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Por Kevin Collier - NBC News
Aplicaciones para registrar la menstruación, datos de localización, historial de búsquedas, mensajes de texto: existe una montaña de información digital que preocupa a defensores de la privacidad de los usuarios pues temen pueda ser usada por las autoridades en estados donde se ha prohibido el aborto.
Pero no todas las amenazas son iguales. Expertos legales están trabajando en interpretar el conjunto de leyes estatales sobre el aborto y cómo el rastro digital puede ser usado para perseguir causas criminales en relación a estos procedimientos.
Mucho de lo que es legal o no todavía es confuso, pero casos penales en los que se utilizó información digital en la acusación ofrecen un indicio de cómo las autoridades podrían proceder.
Internet está lleno de alertas que advierten que los datos digitales sobre salud, como las aplicaciones para monitorear la menstruación o el mapa de Google que muestra que alguien visitó una clínica de Planned Parenthood, podrían usarse en tu contra en un caso penal, pero los expertos que han estudiado procesos en los que se enjuició a alguien por crímenes relacionados a un aborto aseguran que esos temores podrían estar infundados.
Información digital e intención
En los pocos casos en los que alguien ha sido acusado, las autoridades se han centrado en la evidencia de que esa persona, de manera informada, llevó a cabo un crimen relacionado al aborto. Una aplicación que registre los períodos menstruales a lo sumo puede indicar que una mujer estuvo embarazada y luego dejó de estarlo, lo cual se queda corto al demostrar que se realizó un aborto.
Los fiscales usualmente persiguen el rastro digital que se obtiene al analizar el teléfono inteligente de una persona. Eso incluye mensajes de texto, correos electrónicos e historiales de búsqueda que demuestran que alguien indagó sobre el aborto, explicó Cynthia Conti-Cook, becaria de la Fundación Ford que realizó una investigación sobre evidencia digital usada en juicios por abortos.
Bucear en internet cómo abortar no es ilegal, pero los estados han usado esos registros como evidencia de intención en casos contra personas acusadas de practicarse un aborto ilegal.
“Un fiscal siempre necesitará pruebas de la intención”, aseguró Conti-Cook. “Mientras no tengamos protecciones robustas para la autoincriminación digital, nuestros dispositivos harán el trabajo de contarle a las autoridades qué pasaba por nuestra mente al ser acusados de una conducta vinculada a la interrupción de un embarazo”, indicó.
Nuestros dispositivos harán el trabajo de contarle a las autoridades qué pasaba por nuestra mente al ser acusados de una conducta vinculada a la interrupción de un embarazo"
Cynthia Conti-Cook becaria Fundación Ford
Eso significa que casi cualquier forma de comunicación digital podría convertirse en evidencia, aunque no toda es obtenida fácilmente por las autoridades a través de peticiones oficiales o citaciones. Los investigadores pueden acceder a información que no esté encriptada pero solo pueden ver mensajes cifrados de extremo a extremo, como aquellos enviados en aplicaciones como Signal, entrando directamente desde el dispositivo de una persona.
Aplicaciones para registrar la menstruación
El tipo de información que estas aplicaciones almacenan no ha sido prioridad para los fiscales, pero algunas de ellas rastrean los datos de salud de forma más segura que otras y es imposible predecir con certeza todas las formas en las que las autoridades puedan usar información sensible para acusar a alguien.
Muchas aplicaciones que sirven para monitorear el período menstrual guardan los datos en un servidor central. Eso permite a las autoridades y a hackers malintencionados saber exactamente adónde recurrir para obtener la información de los usuarios.
Algunas aplicaciones dicen que los perfiles de sus pacientes son anónimos pero usualmente se puede revertir ese tipo de tácticas. Otras como Period Plus de Flatcracker Software almacenan toda la información en el teléfono del usuario.
Píldoras abortivas
Las píldoras para abortar plantean una de las preguntas legales más complicadas hasta ahora.
Las leyes antiaborto suelen criminalizar a quienes practican el procedimiento — los proveedores — no a quienes lo reciben, explicó Elizabeth Nash, analista de políticas estatales del Instituto Guttmacher, una organización sin fines de lucro dedicada a la salud reproductiva.
Aunque eso puede dar cierta protección a quienes busquen un aborto por su cuenta, algunos estados tienen leyes en contra de quienes se practiquen uno y puede ser ilegal para alguien ordenar y tomar la píldora sin una consulta médica formal, advirtió Nash.
Pero, a diferencia de algunas farmacias internacionales en línea, las píldoras adquiridas a través de Aid Access, una clínica internacional, no deberían calificar como autoadministradas porque primero requieren una consulta virtual con un profesional médico, aseguró Elisa Wells, cofundadora de Plan C, una organización sin fines de lucro que se dedica a compartir información legal sobre cómo pedir píldoras abortivas.
Al final, no creo que hoy tengamos protección si las autoridades tienen una orden para obtener datos de las clínicas"
Sara Geoghegan Privacidad Electrónica
“No es un aborto autogestionado”, aclaró Wells. “Hay una consulta con un médico, hay una consulta con un profesional. Se hace en línea. El doctor te da una receta y la receta se envía a una farmacia en línea autorizada”, agregó.
Hasta ahora, residentes de los 50 estados pueden pedir la píldora en línea, y que la mayoría de estas sean de origen internacional ofrece una especie de barrera legal. Las autoridades de un estado podrían citar a una de estas farmacias virtuales o clínicas internacionales para todas las usuarias en su estado, pero esas compañías no necesariamente deben comparecer.
Datos y ubicación
Por ahora ninguna ley estatal prohíbe a las personas que viajen de un estado a otro para abortar.
Eso significa que las autoridades no podrían requerir datos relacionados a la ubicación en un caso fuera de ese estado, ya que no habría un cargo por el cual procesar.
Pero una persona a quien se le acusa de abortar en un estado en el que es ilegal podría recibir una citación para obtener esa información. En años recientes las cortes han aprobado órdenes de geolocalización que requieren a empresas tecnológicas o de telecomunicaciones, que rastrean la ubicación de sus usuarios, que identifiquen a todos los que estaban en un área designada en un momento específico.
Salud y datos de hospitalización
Hospitales y otros centros de atención rastrean información importante de sus pacientes. Aunque hay regulaciones federales sobre cómo almacenan esos datos, como la Ley de Contratación y Responsabilidad en los Seguros de Salud (HIPAA, por sus siglas en inglés), no está claro si evitarán que trabajadores de la salud entreguen información sobre abortos a las autoridades en un mundo post-Roe, aseveró Sara Geoghegan, becaria de derecho en el Centro de Información sobre Privacidad Electrónica.
“Es complicado porque la gente piensa que la HIPAA protege más de lo que lo hace en realidad. Al final, no creo que hoy tengamos protección si las autoridades tienen una orden para obtener datos de las clínicas”, afirmó Geoghegan.
Eso significa que sería posible para los fiscales exigir las notas de doctores o enfermeros sobre lo que una paciente contó sobre su estado de embarazo. Aunque parece poco probable que las autoridades pudieran realizar una pesquisa de todos los récords de un hospital en el que una paciente haya mencionado un aborto.
“Una de las normas para una orden penal es tener una duda razonable y eso puede ser muy amplio, pero honestamente no sé cómo puede desarrollarse eso”, admitió.