos en Ecuador, Human Rights Watch concluyó que el 73% de los procesos por presunto aborto se iniciaron después de que las pacientes fueran denunciadas por el profesional de salud, en violación al secreto profesional.

En Colombia, una investigación de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres reveló que, entre los años 1998 y 2018, la fiscalía procesó 5,580 denuncias de aborto y en el 75% de los casos los médicos y otros operadores en el sistema de salud fueron los denunciantes de las mujeres que llegaron al hospital sintiéndose enfermas por practicarse un aborto.

¿Qué pasa con las mujeres que están presas en El Salvador?

Las expertas aseguran que la jurisprudencia del fallo en el caso de Manuela puede ser utilizada en los procesos judiciales de decenas de mujeres que se encuentran detenidas, tanto en El Salvador como en otros países latinoamericanos.

"Esperamos que este caso pueda ser usado en los litigios internos de revisión de sentencias para fortalecer los argumentos y lograr una pronta liberación de muchas mujeres que se encuentran encarceladas", afirma Martínez Coral.

El fallo coincide con diversas investigaciones que señalan que muchos litigios y condenas se basan en prejuicios de género e incurren en irregularidades como la violación de la presunción de inocencia y del derecho a la defensa efectiva.

"Esperamos que el sistema de justicia en El Salvador pueda hacerse eco de estas resoluciones y que eso permita la pronta liberación de muchas mujeres. Esa es nuestra lucha y el Estado debe acatar las disposiciones de la corte", explica Morena Herrera, representante de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local.

Lo que debe hacer el Estado salvadoreño

La corte le ordenó a El Salvador implementar medidas estructurales para prohibir la criminalización de las mujeres por emergencias obstétricas.

Entre otras cosas, se deben desarrollar políticas de educación integral, modificar la legislación sobre la confidencialidad médico-paciente para evitar las denuncias, y eliminar la legislación que establece la detención automática de las mujeres denunciadas.

"El Gobierno tiene la oportunidad de hacer una reparación porque posee un gran respaldo legislativo. Si realmente asumen esta responsabilidad, todas esas medidas pueden ponerse en práctica", explica Herrera.

En octubre pasado, la Asamblea Legislativa de El Salvador rechazó reformar el Código Penal para eximir de responsabilidad penal a quienes consientan o realicen un aborto, lo que cerró las puertas para permitirlo incluso cuando la vida de la mujer está en riesgo.

Para activistas como Teodora del Carmen Vásquez, una mujer salvadoreña que sufrió una muerte fetal en el último mes de su embarazo y también fue condenada a 30 años de cárcel, el fallo del caso de Manuela es un rayo de esperanza.

"Estamos felices pero hay que seguir luchando para que el Gobierno salvadoreño libere a las mujeres privadas de libertad y para que se cambie la legislación", comentó Vásquez a Noticias Telemundo, quien se encuentra en Suiza donde habló del caso de Manuela en el Parlamento de ese país.

A diferencia de Manuela, Vásquez logró ser liberada en 2018 luego de pasar casi 11 años en prisión y ahora dedica su vida a la lucha por la reivindicación de los derechos de las mujeres y su reinserción social después de pasar por los centros penitenciarios.

"La corte le dio al Estado entre uno y dos años para aplicar todos los cambios, y nosotras vamos a presionar para que eso suceda. Esto no puede seguir pasando", asevera Vásquez.