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Por Amy Sherman — Politifact
Un proyecto de la Corte Suprema que anularía Roe v. Wade significa que las píldoras abortivas pueden convertirse en un aspecto clave de la próxima frontera legal para acceder al aborto.
El proyecto busca anular Roe v. Wade, el fallo de 1973 que estableció el derecho nacional al aborto, así como un fallo posterior, Planned Parenthood v. Casey, que afirmó ese derecho. Si eso sucede, cada estado podría establecer leyes sobre si y cuándo permitir el aborto. Algunos estados ya tienen leyes que restablecerían las restricciones al aborto si se anula Roe v. Wade.
Nos preguntamos qué podría significar una decisión judicial de este tipo para el aborto con medicamentos, comúnmente conocido como la píldora abortiva. Se espera que aproximadamente la mitad de los estados promulguen leyes que prohíban el aborto, y eso se aplicaría tanto a la cirugía como a la píldora abortiva.
"Si se anula Roe v. Wade, los estados podrán prohibir el aborto, y punto", dijo Kelly Krause, portavoz del Centro de Derechos Reproductivos, una organización legal y de defensa. "El método de aborto no importa".
Cada estado decidirá si se permitirá el aborto y bajo qué circunstancias, lo que incluiría el aborto con medicamentos, dijo Heather Hacker, una abogada de Texas que anteriormente trabajó para el fiscal general de Texas. Muchos estados ya han aprobado restricciones que reducen el acceso al aborto con medicamentos.
Algunos "estados pueden permitir el aborto, pero primero requieren una ecografía, lo que puede no ser compatible con el pedido de píldoras abortivas por correo", dijo Hacker.
"Algunos estados tienen regulaciones que se aplican directamente al aborto con medicamentos, como exigir que la píldora se entregue en persona después de proporcionar información de consentimiento informado o prohibir los abortos de telesalud, lo que también podría afectar la legalidad de obtener píldoras por correo", afirmó la abogada.
Otros estados podrían implementar sus propias restricciones.
El efecto podría ser profundo: a partir de 2020, las píldoras abortivas se convirtieron en la forma más común de interrumpir un embarazo en Estados Unidos, según datos preliminares del Instituto Guttmacher, una organización de investigación a favor del derecho al aborto.
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El borrador filtrado del proyecto de la Corte Suprema que fue publicado por Politico en la noche del 2 de mayo provocó un gran aumento en las personas que buscaban información sobre cómo acceder al aborto, incluso en Plan C, un sitio web que recopila información sobre cómo obtener píldoras abortivas en cada estado.
El sitio web de Plan C pasó de tener aproximadamente 2,300 visitas diarias en las últimas semanas a totalizar unas 56,000 el 3 de mayo, dijo la codirectora Elisa Wells.
Cómo las pacientes obtienen el aborto con medicamentos
La opción de medicamentos para el aborto en aproximadamente las primeras 11 semanas de embarazo implica una combinación de dos fármacos, mifepristona y misoprostol, que generalmente se toman con alrededor de 24 horas de diferencia. Los estudios han encontrado que alrededor del 95% al 98% de las pacientes que toman los medicamentos según lo prescrito terminarán sus embarazos sin daño.
Este método ganó popularidad en medio de la pandemia de COVID-19 a medida que las pacientes recurrían cada vez más a la telesalud y luego de años de cierre de clínicas.
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En 2021, la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por su sigla en inglés) levantó las restricciones al acceso a las píldoras, lo que permitió que las pacientes recibieran el medicamento por correo en los estados que no restringen la telesalud para las píldoras abortivas.
Hay dos métodos principales para el aborto con medicamentos: con el apoyo de un médico, lo que significa que las pacientes tienen una consulta, por video, teléfono o correo electrónico, antes de que un proveedor les envíe las píldoras por correo o las surta en una farmacia. La otra vía es el aborto autogestionado en el que una persona encuentra las pastillas por internet sin médico, o de otro país.
Aid Access, que se lanzó en 2018, proporciona medicamentos para el aborto en los 50 estados del país, dijo Christie Pitney, una partera que trabaja en Aid Access.
La organización tiene proveedores estadounidenses que recetan en 20 estados, mientras que en los otros estados que han levantado barreras a las píldoras abortivas, un médico en Austria escribe la receta.
Las píldoras de un proveedor estadounidense generalmente cuestan alrededor de 150 dólares y se envían por correo en dos o tres días. Las recetas emitidas desde Europa pueden costar alrededor de 110 dólares y su envío desde la India puede demorar de dos a tres semanas.
El interés en las recetas avanzadas se disparó de unas 40 al día a más de 5,000 durante los primeros dos días después de la filtración del proyecto judicial, dijo Pitney.
Algunos estados han puesto barreras legales a las píldoras abortivas
En febrero, la Kaiser Family Foundation descubrió que 19 estados tenían políticas que prohibían la telesalud para el aborto o lo dificultaban pidiendo un ultrasonido o asesoramiento presencial.
Después de ese análisis de Kaiser, un par de estados más aprobaron restricciones, incluido Kentucky, que prohibió la medicación abortiva por correo, y Dakota del Sur, que promulgó como ley una orden ejecutiva que prohíbe la telemedicina para abortos. Esa ley está bajo una orden judicial.
Si se anula Roe v. Wade, varios estados prohibirán o restringirán severamente el aborto.
"En muchos casos, las clínicas ya no podrán operar y se verán obligadas a cerrar, lo que significa una pérdida de acceso al aborto con medicamentos", dijo Rebecca Wang, abogada de If/When/How, un grupo legal de justicia reproductiva.
Se vuelve más complicado legalmente cuando se trata de obtener píldoras abortivas fuera del sistema de salud formal, dijo Wang. Tanto la mifepristona como el misoprostol son considerados medicamentos recetados y les aplican todos los requisitos que exige la ley.
Actualmente, Oklahoma, Nevada y Carolina del Sur prohíben explícitamente el aborto autogestionado.
Las organizaciones que brindan medicamentos para el aborto y están ubicadas fuera de Estados Unidos no están sujetas a la aplicación de la ley del país, ya sean privadas, estatales o federales, dijo el Centro de Derechos Reproductivos.
Sin embargo, durante la Administración Trump en 2019, la FDA envió una carta de cese y desistimiento a Aid Access, con sede en Austria.
La carta decía que la marca específica de mifepristona y misoprostol que Aid Access estaba enviando no estaba aprobada por la FDA. Eso no detuvo a Aid Access, que ha seguido recetando el mismo medicamento a pacientes en EE. UU.
Susan B. Anthony List, un grupo nacional que apoya a los candidatos políticos que impulsan las restricciones al aborto, dijo a PolitiFact que "apoyará firmemente la legislación y los candidatos que busquen restringir el acceso a las píldoras abortivas".
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La anulación de Roe y las nuevas leyes estatales plantearán problemas legales
Hay muchas cuestiones sin resolver sobre la responsabilidad de las personas que envían medicamentos desde otro estado para que los consuma una mujer en un estado donde están prohibidos, dijo Priscilla J. Smith, directora del programa de Estudio de Justicia Reproductiva de la Facultad de Derecho de Yale.
"Hacerlo dependerá de si la ley de un estado se aplica a la conducta fuera del estado", dijo Smith.
Kimberly Mutcherson, co-decana de la Facultad de Derecho de Rutgers y experta en justicia reproductiva, dijo que si los estados quieren castigar a los proveedores de otros estados por enviar píldoras por correo, "tendrán que poder identificar al vendedor y obtener jurisdicción sobre ellos, lo que también podría ser difícil en la medida en que las personas podrían enmascarar sus identidades o podrían estar operando en el extranjero".
Los fiscales también tienen discreción cuando se trata de decidir qué casos procesar.
Tras la aprobación de leyes en numerosos estados que restringen el acceso al aborto, decenas de fiscales locales y generales firmaron una declaración a través de un grupo llamado Fair and Just Prosecution en 2020 en la que se comprometieron a no enjuiciar a las mujeres que obtienen abortos ni a los profesionales de la salud que las asisten. Pero también es posible que algunos fiscales prioricen esos casos.