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La corte de apelaciones se muestra escéptica a mantener el libre acceso a la píldora abortiva mifepristona

El panel de tres jueces conservadores que escucha argumentos a favor y en contra de la píldora podría emitir un fallo en cualquier momento, pero es probable que una de las partes apele ante la Corte Suprema.

Por Dareh Gregorian y Tom Junod - NBC News

Los jueces federales que escucharon este miércoles los argumentos en la disputa sobre el acceso a la mifepristona, la píldora abortiva más utilizada en Estados Unidos, cuestionaron la postura del Gobierno de que el fármaco debe mantenerse libremente accesible en el país.

La audiencia ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Louisiana incluyó los argumentos del Departamento de Justicia y de la farmacéutica Danco Laboratories, así como del grupo de médicos y profesionales de la salud que se oponen al aborto.

Integrado por tres jueces conservadores, este tribunal recibió el caso después que la Corte Suprema declarara que el statu quo sobre la disponibilidad de la mifepristona debía mantenerse mientras transcurría el proceso de apelación.

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Una abogada del Departamento de Justicia que representa a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés), así como otra del fabricante de la píldora, argumentaron que no se debería reducir su acceso, alegando que la Alianza para la Medicina Hipocrática, el grupo que impugna la aprobación del fármaco por parte de la FDA, carece de legitimidad para hacerlo. Los jueces se mostraron escépticos y plantearon varias preguntas por ese argumento.

Dos de los jueces –Cory Wilson y James Ho– fueron designados por el expresidente Donald Trump, mientras que la tercera, Jennifer Walker Elrod, por el expresidente George W. Bush.

La abogada del Departamento de Justicia, Sarah Harrington, explicó al panel que los demandantes no tienen legitimidad porque los médicos preocupados por tratar a pacientes que han sufrido complicaciones por el medicamento podrían decidir no hacerlo por motivos religiosos o de conciencia.

Según ella, ninguno de los que declararon en el caso tuvo que practicar un aborto en contra de su voluntad. “Ver y tratar a pacientes no constituye por sí solo un perjuicio”, afirmó.

Los demandantes sostienen que la aprobación del fármaco en 2000 por la FDA fue “arbitraria y caprichosa” y debe ser revocada. Los jueces cuestionaron si la agencia actuó con diligencia antes de introducir cambios en los últimos años que hicieron más accesible el medicamento, y Ho preguntó a Harrington si la FDA acataría cualquier fallo que dictara el panel. “Por supuesto”, respondió.

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Jessica Ellsworth, abogada que representa a Danco Laboratories, criticó los testimonios de los médicos, señalando que la mayoría eran “afirmaciones no específicas y sin relación con hechos reales” sobre los casos en cuestión, incluso en algunos no estaba claro si las pacientes habían tomado mifepristona.

La abogada de los demandantes, Erin Hawley, insistió en que sus clientes sí tienen legitimidad y habían sido obligadas a ser “cómplices” de procedimientos abortivos, temiendo hacerlo de nuevo. Cuando se le preguntó si alguna intentó asignar los casos a otro médico, Hawley respondió: “No estoy segura”, y añadió que participar en el tratamiento seguiría afectándolas y sometiéndolas a un “daño irreparable”.

En general, Hawley se enfrentó a menos preguntas e interrupciones que las abogadas del Gobierno y Danco.

El fármaco abortivo mifepristona.
El fármaco abortivo mifepristona es el más usado para abortar en Estados Unidos.Phil Walter / Getty Images

La Alianza para la Medicina Hipocrática sostiene que la mifepristona no es tan segura como ha determinado la FDA. “El núcleo de los argumentos de los demandantes es que el dictamen de la FDA no se basó en pruebas científicas requeridas. La posición de la agencia — ningún tribunal es digno de comprobar el trabajo de la FDA– peca de arrogancia”, afirmaron los demandantes en una presentación judicial.

El grupo también sostiene que los cambios introducidos por la FDA en los últimos años –entre ellos permitir que el medicamento se envíe a pacientes por correo y ampliar el grupo de personas con derecho a recibirlo– deben ser revocados. Según Hawley la agencia “antepuso la política a la salud de la mujer” y es necesario poner freno al uso de la píldora.

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El panel de tres jueces podría emitir su fallo en cualquier momento, y es probable que haya una apelación ante la Corte Suprema. El caso inició en Texas, donde el juez de distrito Matthew Kacsmaryk se puso de parte de los demandantes en abril, suspendiendo la aprobación de la FDA a la mifepristona. Kacsmaryk, designado por Trump, citó “evidencia que indica que la FDA enfrentó una presión política significativa” para aprobar el medicamento hace más de dos décadas.

El Departamento de Justicia presentó una apelación de emergencia de la orden de Kacsmaryk ante el Quinto Circuito, argumentando que el fallo “puso patas arriba décadas de confianza al bloquear la aprobación de la FDA de la mifepristona y privar a pacientes del acceso a este tratamiento seguro y eficaz, basándose en la evaluación errónea del tribunal sobre la seguridad del medicamento”.

El Gobierno sostuvo que retirar la aprobación de un medicamento después de más de dos décadas causaría un revuelo en la industria farmacéutica. “Permitir que los demandantes impugnen la aprobación de la mifepristona tan tarde, después que el fármaco ha estado en el mercado durante más de dos décadas, sería profundamente perturbador”, argumentó.

En una sentencia de urgencia dictada el mes pasado, otro tribunal de tres jueces estipuló que, en esta fase del litigio, no debía revocarse la aprobación inicial del fármaco, pero coincidió con Kacsmaryk en que era probable que los demandantes se impusieran en sus otras peticiones, como la de anular la disposición sobre el envío por correo y recetar las píldoras a mujeres de hasta 10 semanas de gestación, en lugar de siete.

La Corte Suprema intervino el 21 de abril, declarando que el statu quo debía mantenerse hasta que se resolviera el proceso de apelación en el Quinto Circuito, lo que significa que, por ahora, el acceso a la mifepristona es el mismo que antes de la sentencia de Kacsmaryk.

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En uno de los intercambios de opiniones durante la audiencia del miércoles, Elrod criticó a la abogada de Danco por lo que calificó de lenguaje inusualmente duro en uno de sus escritos ante el tribunal, en el que decía que la sentencia del juez de primera instancia era un “ataque judicial sin precedentes” a la toma de decisiones de la FDA.

“¿Cree que es apropiado atacar personalmente al tribunal de distrito de esa manera?”, preguntó Elrod. Ellsworth respondió que el comentario no pretendía ser un ataque personal.

Una persona protesta a favor del derecho al aborto mientras otras lo hacen en contra ante la Corte Suprema en Washington, DC, el 15 de abril de 2023.
Una persona protesta a favor del derecho al aborto mientras otras lo hacen en contra ante la Corte Suprema en Washington, DC, el 15 de abril de 2023.ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP via Getty Images

Los tres jueces presentes en la audiencia del miércoles tienen un historial de apoyar las restricciones al aborto, informó esta semana la agencia de noticias The Associated Press. Ho, por ejemplo, calificó el aborto de “tragedia moral” en un fallo de 2018.

La lucha sobre la mifepristona también involucra un caso judicial en el estado de Washington, donde un juez federal emitió el mes pasado una medida cautelar que prohíbe a la FDA “alterar el 'statu quo' y los derechos en lo que respecta a la disponibilidad de la mifepristona”.

Esa sentencia aplica a Washington D.C. y a los 17 estados de tendencia progresista que demandaron en febrero la normativa de la FDA sobre la píldora, alegando que era demasiado engorrosa.

El juez del caso, Thomas O. Rice, designado por el expresidente Barack Obama, emitió después una orden en la que especificaba que la agencia no puede hacer ningún movimiento para cumplir la decisión del Quinto Circuito en los estados afectados por el caso ante él, aumentando las probabilidades de un enfrentamiento ante la Corte Suprema.

La impugnación del acceso a la píldora ocurre después que el Tribunal Supremo anulara hace un año la histórica sentencia de Roe v. Wade, que garantizó el derecho constitucional al aborto durante 50 años.